Arrecife deja en el aire la solución para las casas de Titerroy en riesgo de caer

El 28 de julio de 2009 hubo que lamentar la fatal pérdida de Juan Luis García Díaz, al caerle encima el techo de su casa en el barrio capitalino de Titerroy mientras dormía. Días después hubo que desalojar varias viviendas, por temor a que se dieran más desplomes. En pleno otoño de 2022, siete inmuebles siguen cerrados, a expensas de que las administraciones sepan hallar el modo de hacer real el arreglo. En el caso del Ayuntamiento de Arrecife, este último viernes se decidió en sesión plenaria crear una comisión de trabajo, con presencia de los afectados, entre otros, en aras de ver cómo puede hacerse efectiva la ayuda de 350.000 euros a priori comprometida por el Gobierno de Canarias.

Tras la aprobación del acuerdo, entre los afectados, dispuestos a ser partícipes de un órgano ideado para presuntamente servirles de ayuda, quedó la sensación de que les queda mucho por aguantar aún, con temor a que de poco o nada servirá esta nueva comisión de trabajo. De portavoz, Ismael Montero, presidente de la asociación de vecinos: «El Ayuntamiento conoce cómo se encuentran las casas, ahora que han decidido crear una comisión, que no sea como la de investigación aprobada en pleno el 31 de mayo de 2021», aún pendiente.

Además, los vecinos tienen presente que desde 2017 las administraciones ignoran los gastos que cada mes soportan las familias obligadas a vivir de alquiler, compartiendo techo o pidiendo favores. Normal que se recele de todo lo que proceda de representantes públicos supuestamente interesados en brindar ayuda. Y natural que se padezca la situación con pesimismo, incredulidad, enfado, recelo y resignación.

Vivo ejemplo, Candelaria Díaz, la madre del joven fallecido en la desgraciada noche del 28 de julio de hace trece años. En el pleno, en apenas tres minutos, pudo dejar patente su parecer, en calidad de portavoz de todos los afectados. «Perdí a mi hijo y mi casa también; y no veo solución, es una injusticia. Nos han tenido engañados durante 13 años, estamos cansados de promesas», sentenció para luego rematar diciendo que «ya es hora de que nos den una solución, pero con la verdad; nos vamos a morir sin volver a nuestras casas otra vez».

Tras esta alocución fue el turno de los concejales. Hubo quien fue capaz de pedir perdón; hubo quien aprovechó para hacer repaso de cómo de mal han actuado las administraciones y hubo quien apostó por reclamar unidad de acción y actuación.

En el fragor de las intervenciones, la alcaldesa, Ástrid Pérez, dijo que estaba dispuesta a iniciar una huelga de hambre para defender los intereses vecinales, remarcando así lo avanzado antes del pleno en nota de prensa. Así será si no se llega a un entendimiento con el Ejecutivo regional. No hay un plazo definido.

En la nueva comisión, los afectados van a pedir que esté el senador, Manuel Fajardo Palarea.

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A la par que se celebraba el pleno, tuvo entrada oficial el escrito de renuncia de María Teresa Lorenzo, exconsejera canaria de Turismo, como concejala. Esta munícipe, del grupo de gobierno, militante de Coalición Canaria (CC), lleva un largo periodo con actividad laboral extremadamente reducida, por cuestiones médicas. La baja deberá ratificarse a priori en el pleno ordinario de final de octubre. A partir de entonces se podrá tramitar el acta de Cristina Calero.