Preocupación vecinal por el aumento de poblados ilegales en Santa Lucía

Vecinos de Santa Lucía de Tirajana muestran su preocupación por la proliferación de asentamientos ilegales con infraviviendas en las zonas conocidas como Casa Santa, en Pozo Izquierdo, y Cueva Laya, en la bajada de Bahía de Formas, donde residen centenares de personas.

La creación de estos poblados informales sin control está provocando inquietud ya que, aseguran, no cuentan con servicios básicos y por tanto ponen en riesgo su propia seguridad y salud. A ello se añade la generación de pozos negros por la falta de alcantarillado, convirtiéndose también en un problema medioambiental con condiciones insalubres que pueden ser un foco de propagación de enfermedades y generación de residuos sin control ni tratamiento adecuado, lo que aumenta el peligro para las personas y los menores que residen en el lugar.

Sostienen que hay riesgo hacia la vida y el bienestar general de quienes se ven obligadas a vivir en estos espacios por la falta de respuesta de las administraciones. Y es que, los asentamientos están construidos de manera improvisada, sin planificación y con estructuras de maderas y materiales no adecuados, convirtiendo la zona en un auténtico polvorín en caso de incendio u otro tipo de emergencia.

Por todo ello, piden la actuación coordinada de las administraciones, ya sea el Ayuntamiento o el Cabildo, ya que entienden que la intervención debe ser urgente para que se adopten las medidas necesarias y mejoren las condiciones de vida de las personas que residen en estas áreas, ofreciendo alternativas habitacionales, garantizando su bienestar, aportando seguridad y respeto al medio ambiente y evitando que estos poblados acaben como 'guetos' de exclusión social.

El concejal de Urbanismo de Santa Lucía de Tirajana, Leví Ramos, explica que en este tipo de asentamientos en suelo rústico de protección agraria no tiene competencias el Ayuntamiento, aunque en varias ocasiones han acudido agentes de la Policía Local, y que estos expedientes están pendientes de una resolución en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias al tratarse de un delito contra el territorio.

En el momento que este organismo resuelva y notifique a los moradores que deben abandonar el lugar y derribar las construcciones, la administración intervendrá a través de Servicios Sociales para conocer el caso particular de cada persona y buscar alternativas habitacionales.

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