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El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 dejó ayer visto para sentencia el proceso iniciado por el recurso del anterior jefe de la Policía Local, Carlos Saavedra Brichis, contra el nombramiento definitivo de su sucesora, Carmen Delia Martín, quien asumió el cargo en agosto del año pasado después de que el recurrente fuera cesado a fines de 2019 por una pérdida de confianza. En el origen de este relevo se encuentra el informe-denuncia que emitió Brichis, en abril de 2019, sobre las incumplimientos de seguridad que se produjeron en la celebración el carnaval de ese año.
Buena parte del juicio que se celebró ayer para determinar si el nombramiento de agosto se ajustó a derecho, giró en torno al principio de jerarquía y si la nueva jefa, que es comisaria, puede encabezar un cuerpo policial cuando existe un mando superior, en este caso el funcionario cesado, que es comisario principal.
Tanto la defensa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como la de Carmen Delia Martín defendieron la correcta aplicación del artículo 18 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias en la elección de la comisaria. El articulado de esta norma señala que «la jefatura de la Policía Local será nombrada por el alcalde de entre los miembros de la escala superior de las Policías Locales en virtud del procedimiento de libre designación con convocatoria pública, de acuerdo con los principios de objetividad, mérito y capacidad».
10 plazas. La plantilla de la Policía Local tiene diez plazas en la escala superior: tres de comisario principal -una ocupada por Brichis; tres de comisario -dos ocupadas, una por Martín; y cuatro de subcomisario.
Pues bien, como en la escala superior de la Policía se incluye a comisarios principales, comisarios y subcomisarios, las defensas entienden que el procedimiento ha sido correcto. La directora general de la Asesoría Jurídica del Consistorio, Felicitas Benítez, indicó que «la resolución se ha ajustado a derecho y al sentido común» ya que hubiera sido «un dislate» nombrar como jefe de la Policía Local «a una persona que había sido cesada por pérdida de confianza».
La letrada que representa a Carmen Delia Martín añadió que la prevalencia del cargo superior se debe a una confusión entre empleo y puesto de trabajo. Así, indicó que el empleo de jefe de la Policía Local se cubre con las plazas de la escala superior.
Sin embargo, el abogado Alberto Hawach, en representación de Carlos Saavedra Brichis, entiende que desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se parte de una «interpretación interesada del principio de jerarquía», consagrado por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La defensa del funcionario cesado cree que lo que ha hecho el Ayuntamiento con el nombramiento de la comisaria como jefa de la Policía Local es «un dislate» porque catapulta a una inferior jerárquica -comisaria- por encima del puesto de comisario principal, destruyendo así la estructura y organización piramidal y jerarquizada que caracteriza a todo cuerpo de seguridad.
En este punto de su argumentación, Hawach detalló que la elección del jefe de la Policía Local no atiende únicamente al criterio de libre designación. «Si así fuera», expuso, «¿para qué se está tramitando un procedimiento administrativo de concurso?». Se refiere a la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para proveer la plaza de jefe de la Policía Local que, por cierto, ha sido recurrida por parte del comisario de San Bartolomé de Tirajana.
Entiende que si la elección de la jefatura solo dependiera de la libre designación entre la escala superior (comisarios principales, comisarios y subcomisarios), «no tendría razón de ser» impulsar el concurso. «Pretende crear una plaza más de comisario principal para poder elegir al jefe entre ellos», sentenció.
La colisión que genera la aplicación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias y la de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la hora de escoger al jefe de la Policía Local ha llevado al planteamiento al juzgado de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
La medida entiende que solo así se puede solventar el problema interpretativo que provoca el artículo 18 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias al señalar que el jefe será elegido entre la escala superior, esto es, entre comisarios principales, comisarios y subcomisarios.
Eso es lo que defiende el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero el jefe cesado entiende que esa determinación solo es aplicable cuando en la plantilla no estén presentes todas las escalas. Como esto no ocurre en la capital grancanaria, donde la Policía Local tiene a un funcionario con el máximo empleo -el de comisario principal que ostenta el jefe sustituido Carlos Saavedra Brichis-, el recurrente entiende que la selección de la comisaria Carmen Delia Martín Mederos no solo quebranta el carácter jerarquizado de la Policía Local que fija la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino también la propia Constitución española al prescindir de los criterios de objetividad que determina el máximo empleo en la escala superior.
En el juicio también se pusieron sobre la mesa otros argumentos como una supuesta violación de procedimiento cometida por el Ayuntamiento, que requirió a Martín que subsanara un error en su solicitud; o la supuesta falta de legitimidad de Saavedra Brichis para impugnar las bases del proceso de selección de la jefatura, ya que si se participa en el proceso selectivo, se aceptan las condiciones que rigen la selección.
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