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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de 26 de octubre de 2018, por el que se aprobó las normas específicas del hotel Santa Catalina, esto es, la regulación que determina las intervenciones susceptibles de realizarse en el inmueble, entre ellas las de reforma que acometió el grupo Barceló tras obtener la adjudicación de su gestión en octubre de 2017.
La sentencia, contra la que cabe la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, gira en torno a las posibilidades de intervención en un edificio con un nivel de protección tan alto como el hotel Santa Catalina.
El Plan General solo permitía, para los edificios con protección integral como el hotel, las de reconstrucción, conservación, consolidación y restauración. Sin embargo, las normas específicas aprobadas por el Ayuntamiento introducían la posibilidad de realizar obras de rehabilitación y remodelación (incluyendo demolición).
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El TSJCconsidera que las normas específicas deberían haberse sometido a una Evaluación Ambiental Estratégica, algo que no hizo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por considerar que estas normas completan el catálogo de protección con el fin de garantizar el respeto a la obra del arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre, quien fuera el máximo exponente del racionalismo arquitectónico canario.
Sin embargo, la sentencia considera que «las intervenciones permitidas por las normas específicas no quedan suficientemente justificadas y suponen una alteración del inmueble, el cual está protegido en su totalidad, tanto exterior como interiormente, debido a su grado de protección». Así, aunque reconoce al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria su potestad para catalogar los inmuebles, «una vez catalogados y asignado ese grado concreto de protección, los elementos protegidos no pueden ser alterados».
En la nota de prensa remitida por el TSJC se especifica que la forma en la que se cumplirá la sentencia, si llega a adquirir firmeza, se determinará en su trámite de ejecución.
La falta del documento de la Evaluación Ambiental Estratégica puede ser solventada retrocediendo las actuaciones al momento previo a la aprobación de la normativa y, en ese momento, subsanar el error. Pero la desprotección que supuso la realización de intervenciones no permitidas por el grado de protección del inmueble tiene un encaje más complicado ya que no parece que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria esté a favor de rebajar el nivel de protección del inmueble, por no citar el hecho de que no se puede cambiar el planeamiento para obviar el cumplimiento de una sentencia, como ha quedado patente en otros litigios urbanísticos como el del Canódromo o el de la Biblioteca Pública del Estado.
En 2018, el entonces concejal de Urbanismo, Javier Doreste, justificaba la aprobación de las normas específicas del hotel Santa Catalina en la necesidad de ajustarse al máximo al diseño de Miguel Martín-Fernández de la Torre. En aquel momento, los concejales Ángel Sabroso (PP) y Javier Amador (Ciudadanos) advirtieron de la incoherencia de aprobar unas normas cuando ya se llevaban seis meses de obras. Pero Doreste les respondió que los trabajos se ajustaron a la catalogación. «Se sabía perfectamente, y lo decían los propios técnicos, habrá que intervenir para después ver hasta qué grado podemos seguir con la protección, con la rehabilitación y con la remodelación», decía el edil.
El actual grupo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está estudiando el alcance de la sentencia con la posibilidad abierta del recurso y desde el convencimiento de que la actuación ha servido para realzar los valores de la obra de Martín-Fernández de la Torre.
El grupo Barceló también ha puesto la sentencia en manos de sus servicios jurídicos aunque trasladan su tranquilidad ya que todas las obras ejecutadas en el hotel Santa Catalina -donde se ha invertido más de 40 millones de euros- se ajustaron a la licencia concedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, según confirmaron las fuentes consultadas por este periódico.
Por su parte, desde el grupo recurrente, la empresa Pama e Hijos, del grupo Juan Padrón, antiguos concesionarios del hotel, se señaló que se está analizando las repercusiones que tendrá la sentencia, que además impone las costas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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