Narváez: «Salgo satisfecha porque he podido aclarar algunas cosas»

La exalcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, salió este martes «satisfecha» de su declaración en sede judicial por el llamado caso del congreso del lujo, unas jornadas formativas celebradas en el municipio en noviembre de 2022, por cuya tramitación presentó una querella la Fiscalía Provincial. Se investiga la posible comisión de tres delitos: prevaricación, malversación y falsedad documental.

«Salgo satisfecha porque he podido aclarar algunas cosas», subrayó Narváez tras prestar declaración durante hora y media en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana. La hoy portavoz del PSOE en la oposición contestó a todas las preguntas que les formularon la magistrada titular, Raquel Lora, y la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos.

Narváez contó que hizo especial hincapié en dejar claro que la organización del I Congreso de Funcionarios de la Administración Local con Habilitación Nacional no se dio a dedo, por adjudicación directa, como dice que escucha mucho en la calle, sino que se hizo mediante un procedimiento con publicidad. Confía en que se acabe archivando también en el juzgado, como informó que ya pasó con el expediente que se abrió en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía Anticorrupción.

«Me queda la pena de que tras unos años duros, por la pandemia, un mandato difícil en el que he sido muy correcta y transparente en mi gestión, quedarte con un sello de que te gastas el dinero público en una fiesta para funcionarios no es nada agradable», confesó la exalcaldesa, justo antes de subrayar que no cambiaría su manera de actuar en este expediente. «Podía haber sido menos dinero, sí, podía haber sido más, también», subrayó.

La exregidora, que acudió arropada por varios concejales de su partido y por el presidente local de la formación, Carlos Álamo, dijo «creer en la justicia» y que se ha puesto a su disposición «para aclarar lo que sea necesario». Cree que no hay base para esta instrucción. «Para mí no, de hecho, lo he creído siempre, no hay nada que responda a ninguno de los delitos de los que nos acusan».

Además de la exalcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, que fue la única que dio declaraciones a los medios de comunicación tras salir de los juzgados, también comparecieron este martes el actual alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, el que menos tiempo tardó en declarar, y la interventora del ayuntamiento de este municipio, Noemí Naya.

Por falta de tiempo se aplazó la de su hermana Tania, interventora en San Bartolomé, pese a que estaba citada y acudió este martes. Comparecerá el 11 de junio. Los tres investigados no quisieron responder a las preguntas de la acusación particular.

Según fuentes judiciales, Narváez insistió en sus respuestas en defender que el procedimiento fue el correcto y aclaró que el expediente fue declarado urgente porque el dinero se perdía si no se gastaba antes del 31 de diciembre de aquel año. Además, apuntó que los detalles del congreso se consensuaron en un comité extraoficial de la organización por el que luego la fiscal preguntó a los otros dos comparecientes.

Tanto Narváez como García, en respuestas a la fiscal, compararon el coste de este congreso con otros eventos que se organizan en sus municipios, como los carnavales de Maspalomas o el seminario Comarcas Sostenibles, en un intento de probar por qué no les pareció excesivo el coste del congreso, que ascendió a 500.000 euros (400.000 los puso San Bartolomé, y 100.000, Santa Lucía). García sí apuntó el dato que de los 150 asistentes, el 90% eran canarios.

Por su parte, Noemí Naya justificó que el Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre sí podía, según sus estatutos, organizar el congreso, atribuyó al director artístico de Sonocom, la empresa adjudicataria, la elección de Dani Martín para el concierto previsto en el programa y confirmó que los ponentes no optaron por no cobrar tras el escándalo que se montó a nivel nacional.

La fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, se mostró este martes especialmente incisiva con los tres comparecientes, de quienes intentó recabar respuestas respecto a las supuestas irregularidades que ha advertido en el expediente.

Entre otras cosas, según fuentes judiciales, preguntó si al final es cierto que tomaron como referencia el congreso que en junio de aquel año organizó en Murcia el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital), cómo es que el coste se les fue hasta los 500.000 euros cuando el de Cosital salió por 73.000. Y también se interesó por quién decidió traer a Dani Martín porque duda de que Sonocom pudiera contratarlo con tan poco margen, en las pocas semanas entre la firma del contrato y el congreso.

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