Santa Águeda ve «injusto» quitarle el muelle a la cementera

La plataforma en defensa de la bahía de Santa Águeda manifestó este jueves en un comunicado su «firme oposición» a la reciente decisión de Puertos Canarios de no renovar la concesión del puerto de Santa Águeda a Cementos Especiales de las Islas (Ceisa), una resolución que consideran «injusta, sesgada y perjudicial para el futuro económico y social» de este núcleo.

De entrada, el colectivo aclara que el Plan Insular de Ordenación (PIO) «no establece en ningún momento la prohibición de continuar con el uso industrial del puerto», como, a su juicio, ha sido «interesadamente malinterpretado en declaraciones oficiales, generando confusión y justificando una decisión que claramente responde a otros intereses».

Para esta plataforma, el argumento de que el puerto será 'para el disfrute de todos los canarios' «es una falacia que no resiste análisis». Y se explican. «La intención real de convertirlo en un puerto deportivo limitará su uso a una elite con poder adquisitivo, como ya ocurre en instalaciones similares, por ejemplo, Pasito Blanco».

Creen que este cambio de uso del muelle «puede marcar el inicio de un proceso para transformar El Pajar en un enclave exclusivo para ricos, desplazando a los residentes y destruyendo el tejido social y económico» de su comunidad durante generaciones.

Al hilo de esta reflexión, estos vecinos denuncian «la influencia desmesurada del sector turístico en las decisiones políticas y económicas». Tienen claro que este sector «no solo busca maximizar sus beneficios a expensas de la industria, sino que también domina el discurso sobre qué es 'bueno' o 'malo'». En contraste, se quejan de la actitud del consejero regional de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, a quien reprochan que haya «ignorado reiteradamente» las solicitudes de reunión realizadas por la asociación vecinal.

«Este desprecio por las demandas ciudadanas representa una desconexión alarmante entre las instituciones y el pueblo, olvidando que el poder político emana precisamente de la ciudadanía a la que deben servir», añaden en la nota. «Resulta irónico que, con una habilidad sorprendente, el consejero haya conseguido desmontar un expediente elaborado durante mucho tiempo, con informes detallados de cualificados técnicos especialistas en la materia, para sustituirlo por el informe de un enfermero».

Además, cuestionan lo que entienden como un doble rasero. «Mientras se persigue la clausura de Ceisa, se permite que un grupo empresarial turístico relevante en la zona opere con total impunidad, construyendo resorts en terrenos residenciales, privatizando espacios públicos y explotando instalaciones sin los permisos adecuados». Como ejemplo de esa privatización aluden a la plaza situada en el Sector 4, parcela o suelo 23, «actualmente limitada exclusivamente a los turistas que se alojen en ese resort».

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