Aplazado a 2023 el juicio de la licencia ilegal de 1.012 viviendas en Playa Blanca

Por ausencia de uno de los inculpados, el antiguo secretario municipal de Yaiza, Vicente Bartolomé, así como de su representación legal, por causa de fuerza mayor; el actual titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, Francisco Javier Bretones, decidió este lunes dejar para 2023 la vista para enjuiciar el caso Costa Roja, que guarda relación con la licencia presuntamente ilegal concedida en 2006, para facultar la construcción en Playa Blanca de 1.012 viviendas, 228 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje, en una promoción a cargo de Luis Lleó. Como afectados también están José Francisco Reyes, exalcalde sureño; y Antonio Lorenzo, en tiempos al frente de la Oficina Técnica de Yaiza.

Las diversas partes, tras analizar compromisos ya cerrados, decidieron que en principio esta vista acontezca el 7 de febrero.

Esta causa penal se originó en 2007, a consecuencia de una denuncia presentada por Carlos Espino, por estar la actuación municipal al margen del ordenamiento insular, entre otros conceptos. Por parte del Ministerio Fiscal se reclama para cada uno de los tres acusados una pena de tres años y tres meses de inhabilitación, como responsables de un supuesto delito de prevaricación administrativa; así como al pago de una sanción económica.

Por la acusación popular, este lunes representada por la letrada Cristina Duque, abogada en ejercicio que también ejerce como concejala socialista en Arrecife, se demanda de inicio una condena de año y tres meses de prisión para cada uno de los tres encausados, así como pena de inhabilitación de siete años, como responsables de un presunto delito de prevaricación continuada.

El proyecto presentado por la empresa Residencial Costa Roja, representada por Luis Lleó, tuvo registro en agosto de 2006. Contemplaba la construcción de 182.283 metros cuadrados, construidos en una parcela de 53.583 de superficie distribuidos en 45 edificios de dos plantas sobre rasante y una planta bajo rasante.

El alcalde en aquellos días dio luz verde a la licencia, actuando el Cabildo, que logró la paralización cautelar de las obras ya iniciadas. En fechas posteriores, no obstante, los trabajos se retomaron con el beneplácito local.

En los escritos de acusación consta que el entonces secretario y el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza en 2006 no advirtieron en sus informes oficiales de que el proyecto presentado no encajaba en la planificación municipal, ni en la ordenación del territorio vigente a nivel insular.

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Para intentar desbloquear la situación, el empresario implicado intentó sobornar a Carlos Espino; quien denunció la situación a la Guardia Civil, siendo esta actuación el origen del caso Unión, que saltó a la opinión pública en mayo de 2009, con numerosas implicaciones y penas. Luis Lleó resultó condenado a año y medio de cárcel por este intento de soborno, tras admitir los hechos.