La (vieja) guerra de las tasas le cuesta a Las Palmas de Gran Canaria 7,3 millones

Los viejos litigios siguen pasando factura al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El Consistorio capitalino ha aprobado este lunes dos expedientes por los que se ordena el pago de 7,28 millones de euros a las empresas Canaricem y Emalsa con los que se salda parte de la deuda que la ciudad tiene reconocida con las dos mercantiles en virtud de diferentes resoluciones judiciales.

El primero de los casos es el referido al mantenimiento de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria. La suspensión de la tasa por parte del Ayuntamiento en el año 2007, un año después de su creación, ha venido provocando una cascada de reclamaciones por parte de la empresa concesionaria del servicio, Canaricem, que ha sido reconocida por los tribunales de justicia.

Diferentes sentencias han venido reconociendo que la suspensión de la tasa -que no siguió un procedimiento adecuado- ha ido generando a Canaricem un desequilibrio económico que debe ser enjugado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La Comisión de Gestión Económica-Financiera aprobó este lunes una modificación de crédito por valor de 4,68 millones de euros para poder abonar, entre otras cosas, la tasa de mantenimiento de los cementerios de los años 2020, 2021 y 2022, a una media anual de 1,4 millones de euros.

Lo que se debe a la empresa por este trienio es, en total, 4,27 millones de euros, pero en este caso, la modificación de crédito para Canaricem es de 3,8 millones de euros.

Ese dinero, que procede las áreas de Patrimonio, Parques y Jardines, y Salud Pública, se ingresará en el cajón que tiene asignado el área de Cementerios del Ayuntamiento de Las Palmas, que tiene una dotación económica de 1,61 millones de euros. Los centros gestores de los que se detrae el dinero informaron de «que se trata de cantidades no comprometidas de las que se puede disponer sin perturbación del correspondiente servicio», según consta en el expediente del Órgano de Gestión Presupuestaria.

De las tres sentencias que obligan a pagar los 4,27 millones de euros, dos adquirieron firmeza este año, mientras que la tercera fue dictada hace un mes y la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya ha indicado que no recurrirá la sentencia. Por tanto, adquirirá la firmeza en breve y obligará al Consistorio a pagar la cantidad reconocida por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4.

Aparte de los 3,8 millones de euros que van para Canaricem, la modificación de crédito de 4,68 millones de euros que se lleva al pleno de este viernes incluye otros 878.028,43 euros para comunicaciones postales.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria consignó en la partida prevista para este fin, dentro del Órgano de Gestión Presupuestaria, un total de 900.375 euros, pero ahora se tiene que aprobar un suplemento que eleva la consignación inicial en un 98%. Se reconoce que el crédito disponible era insuficiente y que se hace necesario la aportación extra «para el debido cumplimiento de las obligaciones formales en los procedimientos tributarios».

Con este nuevo dinero no está previsto que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retome la costumbre de enviar los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los buzones de los contribuyentes.

El modificado de crédito, por valor de 4,68 millones de euros, se nutre fundamentalmente de gastos previstos en bienes y servicios (2,3 millones de euros) y de inversiones reales (2,34 millones de euros).

La comisión plenaria también impulsó un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 3,01 millones de euros. Con este dinero, se trata de pagar a Emalsa por el tratamiento y transporte de los lodos procedentes de la depuración de aguas residuales y su depósito en el complejo ambiental de Salto del Negro. En concreto, se trata de pagar este servicio en el periodo comprendido entre enero de 2022 y junio de 2023.

Emalsa presta el servicio de saneamiento en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria desde febrero de 1998. En aquel contrato, y en una clarificación posterior, se estableció un coste y una forma concreta de gestión que fijaba un radio máximo de unos 10 kilómetros de distancia, desde las depuradoras, para el desplazamiento de los lodos resultantes de la actividad de la depuración de las aguas residuales.

Sin embargo, a partir de 2013, con el cierre temporal del vertedero de Salto del Negro, mientras se procedía a habilitar nuevos vasos, Emalsa se vio obligada a llevar los lodos a los vertederos de Juan Grande y Zonzamas, lo que le supuso un sobrecosto.

Además, desde octubre de ese mismo año de 2013, el Cabildo de Gran Canaria empezó a cobrar una tasa para el tratamiento de residuos, un gasto al que hizo frente Emalsa y que tampoco estaba previsto en el contrato firmado con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Esto ha provocado una sucesión de reclamaciones presentadas por Emalsa para conseguir del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el pago de las cuantías suficientes para permitir el equilibrio económico de la entidad, algo que ha sido refrendado por los tribunales.

Así, en enero de 2023, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya pagó a Emalsa 7,39 millones de euros por el traslado de los lodos desde diciembre de 2017 a julio de 2021. Lógicamente, el retraso en el abono genera el derecho a cobrar los intereses correspondientes, que para dicho periodo (diciembre de 2017 a julio de 2021) alcanzó los 690.094 euros. Hasta el pasado mes de julio, el Consistorio todavía no había pagado estos intereses.

Respecto a las facturas acumuladas desde agosto a diciembre de 2021, se ha impulsado también un expediente para el pago de 864.420,22 euros.

El siguiente periodo (enero de 2022 a marzo de 2023) es el que se bendice ahora con el nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito. Son un total de 2,49 millones de euros, que se detraen del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios. Aquí están incluidas un total de 18 facturas con importes individuales que oscilan entre los 138.000 euros y los 201.000 euros, en función de la mensualidad.

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