La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana defiende que las alegaciones que se han presentado hasta ahora a la aprobación inicial de varios documentos vinculados al desarrollo de la parcela donde irá el Siam Park no impedirán que el trámite siga adelante. Así lo asegura el edil Samuel Henríquez, que dice hablar por boca de los técnicos municipales. «Me dicen que hay argumentos para desestimarlas».
Por lo pronto, hasta ahora el Ayuntamiento ha recibido alegaciones del Ministerio de Hacienda, el colectivo ecologista Turcón, la asociación Amaga (Alternativa Maga Nacionalista), Invesur Management SL, el colectivo ambiental Hay Tu Katanaha, un ciudadano a título particular y el letrado que en su día logró que los tribunales anulasen el Plan de Modernización y Mejora (PMM) de El Veril, Francisco Javier Betancor.
Improcedencia de seguir dada la sentencia del TSJC
Varias de estas entidades coinciden en advertir de la improcedencia de seguir con los instrumentos de desarrollo urbanístico de una parcela cuando el planeamiento que le daba cobertura, el PMM, ha sido anulado en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Aunque aún no es firme, sostienen que despliega efectos desde que fue dictada.
Además, el abogado Betancor Acosta advierte de afecciones ambientales y arqueológicas (alberga un cardonal-tabaibal y un yacimiento) e insiste en defender el derecho de propiedad sobre los terrenos de Hermanos Santana Cazorla en virtud de un contrato de 1985.
Falta el aval del 15% de los costes de urbanización
En ese sentido, sostiene que la iniciativa de gestión del PMM es nula al haberse tramitado como si solo estuviera afectado un propietario, apoya la tesis del Estado de su derecho al aprovechamiento lucrativo de su parte del solar (la vinculada al cauce público canalizado por Loro Parque), alega la caducidad de la licencia para la canalización del barranco, subraya la falta de aval del 15% de los costes de urbanización en el momento de presentar la iniciativa y la indebida monetarización del aprovechamiento urbanístico municipal, y advierte de que el proyecto de urbanización no está actualizado.
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