El TSJC suspende la tasa turística de Mogán apenas 24 horas después de entrar en vigor

La llamada tasa turística de Mogán ha estado en vigor apenas un día y medio. Un auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado la solicitud de suspensión de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, que rechaza la medida de cobrar 15 céntimos por noche y persona a quien pernocte en establecimientos del municipio. El auto ordena que se comunique urgentemente la resolución al Ayuntamiento de Mogán.

El gobierno local que preside Onalia Bueno explica en un comunicado oficial que «ha sido consciente en todo momento de que esta circunstancia podría ocurrir, por lo que, cuando la administración local sea correspondientemente notificada, comparecerá ante el juez o el tribunal en el plazo de tres días para realizar la defensa de la mencionada ordenanza y que las medidas cautelarísimas de suspensión puedan ser retiradas». Esta resolución no admite recurso alguno, pero sí alegaciones, que son las que presentará el consistorio.

El auto, fechado este 12 de marzo y del que ha sido ponente el magistrado Francisco José Gómez de Lorenzo Cáceres, accede a la petición de la FEHT pese a «ciertas importantes deficiencias» en la solicitud, pero entiende que el «peso de los argumentos» esgrimidos «en orden a justificar la especial urgencia concurrente en el caso, inclina decididamente la balanza» a favor de la promotora de este incidente judicial.

Según se recoge en la resolución judicial, los letrados de la FEHT pidieron la «suspensión inaudita parte» de la ejecutividad de la ordenanza argumentando, «resumidamente, que durante su elaboración el Ayuntamiento cometió innumerables irregularidades», tantas y de tal calibre que las entienden «determinantes» para considerar «la nulidad radical de la disposición».

A juicio de la FEHT, está «repleta de términos que considera ora confusos, ora ininteligibles, hasta el punto de convertir en tarea imposible la adecuada exacción del tributo, subrayando enfáticamente la especial urgencia que reviste el caso, la ausencia de perturbación grave para el interés público y, en fin, reclamando la aplicación al caso de la doctrina de la apariencia de buen derecho, así como la del 'perículum in mora' (peligro de demora)». Esto es lo que dice la FEHT y que el magistrado reproduce en su auto, porque la patronal declinó este miércoles hacer declaraciones y dejó todo el protagonismo informativo a la resolución judicial.

Básicamente, la patronal alegó ante el TSJC que la entrada en vigor de esta nueva ordenanza en Mogán, que se aprobó el pasado 28 de febrero y empezó a aplicarse este martes, implica imponer por una «norma infralegal» una «carga improcedente y desproporcionada» a un «amplísimo número de afectados».

Además, reprochan los empresarios que con esta normativa se les «está exigiendo un esfuerzo desmedido y una compleja tarea de información y documentación de muy difícil cumplimiento, lo que atenta contra el principio de proporcionalidad y de minimización de costes indirectos en el establecimiento y exigencia de obligaciones formales de dimensión constitucional y reconocimiento legal».

Para colmo, siempre según recoge el magistrado en el auto, señalan los «perniciosos efectos» que tendrá para los establecimientos turísticos de Mogán, en beneficio de otros destinos que compiten con ellos, a lo que añaden, en caso de que se estime al final el recurso, que «jamás podrán recuperar» el dinero que aportarán al Ayuntamiento en cumplimiento de esta ordenanza.

Esta tasa turística, formalmente llamada de Servicios y Realización de Actividades Derivadas de la Acción Turística y la Obligación de Sostenibilidad, afecta a 29.368 plazas alojativas operativas en Mogán, que se reparten entre 35 hoteles, 67 complejos de apartamentos y más de 2.800 viviendas vacacionales. El primer plazo de pago se abría del 1 al 20 de abril. Salvo que prosperen las alegaciones del Ayuntamiento, queda aplazado.

Frente al perfil poco político de las primeras declaraciones de la alcaldesa de Mogán tras la suspensión cautelar de la ordenanza, la oposición sacó pechó este miércoles ante el auto y subrayó que les da la razón. Siempre dijeron que compartían el fondo, pero no la forma. Entendían y entienden que esta tasa es en realidad un impuesto y un ayuntamiento no tiene competencias para crearlo.

El edil de NC, Juan Manuel Gabella, se felicitó y felicitó a la FEHT por una resolución judicial que, a su juicio, «marca el camino». Insistió en que la ordenanza que regula este gravamen es «una locura, ciencia ficción administrativa» y cargó contra «la decisión caprichosa» de Bueno, a la que reprocha que desoyese su petición de retirar la propuesta. «No ha hecho caso a ninguna de las advertencias de NC», se quejó. «Le dijimos que hay sentencias del Tribunal Supremo que se refieren a la imposibilidad de crear artificiosamente nuevos hechos imponibles e informes del Ministerio de Hacienda que confirman que lo que debe aprobarse es un impuesto, autonómico o nacional, que grave las pernoctaciones».

Artemi Artiles, edil del PSOE, subrayó que el auto prueba lo que siempre sostuvo, que «este experimento no es una iniciativa pionera, sino que convertirá a Mogán en conejillo de indias» para el resto de municipios, eso sí, «a costa de los impuestos de los moganeros, que son los que costearán este proceso judicial». Artiles tiende otra vez la mano a la alcaldesa para que reme junto al PSOE en el Parlamento y sume fuerzas para pedir que se cree un impuesto que compense a Mogán por el impacto que genera el turismo.

La tasa turística de Mogán entró este martes en vigor entre el rechazo y la incertidumbre de las empresas del sector. Según la iniciativa, ahora suspendida cautelarmente por el TSJC, todo el que se aloje en un hotel, un apartamento o una vivienda vacacional de Mogán deberá abonar una tasa de 15 céntimos por persona y noche.

La pagará el turista, pero quien se la abonará al Ayuntamiento será el establecimiento y su radio de impacto afecta a 29.368 plazas de 35 hoteles, 67 complejos de apartamentos y más de 2.800 viviendas vacacionales.

Empresarios consultados por este periódico señalaban su preocupación por el impacto que pudiera tener esta medida entre sus clientes en la medida en que la mayoría lo son de larga estancia. También los hoteleros miran de reojo la reacción que esta tasa suscite entre los turoperadores. Aunque lo habitual es que los establecimientos trabajen con estos emporios con precios cerrados y pactados con antelación, no les parecería descabellado que se plantasen, se opusiesen a cualquier otro cobro a sus clientes e hiciesen repercutir este pago en los propios hoteles o complejos de apartamentos.

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