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La Junta de Gobierno de la Ciudad ha tomado conocimiento de la sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condena al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a pagar el coste de la canalización del barranco de La Ballena, entre las calles Vergara y Simancas. La sentencia, que adquirió firmeza en abril del presente año, obliga a la ciudad a abonar a la empresa Almacenes Guanarteme la factura de esta operación urbanística, que fue fijada en 827.822,97 euros.
El TSJC desestimó el recurso que presentó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1, de febrero de 2022, que había condenado ya al Consistorio a pagar esta obra.
La canalización del barranco de La Ballena resultaba necesaria para que luego se pudiera desarrollar la construcción de un edificio de once plantas de altura y 119 viviendas en Guanarteme, en el entorno de la calle Castillejos.
Los trabajos generaron mucha polémica en el barrio de Guanarteme, cuyos vecinos mostraron su preocupación por la posible afección a las casas y los potenciales efectos sobre el desagüe de las aguas de lluvia. La obra consistió en instalar, a cinco metros de profundidad, una tubería de 30 centímetros de grosor, 4 metros de alto y 2,5 metros de ancho. En general, se trataba de evitar el recorrido en zigzag que tenía la conducción anterior para hacer una canalización recta, algo que los promotores de la obra defendían como el remedio técnico para evitar obstrucciones en el cauce del barranco.
En el año 2019, la empresa Almacenes Guanarteme asumió el coste de la canalización del barranco para poder continuar con el desarrollo urbanístico de esta zona, que permite el crecimiento en altura a cambio de liberar suelo y poder construir un bulevar peatonal, de unos 20 metros de ancho, entre la plaza de América y la playa de Las Canteras.
Como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria alegaba dificultades económicas para canalizar el barranco -una obra que era de su competencia-, Almacenes Guanarteme decidió asumir a su costa la obra para luego pasarle la factura a la ciudad.
Entonces el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria autorizó la ejecución de la obra a Almacenes Guanarteme, pero «a su costa», como quedó escrito en una resolución del entonces concejal de Urbanismo, Javier Doreste, en mayo de 2019.
«La apelada necesitaba que se ejecutaran las obras cuanto antes y aceptó y asumió que para poder ejecutarse las obras de canalización en ese momento, por no poder afrontarlas económicamente el Ayuntamiento en aquel entonces, la única forma es que las asumiera como propias», argumentó el Consistorio capitalino en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ahora lo condena a pagar.
«Cualquier duda en relación a dicha cuestión», afirma la sentencia respecto a la responsabilidad de realizar la obra de canalización del barranco de La Ballena, «queda disipada con la documentación obrante en las actuaciones, pues, como pone de manifiesto la sentencia recurrida, en el expediente de contratación para la licitación del proyecto se emitió un informe jurídico en el que expresamente se señala que la ejecución de la canalización era competencia municipal, manifestándose en los mismos términos el informe emitido por el arquitecto municipal Alejandro Hernández sobre la propuesta de convenio para la ejecución de la actuación de dotación AD-09 'Castillejos-Vergara'».
Además, recuerda que el Plan General de Ordenación prevé la ejecución de la obra de urbanización por parte del Consistorio capitalino.
Al Tribunal Superior de Justicia de Canarias no le vale que la licencia concedida a Almacenes Guanarteme incluyera la condición de que lo debía hacer la empresa a su costa. «Pese a la coletilla en la que trata de ampararse el Ayuntamiento para negarse a asumir la reclamación efectuada por la actora, lo que resulta indiscutible es que las obras de canalización del barranco eran responsabilidad y competencia del Ayuntamiento, y que si finalmente fueron ejecutadas por la apelada con sus propios medios fue por la demora del Ayuntamiento en la tramitación del correspondiente procedimiento de licitación, siendo necesarias dichas obras para que la promotora pudiera acometer la urbanización y obtener la licencia de obras».
Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias entienden que si la obra la hubiera financiado la empresa, se hubiera producido un «enriquecimiento injusto» por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria «al verse obligada la promotora a sufragar a su costa la ejecución de una obra pública de competencia municipal y que, además, redunda en beneficio del municipio, pues, como se desprende de los informes obrantes en el expediente de contratación, la finalidad de las obras era la de resolver los problemas de salud pública, hidráulicos, y de mantenimiento del canal y desarrollo urbanístico del tramo sin canalizar».
El concejal del Partido Popular (PP) Gustavo Sánchez aseguró que la sentencia «se veía venir». Recuerda que en el año 2020, en un debate político, el gobierno municipal aseguró que «existía un acuerdo verbal con la parte privada mediante el cual los costes de la canalización los asumiría la parte privada. Lo afirmaron inicialmente en la comisión de pleno celebrada ese mismo mes para dictaminar el asunto».
El edil aseguró que «nunca nos enseñaron ese compromiso». Y recuerda que, en su momento, desde el grupo de gobierno se restó importancia al hecho de que se pudiera judicializar este asunto, desde el convencimiento de que era al promotor privado a quien le correspondía realizar las obras de u urbanización de la zona.
«Al gobierno del Ayuntamiento les llega respuesta al 'ya veremos' en forma de sentencia que le va a costar a todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria 827.000 euros más intereses», sentenció el concejal Sánchez.
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