Un testigo del caso Kokorev denuncia amenazas contra él, la jueza instructora y los investigadores

El empresario panameño Ismael Gerli, que testificó este martes en un juicio celebrado en Lituania, denunció ante el Tribunal Regional de Klaipėda que tanto él como la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega Serrano, y los policías encargados de la investigación del caso Kokorev en las islas, han sido objeto de amenazas por parte de la familia hispano-rusa que será juzgada a partir de octubre de 2025 acusados de haber blanqueado ganancias millonarias obtenidas presuntamente de la venta de material militar a Guinea Ecuatorial

Gerli realizó estas manifestaciones durante el juicio que se celebra ante el Tribunal Regional de Klaipėda por la trama lituana acusada de -presuntamente- blanquear dinero de la organización dirigida por los Kokorev, procedente de la venta de armas a Guinea Ecuatorial, según el medio lituano 'Atvira Klaipeda'.

El panameño, que participó en la sesión judicial por videoconferencia, manifestó que ha sido blanco de una campaña de intimidación desde que declaró como testigo protegido en España por el caso contra Vladimir Kokorev y su familia y que se centra en presuntos delitos de blanqueo de dinero para el régimen del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Según afirmó, estas amenazas también se han dirigido contra la jueza grancanaria encargada de instruir la causa y el equipo investigador en las islas que ha llevado estas pesquisas en un trabajo conjunto desarrollado junto al fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas.

«Llevo 10 años en los tribunales y mi vida corre peligro por culpa de Vladimir Kokorev y su hijo. Están utilizando todas las tácticas rusas contra mí para destruir mi vida y mi existencia», declaró Gerli. Añadió que la familia hispano-rusa está «utilizando millones de dólares en los tribunales de Panamá con más de diez abogados» para tratar de neutralizar su testimonio y afectar el curso del proceso judicial.

En el caso Kokorev, que será juzgado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel y una multa de 240 millones de euros para Vladimir Kokorev, acusado de haber blanqueado ganancias millonarias obtenidas presuntamente de la venta de material militar a Guinea Ecuatorial, con precios que incluían «notorios sobrecostes». La riqueza ilícita atribuida a Kokorev asciende a, al menos, 120 millones, generada entre 1999 y 2014 a través de diversas empresas, una de ellas con sede en Las Palmas de Gran Canaria. La familia fue detenida en Panamá en 2015 bajo una orden de arresto internacional emitida por España.

Durante su testimonio en Lituania, Gerli explicó que, en diciembre de 2015, ofreció su declaración como testigo protegido en Gran Canaria. Desde entonces, afirmó que ha sufrido una serie de presiones y amenazas, tanto en Panamá como en otros países, con el objetivo de desacreditar su testimonio. «Quieren destruir tanto a la jueza española -en referencia a Ana Isabel de Vega Serrano- como al equipo investigador de Gran Canaria», subrayó, aludiendo a los supuestos esfuerzos legales y financieros de la familia Kokorev para entorpecer el proceso judicial.

Además de las amenazas, Gerli también mencionó que su relación con Vladimir Kokorev comenzó hace más de 15 años, cuando fue invitado a una reunión en la ciudad de Klaipėda, en Lituania. Kokorev le presentó entonces a varios socios comerciales. En el juicio de este martes, Gerli afirmó que en aquel encuentro, celebrado en la oficina de Kokorev, se discutieron operaciones empresariales, aunque subrayó que no recordaba con exactitud los detalles debido al tiempo transcurrido y a la cantidad de empresas con las que ha trabajado a lo largo de su carrera.

Este testimonio de Gerli en Lituania se enmarca en otro caso penal que sigue en Klaipėda y que investiga a Vladimir Stefanov, socio comercial de Kokorev, por presunta intermediación ilegal de material militar a Guinea Ecuatorial, posible blanqueo de capitales y el lavado de 91 millones de euros.

Según la fiscalía lituana, Stefanov habría facilitado la venta ilegal de equipos militares y bienes de doble uso desde Ucrania a Guinea Ecuatorial a través de empresas pantalla registradas en Panamá. Estas operaciones habrían generado millones de euros que luego fueron blanqueados mediante diversas empresas, incluida Statega, que supuestamente estaba bajo el control de Stefanov. Ismael Gerli fue llamado a testificar debido a su conocimiento de las estructuras empresariales utilizadas en estas transacciones.

En su declaración, Gerli destacó que ha colaborado con las autoridades de varios países para esclarecer las actividades sospechosas de Kokorev y sus socios y valoró el empuje demostrado por la magistrada De Vega y el fiscal Ródenas para sentar en el banquillo próximamente a la familia hispano-rusa.

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