La lucha de una madre por una enseñanza ordinaria para su hijo

Cecilia lleva más de un año luchando para conseguir que su hijo Ancor, que acaba de cumplir 8 años, pueda recibir una enseñanza ordinaria tras ser derivado a un Aula Enclave. Nació prematuro, con solo 24 semanas, lo que le ha provocado diferentes patologías desde entonces, pero no tiene trastornos de habla ni de movilidad, e incluso es bilingüe, ya que se expresa en español y rumano, al igual que su madre.

Explica que todos los problemas comenzaron en un colegio de Fuerteventura, el CEIP Agustín Millares Carló, isla en donde residía la familia hasta este verano, y que continúan ahora en el colegio donde ha matriculado al niño, en Arinaga. Sin embargo, Cecilia no achaca esta situación al nuevo centro educativo, sino a las diferentes incongruencias que ha tenido que pasar desde que tenía 5 años.

En Fuerteventura le hicieron el ABAS-II (Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa) sin consultarle a la familia, cuando su hijo tomaba una fuerte medicación para evitar crisis de epilepsia, que le afectaba al comportamiento y al rendimiento escolar, tal y como reflejan los informes médicos; además de un test WPPSI- II, la escala de inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria que arrojó que Ancor tiene un coeficiente intelectual de 47, algo totalmente incompatible con la autonomía y los conocimientos que tiene y con lo que dicen diferentes informes psicopedagógicos y de psiquiatría, detalla.

La madre asegura que la evaluación que le realizaron no tiene ningún sentido, ya que está elaborada para personas de entre 5 y 21 años. Y entre las preguntas para estipular su conducta está la de si es capaz de responder cuestiones complejas sobre política o sucesos de actualidad, algo impensable para un niño de seis años.

Cecilia destaca que de 237.000 alumnos de todas las etapas de Canarias en el año 2024, solo 1.738 están escolarizados en Aulas Enclave y centros especiales, y que uno de ellos es su hijo, que no tienen ninguna condición especial médica, pero que está obligado a seguir una forma de enseñanza diferente a la ordinaria por decisión unilateral de la administración.

Sostiene que la Consejería de Educación de Canarias pinta muy bonito las Aulas Enclave, a las que define como unidades de escolarización en centros educativos ordinarios, en las que se proporciona respuesta educativa al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Pero, en realidad, no es para nada así, afirma, porque a los niños del Aula Enclave se les ha apartado para no molestar la clase y poco se les integra. Insiste en que un niño que va a cualquier colegio de España tiene derecho a estudiar ciertas asignaturas, que supera o no y que lo llevan a crear, curso tras curso, una trayectoria académica. Si en segundo de Primaria se estudian 8 asignaturas, como Lengua, Matemáticas e Inglés, en el Aula Enclave su hijo solo tiene tres: autonomía personal y también social, y comunicación y representación.

Y es que asegura que un alumno que estudia en un Aula Enclave no tiene derecho ni siquiera a estudiar un ciclo después, porque la mayoría no tienen ciertas habilidades, pero se pregunta qué pasa con los que llegan ahí teniendo capacidades.

Su lucha le ha llevado a presentar diferentes quejas y recursos a la Dirección Territorial de Educación, que han sido todos denegados. El último mazazo lo ha tenido este mismo viernes. La justicia le ha denegado las medidas cautelares que pidió en el proceso judicial que ha emprendido para pedir que su hijo pueda tener una educación ordinaria con las medidas de apoyo que necesite para su adecuada inclusión. Solicitó esta medida ya que asegura que, de media, suelen tardar tres años en dictar sentencia, un tiempo que no quiere dejar pasar porque sería muy perjudicial para la educación de su hijo, ya que le impediría durante todo este tiempo aprender lo que aprende cualquier otro niño de su edad.

Cecilia ha visto cómo su hijo ha tenido un retroceso en su evolución desde que está en un Aula Enclave, ya que no puede vivir las experiencias que debería un niño de su edad por compartir aula con un grupo reducido de niños con diagnósticos y trastornos que él no padece.

Recalca que consta en su expediente académico falsos diagnósticos como discapacidad motora, discapacidad intelectual, retraso del lenguaje, TDAH y Trastorno Generalizado de Conducta (TGC) que no tiene diagnosticado médicamente, algo que han dejado claro informes del Servicio Canario de Salud tanto de Pediatría, Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría.

El último informe de Psiquiatría, emitido el pasado mes de septiembre, concluye, teniendo en cuenta la evolución del menor, que hay impresión de incongruencia entre los resultados del WPPSI-II con la exploración, que tiene rasgos TEA leves que no condicionan limitación ni diagnóstico, que tiene dificultades motrices en primer plano que se encuentran en rehabilitación, por lo que le da el alta.

La familia es consciente de que su hijo, en términos educativos, tiene necesidades especiales, pero no las que se ven reflejadas en la evaluación psicopedagógica de hace dos años, sino que serían Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar (ECOPHE). Estos problemas no derivan de una discapacidad, sino motivados por limitaciones socioculturales, por escolarización desajustada, por incorporación tardía al sistema educativo por condiciones personales de salud o funcionales.

Sin embargo, la decisión judicial de la Sala de lo Contencioso Administrativo da por buena opinión de la administración para salvaguardar el interés superior del menor, pese a la discrepancia de la familia, que solo pide que se revalúe su situación debido al retroceso que le ha supuesto cursar todo un año en un Aula Enclave y que ahora tendrá que seguir cursando un año más, hasta que en el próximo curso se vuelva a evaluar.

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