Narváez defiende la legalidad de su actuación en el 'congreso de lujo'

En relación a la denuncia interpuesta por el miembro de Coalición Canaria, Alejandro Marichal, ante la Fiscalía del TSJC, argumentando la supuesta comisión de diferentes delitos (prevaricación administrativa y malversación de caudales público) a mi persona, como alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana y a otros cargos públicos, es mí deber aclarar que:

El primer lugar, que mis actuaciones como alcaldesa se han ceñido en todo momento, de forma estricta, dentro de los márgenes de la legalidad en los preceptos relativos a la contratación de servicios, en este caso al Congreso Nacional de I Congreso Administración Local y Funcionarios con Habilitación Maspalomas- Santa Lucía 2022, (celebrado del 16 al 19 noviembre de 2022), tal como recoge la propia Ley de Contratos del Sector Público.

En segundo lugar, quiero significar que estoy a plena disposición de Fiscalía del TSJC y de cualquier otra instancia judicial para colaborar, aclarar y aportar toda la información que se me requiera, con la plena confianza y seguridad de la independencia del órgano judicial.

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No oculto el daño que esta denuncia ha provocado, tanto como cargo público y personalmente, pero de la misma forma quiero expresar mi rechazo contundente, al tiempo que sereno, a las maniobras de descrédito que ha emprendido el señor Marichal, lesionando una y otra vez mi imagen y mi trayectoria pública, con el único objetivo de exterminar a una contrincante política, valiéndose de la descalificación permanente, vulnerando así el principio constitucional de la presunción de inocencia.

Siempre he sido partidaria de dejar hacer y dejar trabajar a la administración judicial, evitando derramar la intoxicación para quebrar la imagen de cualquier contendiente y generar un rédito público a costa del uso de las malas artes. Y, por desgracia, esa es la estrategia emprendida hacia mí persona.

Reitero: Demos tiempo al tiempo. Dejemos trabajar sin presión alguna a la autoridad judicial competente para que dirima y resuelva este asunto desde el criterio legal.

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Desde la plena conciencia de que mi actuación, en este caso y en toda mi andadura como representante pública, ha estado ajustada a derecho y, de la misma forma, también desde el aspecto ético de mis decisiones, dentro y fuera de la administración pública, reitero mi plena confianza en las resoluciones judiciales.