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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de la capital grancanaria ha estimado parcialmente el recurso presentado por la adjudicataria de la obra de construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza de la Solidaridad del casco urbano de San Mateo contra la desestimación por parte del Ayuntamiento de la reclamación que le presentó en marzo de 2020 por el sobrecoste que soportó debido al aumento del plazo de ejecución derivado de «los importantes errores y omisiones del proyecto adjudicado».
El auto condena al Consistorio veguero al pago de casi 1,13 millones de euros a Obrascon Huarte Laín, 595.946 euros en concepto de indemnización por los costes indirectos sufridos como consecuencia del aumento del plazo de obra y otros 532.625 euros en concepto de gastos generales provocados a la constructora por el mismo hecho.
La adjudicataria reclamaba una indemnización por valor de casi 1,42 millones por los sobrecostes que soportó al llevar a cabo el proyecto contratado en octubre de 2017 con un presupuesto de 6,99 millones y un plazo de ejecución de 11 meses.
La obra debió acabar el 15 de enero de 2019, pero debido a las modificaciones que fueron necesarias no se terminó hasta el 26 de octubre de 2021, extendiéndose el plazo en 30 meses.
En contra de la pretensión de la constructora, el Ayuntamiento planteó que de la demora eran corresponsables la adjudicataria, el arquitecto redactor del proyecto y la propia Corporación.
A juicio de la Administración municipal, la responsabilidad de Obrascon Huarte Laín estaría en que no denunció la incorrección de lo proyectado en el acta de replanteo, evidenciando ello «ausencia de la diligencia debida». El auto expone, sin embargo, que tal argumento «no puede obtener pábulo judicial».
Para Alternativa por San Mateo (AxSM), partido de la oposición, la responsabilidad del aumento del plazo de obra del parquin de la plaza de la Solidaridad y del pago que tendrá que afrontar el Consistorio a la constructora es de Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), con mayoría absoluta en el mandato anterior.
Recuerda AxSM que alertó entonces de que la paralización de la obra y el cambio sustancial del proyecto, a tres plantas frente a las dos previstas en la licitación, iba a ocasionar un grave perjuicio a las arcas municipales.
«Ahora la Justicia condena al Ayuntamiento a pagar por este nuevo despropósito que tiene nombres y apellidos: el exalcalde, Antonio Ortega, y la actual alcaldesa, Davinia Falcón, concejala de Urbanismo cuando se ejecutó dicha obra», critica el partido de la oposición.
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