«Solo pido una solución para poder entrar y salir de mi casa»

Si nada lo remedia, tres familias de Lomo Bristol, un pequeño barrio de Telde, una de ellas con un menor a su cargo, se verán expuestas a un dilema inaudito: o eligen encerrarse en sus casas, como si fueran jaulas, o se quedan fuera, literalmente en la calle, porque no podrán volver a entrar. La ejecución de una sentencia, ya firme, les obliga a tapiar las puertas y ventanas de sus viviendas, lo que, en la práctica, les desahucia de sus propias casas, porque las convierte en inhabitables. Son 10 los afectados por esta controversia.

Ernesto (es nombre ficticio) lo tiene claro. «Es que me quedo sin nada, no me puedo ir; si me van a venir a cerrar, no voy a salir de mi casa, lo tengo claro, me quedo dentro porque es lo único que tengo». Vive con su mujer y un hijo en una vivienda que se construyó en una finca de su madre hace 33 años, pero cuyo único acceso, un gran portón de garaje, da a una parcela ajena, uno de cuyos propietarios les denunció.

Esa es la clave del problema. Ernesto, de 51 años, y dos de sus hermanos, Rosa, de 64, y Ricardo, de casi 60 (también nombres ficticios), edificaron en suelo de su propiedad, en la parte de atrás de la vivienda de su madre, cuya fachada sí da a la calle Palafox, la vía principal de Lomo Bristol. En cambio, los accesos a sus casas los tienen a través del solar sin construir con el que lindan y que, dicho sea de paso, es propiedad de otra parte de la familia.

Ellos aseguran que lo hicieron porque junto a la línea de sus fachadas existía una servidumbre de paso, pactada de palabra entre su padre y el propietario de la parcela de al lado. «Mi padre tenía animales y plantaba donde ahora tenemos las casas y entraba por este camino», apunta Ernesto. Su hermana Rosa advierte, además, que también había una especie de canal o acequia, pero que ya no existe.

Lo cierto es que, como ellos mismos reconocen, de esa serventía no hay constancia en escrituras ni documentos similares. No en vano, la justicia les ha quitado la razón. Demandados por uno de los cuatro herederos de la parcela vecina, ganaron el caso en primera instancia, en una sentencia dictada en noviembre de 2016, pero la alegría les duró poco. La Audiencia Provincial revocó aquel fallo en marzo de 2017, dejó claro que la franja de terreno en litigio «es de dominio privado, no se trata de una vía pública y no está gravada por servidumbre de paso alguna ni por servidumbre de luces y vistas».

¿La consecuencia? La Audiencia ordenó el cierre de la totalidad de los huecos abiertos en sus casas que dan al solar aledaño, puertas, ventanas y voladizos en azoteas. Además, de no hacerlo, resolvió que serían cerrados a su costa. También les impedía usar el terreno del vecino, tanto para caminarlo a pie como para aparcar sus vehículos.

El demandante no tardó en instar la ejecución de la sentencia y los demandados se opusieron, en primera y en segunda instancia, pero las dos veces se les denegó. Entienden los magistrados que no cabe oponerse a la orden judicial de cierre de puertas y ventanas alegando los posibles perjuicios que puedan sufrir los afectados «al quedar sus inmuebles sin luces ni ventilación o sin posibilidad de acceder a las mismas». La máxima judicial es clara. «La resolución es firme y debe ser cumplida en sus propios términos».

Su última baza en los juzgados pasa entonces por apelar a la humanidad del juez o jueza de turno. El despacho de abogados que ahora les representa, regentado por Daniel Reyes, ha solicitado a la titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Telde «la inspección judicial y presencial de las viviendas por parte del juzgador». Dice Reyes que pretende que la jueza tome conciencia de la imposibilidad de ejecutar la sentencia «sin que se atrape a los vecinos en sus propias casas o se proceda a un desahucio».

¿Qué le piden a la jueza? «Una solución para que me dejen entrar y salir de mi casa, es que es mi casa, no estoy pidiendo nada», responde Rosa. Le quita el sueño lo que pueda sufrir el menor que tiene a su cargo, que, además, tiene problemas. Reyes dice que hace todo lo posible, pero confiesa que está difícil. Pilló el caso cuando estaba en ejecución de sentencia. Y Ernesto ya no sabe cómo resiste. Sufre de una delicada patología cardiaca que le pasa factura.

Lo han intentado todo, pero sin éxito. Exploraron, incluso, comprarle al demandante esa franja de metro o metro y medio de terreno de su parcela que necesitan para entrar a sus casas. También lo intentaron por el otro lado de las viviendas, pero el problema es el mismo: dan a parcelas de terceros. No se las venden.

Como último recurso apelan también al auxilio del Ayuntamiento de Telde. Justo delante de sus casas, en el trozo de terreno que está en litigio, el Plan General de Ordenación (PGO) en vigor pintó una calle, adscrita, por cierto, a la ejecución de una unidad de actuación.

Estas familias se preguntan: si el Ayuntamiento ha pedido a los juzgados paralizar desahucios, y lo logró, hasta encontrarles una alternativa habitacional a los afectados, ¿por qué no podría en este caso, ante la situación de vulnerabilidad a la que se verían expuestas estas tres familias, expropiar al demandante y ejecutar esa calle? En teoría, todos saldrían ganando.

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