El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha pagado 62.467 euros al exsecretario municipal Marcelino López Peraza por un complemento específico que se le dejó de abonar entre agosto de 2019 y noviembre de 2021, cuando la corporación lo declaró en situación de jubilación. Incluye los intereses generados por estos atrasos hasta noviembre de 2023.
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Este gobierno, presidido por Marco Aurelio Pérez, culmina así un trámite que ya dejó encaminado el ejecutivo anterior y que, previsiblemente, tiene un recorrido similar para los otros dos altos funcionarios que se vieron perjudicados por la reducción de sueldo: la actual interventora, Tania Naya, entonces tesorera, y el jefe de la Policía Local, Isidro Armas.
El reconocimiento del emolumento que debió cobrar y no cobró es fruto de la revisión de oficio que impulsó el gobierno anterior de Conchi Narváez para anular dos decretos de 2019, uno de Alcaldía, de junio, y otro del edil de Recursos Humanos, de agosto, que, en un intento de hacer cumplir tres sentencias, resolvieron retirarle un complemento específico bruto A1 que se le abonaba en su salario.
Dictamen del Consejo Consultivo
En marzo de 2023, Narváez, quien, además, ejercía también las funciones de edil de Recursos Humanos, concluyó ese expediente de revisión de oficio de acuerdo a un dictamen vinculante emitido al efecto por el Consejo Consultivo de Canarias y declaró la «nulidad de pleno derecho» de aquellas dos resoluciones administrativas de 2019, de ahí que ahora se ordene devolver el dinero que debió haber percibido.
¿Y por qué eran nulos aquellos decretos? Porque, a criterio de juristas municipales y del propio Consultivo, ni Alcaldía ni Recursos Humanos eran los competentes para adoptar aquella decisión. Las tres sentencias afectaban a un acuerdo adoptado en un pleno de abril de 2016, por lo que debió ser también un pleno el que tomase conocimiento de ellos y procediese a ejecutarlas.
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Las sentencias anularon una modificación presupuestaria de 2016
En aquella sesión de 2016 se aprobó definitivamente un expediente de modificación presupuestaria con transferencias de crédito entre aplicaciones de gasto de distintas áreas, así como sus bases de ejecución y el anexo de personal. Los tres fallos anularon aquel acuerdo por vulneración de procedimiento dada la falta de negociación que exige el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público en la medida que afectaban a los funcionarios y no solo a los tres a los que se les aprobó el complemento.
Al quedar anulada la modificación presupuestaria que hizo posible el incremento salarial, Marco Aurelio, en una de sus últimas decisiones como alcalde en el mandato 2015-2019, tomó conocimiento de las sentencias, y el edil de Recursos Humanos del nuevo gobierno, Alejandro Marichal, las ejecutó.
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Los decretos de 2019 «se extralimitaron» al afectar a los tres salarios
El decreto por el que Narváez en 2023 anuló los dos decretos anteriores de 2019 advierte además de que no solo con ellos se incurrió en causa de nulidad porque adoptaron una decisión para la que no eran competentes, sino porque «implicaban una extensión indebida de los efectos de la nulidad declarada por las sentencias».
Según esta tesis, aquellos fallos afectaban exclusivamente a la modificación presupuestaria, y por un defecto de forma, pero no declaraban la nulidad del abono mensual de los complementos específicos.
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