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Una decena de vecinos de La Isleta y representantes de Alternativa Maga Nacionalista (Amaga) interrumpieron este lunes el inicio de las obras del proyecto de mejora de la accesibilidad al Confital que impulsa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
La empresa Pérez Moreno solo había quitado los primeros pivotes de la carretera cuando algo más de una decena de ciudadanos se sentó en la ladera. Allí plantaron tres sombrillas para protegerse del sol.
El lugar escogido fue el que la empresa había marcado con cal para realizar un pequeño desmonte, algo que los vecinos consideran que atenta contra las normas de salvaguarda de este enclave costero.
En la nota de prensa remitida hace poco por la Consejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, se aseguraba que la concesión para actuar en esta obra se ceñía a la zona de servidumbre de tránsito, protección y dominio público terrestre.
El representante de Amaga, Felipe Ros considera que «no se pueden hacer los desmontes que quieren hacer porque aunque sea servidumbre de protección y suelo rústico de protección costera, el proyecto no ha salido a información pública, lo cual es otro delito de ordenación». En su opinión, «aquí solo se puede hacer obras de conservación y mantenimiento».
Los vecinos llevan vigilando desde abril por si se hacían las marcas de las obras. Cuando aparecieron, a fines de febrero, Amaga presentó un recurso contencioso-administrativo en el que solicitaba la paralización cautelarísima del expediente administrativo del proyecto y las obras.
Sin embargo, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 desestimó esta petición porque el proyecto ya había sido adjudicado. «Y en lo que se refiere a la paralización de las obras en relación a la ejecución del proyecto ya adjudicado, no se concreta la irreparabilidad de los perjuicios que de la ejecución del referido proyecto como tal se pueda derivar a los intereses generales o públicos», detalla el auto emitido el pasado 24 de febrero.
Ros insiste en que se cercenó su posibilidad de presentar alegaciones al proyecto. Y aclaró que no se oponen a mejorar la accesibilidad, sino a que se haga un desmonte de un espacio protegido. «Si ellos repusieran simplemente los muros tradicionales para dar estabilidad a la carretera;si hicieran una cimentación del pavimento con tierra y cal, nosotros estaríamos de acuerdo», expuso, «es más, si hubiera sido un proyecto para ganar accesibilidad, solo tienen que quitar la avenida urbana que hay dentro del dominio público marítimo-terrestre, volver a la vereda tradicional y seguir por el deslinde».
Desde el Ayuntamiento no se quiso contestar a estos vecinos, pero se aclaró que la obra cuenta con todos los permisos.
Un portavoz de Pérez Moreno también indicó que la obra «es totalmente legal» y que se quitará de la ladera «lo mínimo imprescindible». Ros detalló que en algunos puntos el desmonte alcanzará los 1,7 metros.
El proyecto trata de reponer los muros en los que se apoya la vía de entrada, la mejora de la senda peatonal, la canalización de pluviales del talud, el refuerzo de los taludes, así como la construcción de un mirador junto a la plaza de Pepe el Limpiabotas y la creación de un aparcamiento exterior para regular el acceso y limitar al máximo su uso por parte de vehículos privados, según explicaba el Ayuntamiento en un comunicado reciente.
El proyecto asimismo incluye sistemas de contención y de control de la erosión, como la renovación de mallas metálicas y la red de protección de cables y la limpieza de los taludes para garantizar la seguridad de peatones y vehículos en una zona que presenta actualmente un estado de deterioro debido a la generación de escombreras y por el paso desordenado de vehículos de tracción mecánica.
Dichos sistemas se instalarán siempre teniendo en cuenta los valores paisajísticos, geológicos y naturales del entorno, pues algunos taludes se encuentran situados dentro del Paisaje Protegido, indicaba el Consistorio.
Superficie: la actuación que fue paralizada tiene previsto desarrollarse en algo más de 32.000 metros cuadrados.
Duración: está previsto que los trabajos estén concluidos en octubre, tras siete meses de obras.
Presupuesto: la obra requiere una inversión de 1,35 millones de euros, financiados por la Consejería de Turismo.
Sin embargo, los vecinos temen que haya otros intereses detrás. Pedro Brissón criticó que la supuesta mejora de la accesibilidad no es tal porque no contempla rampas de acceso para personas con movilidad reducida.
José Juan Mederos y María Dolores Rodríguez, que apoyaron la protesta, creen que hay intereses que llevan mucho tiempo tras El Confital.
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