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Un proyecto «completamente nuevo que no tiene nada que ver» con el que se estaba ejecutando y cuyas obras están paralizadas desde hace dos años. Esa es la propuesta que el alcalde de San Mateo, Alexis Ramos, ha presentado a los puesteros del Mercado Municipal y a los vecinos y que el Consistorio veguero quiere hacer realidad a partir de finales de este año 2024.
Con un plazo de ejecución de 24 meses y a la espera de contratar directamente con la empresa pública Tragsa la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la supervisión de los trabajos, el futuro Mercado Municipal será un edificio de acero corten, madera y piedra con tres terrazas y cafetería en la cubierta, ludoteca infantil y tres accesos distintos para los clientes, entre otras muchas dotaciones.
El presupuesto estimado de las obras es de 5,5 millones de euros, de los que el Gobierno de Canarias aportará 1,54 millones a través de una subvención ya aprobada y cuyo plazo de justificación ha ampliado otro año para que el Consistorio no pierda esta ayuda.
El resto del dinero saldrá de las arcas municipales, indica el primer edil, aunque el Gobierno municipal intenta que el Cabildo financie en parte las obras. De momento la corporación insular se ha comprometido a costear la redacción del proyecto y colabora con el Ayuntamiento para suscribir el convenio necesario para que Tragsa se haga cargo de todos los trabajos.
El alcalde destaca que el futuro Mercado Municipal, que en el mejor de los supuestos no estará operativo hasta los primeros meses de 2027, siete años después de iniciarse la obra, dispondrá también de cámaras frigoríficas para que los puesteros guarden sus mercancías, así como de un aula de formación para la celebración de cursos, catas, jornadas y otras actividades.
Las obras del Mercado Municipal se adjudicaron en octubre del año 2020 por 3,16 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. No obstante, el contrato no se firmó hasta noviembre de 2020, en diciembre se suspendió el acta de replanteo, hasta marzo de 2021 no se adjudicó la dirección y la coordinación de seguridad y no fue hasta abril de ese año cuando se iniciaron, paralizándose en abril de 2022 ante la necesidad de modificar el proyecto, cuyo coste se elevaba ya a 3,8 millones.
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