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No hubo giros de guion ni fugas de voto. El consejo de administración de Puertos Canarios, organismo dependiente del Gobierno de Canarias que preside el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, rechazó este miércoles la solicitud de prórroga del periodo concesional y el otorgamiento de un nuevo título a Cementos Especiales de las Islas S.A. (Ceisa) para la ocupación del dominio público del Puerto de Santa Águeda, según reza textualmente el comunicado oficial. La empresa insiste en que la decisión es «arbitraria», «contraria a derecho», y, por tanto, «ilegal», según expresiones de su coordinador general, Claudio Piernavieja, y anuncia una larga batalla judicial.
La aprobación de la resolución denegatoria, sin ningún voto en contra y con cuatro abstenciones, entre ellas, de representantes de la Confederación Canaria de Empresarios, se produjo «tras el análisis del informe del director gerente, avalado jurídicamente». Esta fue la escueta explicación que dio Puertos Canarios para justificar la decisión adoptada respecto a un expediente que ha motivado pronunciamientos plenarios, dio lugar a una comisión interdepartamental en el mandato anterior y ha propiciado la constitución de una plataforma popular a favor de que Ceisa siga en el muelle.
No en vano, la reunión se celebró con una ruidosa protesta en la calle de 120 personas, entre trabajadores de la cementera y vecinos de El Pajar, barrio de San Bartolomé de Tirajana donde están el puerto y la fábrica.
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El informe al que alude la nota, firmado por José Gilberto Moreno, director gerente de Puertos Canarios, y fechado en agosto pasado, concluye que no concurren los requisitos fijados en la normativa vigente «para aplicar el régimen extraordinario de ampliación de la concesión del Puerto de Santa Águeda por no existir vinculación ni instrumentalidad entre la concesión portuaria y la actividad extractiva amparada en la concesión minera». La fábrica de cemento, que opera en el puerto desde 1957, pidió seguir en el muelle otros 25 años.
Diego Urda
Portavoz del comité de empresa de Ceisa
El dictamen choca de frente con la argumentación de Ceisa, que sí vincula ambas concesiones. Dado que estaba próximo el vencimiento del permiso para ocupar el muelle, Ceisa solicitó en 2021 una nueva concesión para el puerto que entiende que estaba amparada por otra concesión administrativa, en este caso, de explotación de recursos mineros de una cantera próxima al muelle. Ceisa pidió igualar el plazo de esa nueva concesión portuaria al que se le dio para la minera, fijado hasta 2046, pero el informe del director-gerente se lo ha informado desfavorable.
Mariano Trujillo
Plataforma Salvar la Bahía de Santa Águeda
¿Por qué no hay vinculación? Porque, según ese dictamen, «ni en la solicitud ni en el expediente administrativo consta relación o conexión directa de la concesión portuaria con la minera ni su carácter instrumental». Constata que el mineral (puzolana) que Ceisa extrae de la cantera 'no tiene salida' a través del puerto, por lo que esa infraestructura no resulta «esencial e imprescindible» para la comercialización y exportación del mineral ni, por tanto, para la viabilidad de la concesión minera. Añade el informe que la puzolana extraída es tratada y transformada en una fábrica propiedad de Ceisa que está en un solar privado, fuera del dominio público y no sujeta a concesión administrativa, a donde se traslada desde la cantera por transporte terrestre, no vía puerto, por lo que, concluye, no cabe vincular una concesión portuaria a la minera.
El consejo no solo denegó este miércoles la solicitud de Ceisa, sino que, según se informó en el comunicado emitido por Obras Públicas, consejería de la que depende Puertos Canarios, mostró también su «rechazo unánime a las presiones externas recibidas para tratar de condicionar el sentido de su voto». Se refería a la carta que días atrás mandó Ceisa a los 31 miembros del consejo en la que les advertía de las «circunstancias procedimentales irregulares» del expediente y que motivó otra carta aclaratoria, esta vez de Puertos Canarios, en la que, entre otras cosas, les subraya que el informe del gerente «es prolijo en su motivación».
«Nuestra salida ahora es que decida un juez», reconoció este miércoles Piernavieja, minutos después de conocer la decisión de Puertos Canarios. En ese camino Ceisa no se marca límites. Una vez reciba la resolución denegatoria, la pondrá en manos de sus asesores para «ir a por todas a cualquier sede judicial». No descartan ninguna, tampoco la penal. En ese sentido, lanzó un mensaje a sus trabajadores. «Que no se rindan. Vamos a muerte a seguir luchando hasta el final, la empresa peleará por este derecho». Y deja claro que les podrán quitar el muelle, pero la fábrica no se irá.
«Estamos convencidos de que tenemos razón; nos están quitando un derecho sobre el que la administración no puede aplicar discrecionalidad y mucho menos arbitrariedad. Nos tienen que dar la concesión hasta 2046, no hay nada más que decidir», subrayó Piernavieja, que se reconoció presa de una sensación de «indignación y desasosiego» al ver cómo han cerrado un expediente de forma «tan arbitraria e ilegal».
El directivo de Ceisa recuerda que el «único informe desfavorable», el último, es del director gerente, «un cargo político» y advierte de que, pese a no estar sustentado «por un servicio jurídico o un cargo técnico, contraviene los 10 informes previos que eran favorables al otorgamiento y que sí estaban dentro de la legalidad vigente».
Es más, resalta otra particularidad. «Nos resulta muy extraño que los argumentos de este informe coincidan con los que siempre han esgrimido Propiedades Cordiales y la federación de hoteleros», las dos entidades que hasta ahora más se han posicionado en contra de que Ceisa siga en el muelle. Y lanza una queja en voz alta. «No merecemos seguir en manos del político de turno que decide el futuro de las 600 familias que dependen de nuestra actividad».
En línea con este planteamiento, Mariano Trujillo, de la plataforma Salvar la Bahía de Santa Águeda, dejó claro que el barrio se opone a que les quiten su idiosincrasia, que es lo que creen que pasará si sacan la fábrica de El Pajar. «Que no vengan a destruirnos y a quitarnos nuestro pueblo, como en Pasito Blanco».
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