Caso Valka: Geursa pide su exclusión de la investigación

La Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) presentó ayer un escrito al magistrado del Juzgado de Instrucción 2, Rafael Passaro Cabrera, en el que interesa el dictado de una resolución judicial que acuerde el sobreseimiento libre o provisional de Geursa en la investigación abierta con el caso Valka, que trata de esclarecer si en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó una supuesta trama corrupta con base en las áreas de Urbanismo y Parques y Jardines.

El pasado 9 de octubre, el juez dictó una providencia con la que ordenaba la citación de Geursa en calidad de investigada por el delito de descubrimiento y revelación de secreto. La imputación de Geursa se basaba en los supuestos accesos en remoto del excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Setién, también investigado en el caso Valka, a los archivos urbanísticos del Ayuntamiento y de Geursa a través de un segundo ordenador que estaba en el despacho de la gerente de Geursa, Marina Más.

La investigación apunta que Setién presuntamente accedió desde su domicilio a estos ficheros desde su jubilación, en marzo de 2023, hasta enero de 2024. Y que presumiblemente lo hizo con claves de uso personal y para fines estrictamente profesionales de Marina Más Clemente, en el desarrollo de las funciones que tiene asignada como gerente de la sociedad Geursa.

La petición del abogado de Geursa, Miguel Ángel Pérez Diepa, se basa en la «eficacia e idoneidad» del modelo de prevención de riesgos penales para dar respuesta al ilícito imputado, lo que «impide transferir la responsabilidad de la persona física a la jurídica en sede instructora, concluyendo su sobreseimiento».

El representante legal de la empresa entiende que no hay pruebas que apunten a un «defecto organizativo estructural que posibilitara el delito» que le imputa la Fiscalía. «Se constata que la Fiscalía omite cualquier fundamentación en los hechos de conexión que deben concurrir en la causa, para permitir la transferencia de la posible responsabilidad penal de la persona física a la jurídica, y que ésta sea llamada al proceso penal en calidad de investigada, evitando la imputación objetiva de la responsabilidad penal de la persona física a la jurídica proscrita», detalla el escrito de alegaciones, «en consecuencia, no concurren los elementos mínimos en la presente causa que permitan si quiera llamar en este momento procesal a la persona jurídica como investigada».

Después de exponer que entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 se abrieron cinco expedientes en el canal de denuncias de Geursa, el escrito de la defensa de la empresa se centra en poner el acento en que las declaraciones de un testigo -un antiguo informático de la empresa municipal, que fue despedido- carecen de validez probatoria.

Las alegaciones de Geursa ponen de manifiesto un supuesto «acoso laboral ascendente» de ese antiguo ingeniero informático -al que se tomó declaración el pasado 3 de julio en el marco de la operación Valka- a la gerente de Geursa. «El testigo (...) inició en diciembre de 2023 una batida de acusaciones que él mismo reconoce falsas, usando espuriamente el canal de denuncias interno implementado en la sociedad en diciembre de 2023, con amenaza de seguir usándolo espuriamente, por lo que se informa al Consejo de Administración la posible comisión de un delito de coacciones en los informes 1 y 2 de 2023 el 17 de enero de 2023», relata el texto, que señala que ni este testigo, ni la otra informática -que prestó declaración el 9 de julio- «pusieron nunca en conocimiento de Cumplimiento Normativo, pese a su explícito conocimiento de tal obligación, (...) los hechos que un año más tarde denuncian a Fiscalía, (una vez despedido, tras no accederse a sus espurias peticiones y detectadas varias infracciones)».

Pérez Diepa relata que el 30 de enero de 2024, un día después del despido de uno de los dos informáticos, se le solicitó a la otra trabajadora las claves de acceso del segundo ordenador que tenía Marina Más en su despacho «para salvaguardar la integridad y el acceso a la información corporativa», pero que la empleada presentó baja laboral sin entregar las claves. A consecuencia de ello, según la versión de la empresa, se tuvo que contactar con dos empresas tecnológicas «para que cesasen las conexiones remotas de todos los sistemas».

Además, expone que la caza de brujas denunciada por Intersindical Canaria en Geursa se desmonta por el hecho de que 50 de los 93 trabajadores aseguraron que la acusación fue una maniobra como «represalia por su despido» e informaron de que «jamás han recibido ni presiones ni órdenes inapropiadas por parte de sus superiores, demostrando de hecho preocupación por las manifestaciones publicadas en la prensa sobre la empresa para la que trabajan».

Por eso, desde la empresa se pide al juez que tome declaración a los dos informáticos «por la posible comisión, por su parte, de delitos de coacciones, amenazas y acusación y denuncia falsa».

Mientras se siguen ordenando actuaciones relacionadas con el caso Valka, este miércoles comparecieron en la Ciudad de la Justicia Marina Más y el jefe de la oficina técnica de Movilidad y Obras de Geursa, Carlos Cabrera, en calidad de investigados. Los dos se acogieron a su derecho a no declarar, repitiendo la estrategia planteada por las defensas de los otros dos investigados que ya comparecieron en sede judicial, José Manuel Setién, y el exdirector de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Padrón.

Junto a ellos, también están investigados el empresario Felipe Guerra y el empleado público Luis Pérez.

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