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El Ayuntamiento emplaza la solución al problema de los vertidos de agua depurada y pretratada por el emisario submarino del Teatro ala realización de cuatro grandes obras que requerirán de una inversión de 58,3 millones.
La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, defendió que el Consistorio «está trabajando» en la solución a los vertidos, que han supuesto una sanción de 30.000 euros por parte del Gobierno de Canarias, ya que la práctica carece de la autorización preceptiva desde 2017.
La edila informó de que se hacen analíticas cada tres meses y que las inspecciones determinan que no hay daños al medio ambiente ni a la salud humana.
Sin embargo, la eliminación de los vertidos pasa por cuatro grandes obras: la activación del tratamiento terciario en la depuradora de Tamaraceite; la mejora en la impulsión a la estación de Barranco Seco, así como su mejora; y la construcción de una nueva depuradora en el Puerto.
También añadió que se hará necesario la impulsión desde Lady Harimaguada a Barranco Seco, así como la construcción de otra estación de bombeo en San José y la creación de dos depósitos de tormenta asociados a estos equipamientos. Esto requerirá otros 2,7 millones de euros.
Sin embargo, para el viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, el problema de los vertidos continuados desde 2017 ha sido la pasividad del Ayuntamiento. «Es grave que se haya llegado a este punto, pero lo es más que no se haya hecho nada para solventarlo y conseguir el vertido cero», denunció el concejal, «el servicio de Aguas no tiene técnicos que tramiten facturas, está desmantelado, y ustedes no han sido capaces de sacar ni la primera fase de la renovación de la red de saneamiento de Las Coloradas».
La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, considera fundamental que «la administración dé ejemplo» en cuanto al cumplimiento de las normas. «No hay más excusas, se evidencia una carencia de proyectos y de gestión política porque dinero sí que hay», sentenció.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Coalición Canaria, Francis Candil, advirtió de que «de seguir produciéndose los vertidos, se puede entrar en responsabilidades judiciales derivadas de la aplicación del concepto de desobediencia a la autoridad».
Se refiere al hecho de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya alegado que no tiene otra alternativa que seguir vertiendo aguas pretratadas y depuradas al medio marino ante las limitaciones que presenta la red hidráulica de la capital grancanaria.
Candil recordó que la sanción por los vertidos no es la primera que recibe el Ayuntamiento -ya sufrió otra por el vertedero provisional que se instaló en la subida al barrio del Lasso- y criticó la nula gestión. Como ejemplo de ello, citó el caso de la contaminación de la bahía del Confital, que cumple ya cinco años cerrada al baño por un foco contaminante que todavía no ha sido hallado.
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