El parquin municipal de Hoya Viciosa, en San Mateo, no está sobre suelo público

El Ayuntamiento de San Mateo aprobó hace 17 años, en 2008, el proyecto de reparcelación del Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado (SUSO) Hoya Viciosa, encomendó en 2009 a su Sociedad Municipal de Gestión y Promoción Integral que contratase el proyecto de urbanización, cobró luego por anticipado las cuotas para ejecutar la urbanización a titulares de los terrenos, recibió en 2010 el proyecto de urbanización pero nunca lo aprobó ni ha ejecutado las obras.

Lo que sí hizo el Consistorio veguero en 2012, después de que Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan) se hiciera en las elecciones de 2011 con la mayoría absoluta y Antonio Ortega se convirtiera en alcalde, fue el aparcamiento de Hoya Viciosa, asfaltado sobre un espacio verde destinado al parque pendiente de crear dentro de las obras de urbanización.

El aparcamiento que la Justicia obliga a cerrar, aunque un recurso de casación lo retrasará hasta que sea resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), «no se hizo en una parcela pública, sino en varias parcelas resultado de la reparcelación iniciada a instancias de los titulares de los terrenos y contraviniendo las determinaciones del Plan Parcial».

Afectados directos por estos hechos se quejaron de la paralización del expediente en 2014, solicitando la ejecución del plan SUSO Hoya Viciosa y, ante el silencio como respuesta, en agosto de 2020 interpusieron un recurso judicial. Desde entonces la Justicia les ha dado siempre la razón pero hasta ahora no han conseguido que el Ayuntamiento acometa la urbanización y convierta el aparcamiento en un parque.

Así de claro lo expone la sentencia firme e inapelable de febrero de 2023 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital, que condena al Ayuntamiento a hacer las actuaciones tendentes a la aprobación y posterior ejecución del proyecto de urbanización.

Una diligencia judicial de ordenación posterior, del pasado noviembre, le condenó también a aportar el cronograma para cumplir la sentencia y le ordenó «la suspensión de toda actuación en el sector que no vaya encaminada a la ejecución material de las obras de urbanización de conformidad con el Plan Parcial del sector, concretamente ordenando el cese de uso de aparcamiento que se está desarrollando, por contravenir los términos de la sentencia dictada en el presente proceso de ejecución».

El Ayuntamiento recurrió esta diligencia solicitando que se autorice el uso del aparcamiento «hasta la adjudicación de las obras del proyecto de urbanización», alegando que registra una alta ocupación y que su cierre inmediato tendría un impacto negativo sobre los vecinos, pero reconociendo al mismo tiempo que debe cesar en el uso del mismo.

El aparcamiento, por el que el Ayuntamiento cobra los domingos y festivos, se asfaltó en 2012 con una subvención del Cabildo de 52.400 euros después de que el Consistorio allanara los terrenos y trasladara camiones y camiones de tierra hasta una finca particular ubicada en El Cardonal.

La alcaldesa, Davinia Falcón, espera que el TSJC estime el recurso de apelación que presentará el Consistorio antes del 27 de febrero, reconoce que la sentencia que ordena su cierre es firme y comenta que debido a la paralización de las obras de la nueva parada preferente de guaguas, los vehículos de transporte público usan el aparcamiento como estacionamiento.

El auto que ha resuelto el recurso de reposición del Ayuntamiento contra la diligencia de ordenación para acometer la urbanización de Hoya Viciosa es diáfano: «A la vista de los argumentos de la propia Administración, lo solicitado no puede ser concedido. La sentencia que se ejecuta se dicta en febrero del años 2023, por lo que en los dos años que han transcurrido ya debió haber cesado el uso del aparcamiento, y no podemos en modo alguno calificar ese cese de inmediato, ante el largo período de tiempo que ha transcurrido sin que se haya procedido a la ejecución del fallo. Lo solicitado, además, se opone al mismo, pues se pretende obtener una autorización para una actuación contraria al fallo de la sentencia objeto de ejecución».

Por lo expuesto, «no procede acceder a lo interesado por el Ayuntamiento, debiendo este cesar en toda actividad en el sector que no vaya encaminada a la ejecución material de las obras de urbanización», en concreto ordenando el cese de uso de aparcamiento».

Contra este auto de 5 de febrero, adelanta la alcaldesa, Davinia Falcón, el Consistorio presentará recurso de apelación ante el TSJC para intentar retrasar el cierre del que actualmente, es el principal aparcamiento del casco urbano. Explica también que se ha iniciado la contratación de una actualización del proyecto de urbanización, para la que hay ocho ofertas, y que el coste de la misma se encarecerá.

Los vecinos que abonaron su parte para que se ejecutara el Plan Parcial pagaron unos 50.000 euros, sostienen que les cobran «un IBI salvaje» y quieren saber cuándo se acometerá el proyecto de urbanización.

La alcaldesa dice que cerrar el aparcamiento antes de iniciar esas obras «no beneficia a nadie y perjudica a muchos» y desvela que el Consistorio ha contratado un nuevo abogado para este proceso: Adel Alberto Hawach.

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