USPB y USEP demandan 12 millones de euros al Ayuntamiento por el plus de productividad

Los sindicatos hermanos Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB) Y Unión Sindical de Empleados Públicos (USEP) han presentado a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, un escrito de reclamación previa a la vía jurisdiccional contra el Ayuntamiento para reclamar el cumplimiento del acuerdo alcanzado en 2021 por el que se regulaba el sistema de evaluación del desempeño y del rendimiento del personal municipal. Se trata de conseguir el pago del complemento de productividad entre 2021 y 2024, que ha contado con una consignación presupuestaria de 12 millones de euros, a 3 millones por ejercicio.

El complemento de productividad, como se conoce a la evaluación del desempeño y rendimiento, es el resultado de un acuerdo adoptado en 2021 después de que en 2018 una sentencia hubiera anulado la prima de jubilación con la que se retribuía al personal público que se retiraba de la vida laboral activa.

La evaluación de desempeño es el procedimiento por el que, cada año, se evalúa el trabajo de cada empleado público y se compensa a aquéllos que han conseguido los objetivos planteados. Es un suplemento salarial que trata de mejorar la productividad de los trabajadores públicos y, por tanto, la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puede dotar con hasta el 30% de la masa salarial este concepto. Esto significa que puede alcanzar los 9 millones de euros, si bien hasta ahora solo se ha consignado tres millones y no se ha pagado nada.

«El acuerdo de 2021 establecía que había que fijar objetivos individuales y, si el trabajador los alcanzaba, cobraba el complemento de productividad», determina el secretario general de USPB, Víctor García.

Sin embargo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de aprobar, con carácter excepcional y para los años 2024 y 2025, un criterio de reparto homogéneo de la partida de productividad entre los 53 centros gestores municipales.

Así, en 2024 se reserva 1,5 millones de euros (el 50% de la dotación de la partida presupuestaria), mientras que el resto se reserva para los objetivos prioritarios que defina la Alcaldía; y en 2025 se destinan 2,1 millones para la productividad y el resto, a los objetivos prioritarios.

«La diferencia de esta decisión respecto al acuerdo de 2021 es que la de hace tres años establecía objetivos para pagar el complemento y ahora se reparte en función del número de trabajadores que hay en los centros gestores», expone García, quien duda de que se pueda abonar ya la cuantía de este año.

Así, se reserva 91.854 euros para los 109 trabajadores del Órgano de Gestión Tributaria; otros 406.180 euros para los 482 agentes de la Policía Local; un total de 108.708 euros para los 129 profesionales del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento; y 190.449 euros para los 226 trabajadores adscritos al área de Bienestar Social. Estos son los grupos que reciben mayor cantidad de asignación en el reparto aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Entre los objetivos prioritarios se encuentran los eventos que se celebran en la ciudad. De este modo, se puede reducir el pago de las horas extraordinarias a los policías, tal y como pedían sus representantes.

No es la primera vez que la USPB plantea una batalla judicial millonaria contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Durante el mandato de Juan José Cardona (PP), tras la anulación de los premios de jubilación y algunas retribuciones sociales, se denunció estos recortes y se consiguió su reingreso, que supuso unos ocho millones de euros que se han estado pagando hasta el año pasado. Y lo mismo pasó con el 50% del complemento de incompatibilidad, suspendido en 2012, que obligó al desembolso de otros 2,5 millones de euros.

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