Visto para sentencia el juicio por la devolución de 6.838 jornadas en Guaguas en el confinamiento

Este lunes quedó visto para sentencia el juicio fijado por la reclamación de 6.883 jornadas de trabajo que la dirección de Guaguas Municipales reclama a sus trabajadores.

La empresa demanda la devolución -en forma de horas extras y días de asuntos propios- de todas las horas que la plantilla no trabajó como consecuencia de la reducción de servicios que se produjo durante el confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, los trabajadores defienden que no deben devolver esas horas porque estuvieron en situación de alerta, a plena disposición de la empresa, para cubrir las bajas que se producían a causa del covid-19. «Hubo bastantes trabajadores a los que se llamó a las 11.30 horas para que se incorporaran a las 15.00 horas», explicó el abogado de la parte social, Javier Armas, quien aseguró que mientras permanecían en retén, los trabajadores no podían disponer de su tiempo libre con total libertad.

Durante la pandemia, la plantilla de 717 trabajadores (588 conductores-perceptores) se dividió en dos turnos y se fijó un cuadrante de servicio semanal, cuando lo habitual es que sea quincenal. Y si alguien de un turno se cogía una baja, un trabajador del otro lo sustituía.

Hubo días en los que se registraron más de ochenta bajas ya que aparte de los infectados porcovid, muchos empleados fueron dispensados por formar parte de los grupos de riesgo.

«Hemos pasado de la hora de los aplausos al personal sanitario, a policías, bomberos y trabajadores de Guaguas, a la hora de los escupitajos», expuso Armas.

El secretario del comité de empresa, Wolfang Alcántara, que ayer estuvo acompañado de una representación de los guagüeros en las puertas de la Ciudad de la Justicia, aseguró que «si se cobran de las horas extra, estamos hablando de dinero porque son el doble que las normales, al final todo tiene una repercusión económica para el trabajador».

Aunque desde la empresa no se quisieron pronunciar, en un vídeo emitido por el director general de la compañía, se explicaba que la demanda judicial se hacía porque expiraba el plazo legal para recuperar esas horas, «pero el ánimo de la dirección sigue siendo negociar».

Y se afirmaba que no se iba a «tocar el bolsillo a nadie» y que se hacía para evitar un agravio comparativo con quienes sí trabajaron.

La concejala no adscrita Carmen Guerra denunció que la reclamación de la dirección de la empresa «dejaría sin efecto el carácter extraordinario de esas horas». Para la edila de Unidos por Gran Canaria, lo que se produjo fue «una mala gestión y organización de los turnos de trabajo por parte de la empresa».

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