Una orden judicial para el acceso a Hoya San Juan que acaba la IV fase de la GC-3

El Ayuntamiento de Arucas lamenta que una orden judicial haya paralizado la ocupación de una parcela por parte del Gobierno de Canarias necesaria para la finalización de las obras de la cuarta fase de la carretera de circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria (GC-3), en concreto para llevar a cabo el enlace y conexión

previsto a la altura del parque de bomberos.

El Consistorio norteño instará al Gobierno de Canarias a solicitar al juez «que actúe con celeridad y resuelva dicho conflicto judicial cuanto antes», instándole a primar el interés general por encima del personal, para no retrasar más la finalización de la una obra que afecta a miles de personas, vecinos de Arucas y de otros municipios, que transitan tanto por la GC-3 como por la carretera GC-20.

A través de una nota, el Ayuntamiento denuncia que el retraso en la terminación de esta obra de acceso y conexión perjudica especialmente a la entrada y salida de los vecinos del Charco y de la Hoya San Juan

«Nuestro municipio no puede ser otra vez el gran damnificado», señala el comunicado, que recuerda que «hemos sufrido los recortes en materia de carreteras en el pasado, que ya ocasionaron un atraso económico a muchos pequeños y medianos empresarios, y ahora nos toca volver a sufrir cuando estaba a punto de culminar la finalización del enlace y conexión a la altura del parque de bomberos».

El Consistorio destaca que en la inauguración, hace exactamente un año, de la unión de la GC-3 con la autovía del Norte (GC-2), «advertíamos que quedaban cuestiones sin resolver, las cuales afectaban al municipio en materia de mejora de infraestructuras viarias» y critica que un año más tarde sigan sin resolverse.

«Los vecinos de Hoya San Juan, El Charco y en definitiva de Arucas no nos merecemos esta situación», mantiene el Ayuntamiento.

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El comunicado también lamenta el retraso en la aprobación definitiva del Plan Territorial Parcial del Litoral del Norte por parte del Cabildo para alejar la carretera de las viviendas de los vecinos de San Andrés y «el peligro que conlleva» y para la recuperación de la unión física entre los núcleos poblaciones de Bañaderos y El Puertillo, también en la costa, con el soterramiento de la GC-2 a su paso por ellos.