Las Palmas de Gran Canaria
«No se trata de xenofobia sino de recuperar nuestro derecho»
El Pacto Vecinal, epígrafe que integra a más de medio centenar de colectivos vecinales, saldrá este sábado a las calles –12.00 horas, plaza de Manuel Becerra– para reivindicar que las viejas instalaciones militares del Canarias 50 retornen a la ciudadanía de La Isleta y no se convierta en un centro de atención permanente para migrantes. «No se trata de xenofobia sino de recuperar nuestro derecho», aclaran.
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El Pacto Vecinal está integrado por asociaciones de distintos barrios. Este miércoles se encontraban en la sede de la Asociación Los Rodeos, en la portada de El Confital, para afilar objetivos. En el pequeño local de Bentagache, entre viejas láminas de 'Canarias en el recuerdo', antigua promoción de CANARIAS7, y trofeos de dominó, colgaba una pancarta con el nombre del colectivo y a su izquierda una pregunta: «Carolina Darias, ¿por qué no recibes al Pacto Vecinal?».
Y ese es el motivo por el que convocan la concentración del fin de semana. Aseguran que pidieron una reunión con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria hace más de tres meses y que todavía no han recibido audiencia en la que debería ser la casa de la ciudadanía.
La recuperación del Canarias 50 es una reivindicación del Foro por La Isleta que el Pacto hace común. «Seguimos en ese batalla porque creemos en ella. Se nos prometió en 2019 que esas instalaciones serían para los vecinos del barrio, para crear locales sociales, para tener parques y espacios verdes. Que sería para La Isleta como el parque de Las Rehoyas para los que viven en ese barrio», explica Mesa, un veterano de la movilización en la zona.
Los miembros de Pacto Vecinal no quieren que su mensaje se confunda. Quieren recuperar el Canarias 50 porque entiende que es el único espacio en el que se puede ganar terreno a su alocada configuración urbanística. No se trata de una cruzada contra los migrantes que allí están acogidos desde que la crisis migratoria retomó el pulso en 2020.
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«Hay cierto interés político en confundir a la opinión pública con nuestra intención. Intentando tildarnos de xenófobos cuando nada más lejos de la realidad», insisten y tiene pruebas de su actitud ante el conflicto.
En las paredes de Los Rodeos hay carteles de Somos Red para cazar voluntarios. Esta plataforma fue capital durante los momentos más tensos en la llegadas de migrantes de los últimos años, organizando redes de apoyo ciudadano para atender las necesidades de ropa y comida que estos necesitaban.
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Tampoco cruzaron ninguna línea para protestar cuando el Canarias 50 abrió sus puertas como recurso de emergencia ante el desborde de migrantes en las costas de las islas.
«Lo que no podemos tolerar es que lo conviertan en un espacio permanente quitándonos un derecho que es nuestro, sin ningún proceso de participación y a través de una ley de emergencia que se ejecuta sin ninguna transparencia», manifiestan. «La historia de La Isleta es la de un barrio que siempre ha sido de acogida. Como la de muchos de los que integramos el Pacto, que llegamos aquí de otros lugares. Pero creemos también que no todos los migrantes deben estar aquí. La ciudad tiene otros barrios con recursos para acogerlos», añaden.
Estos días han recorrido La Isleta para entregar octavillas que anuncian la convocatoria y abordar con los vecinos del barrio sus intenciones. En ese contexto se han encontrado con más de un despistado que pretendía acudir con mensajes racistas. Y le han informado de que ese trama no es de este cuento.
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Gabriel Alpresa se sentó para explicar su demanda a la izquierda de José Antonio Martín Mesa, Andrés Peña Carrasco e Iván González García. Él tiene en su cabeza el cronograma de los acontecimientos porque fue el responsable, en el año 2018 de poner en marcha un proceso participativo que recogió ideas y propuso soluciones.
Aquel trabajo, en el que se volcaron más de medio centenar de vecinos, puso en el foco del debate recuperar la antigua infraestructura militar para el uso del barrio. «Aquello lo llevamos al Ayuntamiento y les encantó. Nos dijeron, tras las conversaciones que ambas partes mantuvimos con el Ministerio de Defensa, que no habrían problemas y que así sería. Ahora, sin comunicarnos nada previamente, nos enteramos por los medios de que no va a ser así», cuenta.
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«Todo tiene un límite. La Isleta se ha volcado en colaborar pero es necesario que se cumpla lo pactado en 2019. No queremos una limonista y que nos construyan un gimnasio allí, que es lo que nos dicen ahora. Queremos que se lleve a cabo lo que estipula el Plan General de Ordenación Urbana de 2012, que recoge que esas instalaciones tienen que estar destinadas a dotación de recursos para el barrio», insisten.
Su lucha, aseguran, está siendo como tantas otras ignorada por el Ayuntamiento de Las Palmas de GranCanaria y el Ministerio de Defensa. Por eso no piensan dejar de salir a calle para reivindicar «sus derechos».
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