Los trabajadores de la ayuda a domicilio amenazan con ir a la huelga

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 4 de octubre 2024, 02:00

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Los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio de la ciudad, a través de la Unión General de Trabajadores (UGT), han anunciado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que ha notificado a la empresa Servisar que «de no darle cumplimiento al convenio colectivo», en lo referido a la actualización salarial y la paga correspondiente al mes de octubre, se presentará un preaviso de huelga. La protesta, que comenzaría en noviembre, hace un llamamiento al paro de unos 700 trabajadores que atienden a unos 3.800 usuarios en la ciudad.

«Nos preocupan los derechos laborales de los trabajadores porque está pendiente la licitación del servicio y tenemos pendiente la subida salarial de los años 2023 y 2024, así como la paga de octubre», explicó la portavoz de los trabajadores, Lidia Cordero.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria intentó adjudicar el servicio este verano, pero al final el concurso quedó desierto.

Cordero entiende que esta situación se ha producido porque el Consistorio capitalino ofertó un servicio a la baja, con costes de 16 euros por hora de atención, muy por debajo de lo que calcularon otras ciudades canarias, como fue el caso de Santa Cruz de Tenerife, que lo cifró en 21 euros la hora (+31,3%), y de San Cristóbal de La Laguna, del que dijo que estaba en 25 euros la hora (+56,3%). «Pedimos al Ayuntamiento que revise los números para poder hacer frente a los gastos del servicio», indicó.

La representante de UGT critica que «desde hace más de un año hemos pedido una reunión a la alcaldesa, Carolina Darias, y no nos ha contestado».

Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, advirtió ayer de la «situación crítica» que atraviesa el servicio de ayuda a domicilio, así como que una parte significativa de sus 700 trabajadores y trabajadoras no cobra el salario mínimo interprofesional, lo que calificó de «preocupante».

Suárez puso el foco en la «extrema precariedad» en la que desempeñan su trabajo, desde el punto de vista salarial, los empleados de la concesionaria.

Actualmente, según los representantes de los trabajadores, parte de la subida salarial la está asumiendo la empresa lo que provoca que la situación sea «insostenible», más aún cuando no ha podido ser adjudicado el nuevo pliego, que se licitó el pasado mes de julio, dice la nota de CC.

El nuevo pliego es un «fiasco», según los nacionalistas, lo que demuestra el hecho «innegable» de que tras ser publicado ninguna empresa se presentara al concurso. El motivo de que haya quedado desierto el concurso, a juicio de CC, es que a ningún licitador le salen las cuentas y que por tanto es inviable desde el punto de vista económico.

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El concurso se licitó por 74,6 millones, frente a los 38,7 millones del actual contrato, y entre sus prestaciones se encuentran ayudas de carácter personal y de higiene, además de tareas esenciales del hogar, que los beneficiarios no pueden realizar por sí solos.