Un testigo dice que Rafael Hernández falseó pagos a trabajadores para cobrar subvenciones

Se complica la situación judicial de Rafael Hernández, quien fuera presidente de los agricultores y ganaderos canarios (COAG) y de la oenegé Oportunidades de Vida. Este jueves, uno de los cuatro testigos que declararon ante el magistrado que lo investiga por la presunta comisión de un delito de trata de personas con fines de explotación laboral contó que el empresario le obligó a él y a dos personas más a firmar un documento en el que constaba que habían trabajado en el proyecto Vidaventura, percibiendo un sueldo de 1.266,29 euros, cuando jamás desempeñaron actividad alguna y, por consiguiente, no vieron ni un euro. Todo ello, según este testimonio, para justificar y cobrar una subvención otorgada por el Gobierno de Canarias.

Según consta en el Boletín Oficial de Canarias núm. 255, Oportunidades de Vida recibió una partida presupuestaria de 200.302 euros por parte de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias para la puesta en marcha del referido proyecto Vidaventura en 2022, una iniciativa encuadrada dentro del Plan Corresponsables, orientado a favorecer la conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes de entre 0 y 16 años desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres.

Cabe recordar que Hernández está siendo investigado por haber empleado a menores migrantes en su finca privada sin contrato ni autorización. Figura como imputado junto a su hija Elisa Hernández, directora del centro de menores Tagoror; el marido de esta, Cristian Ruano —encargado de la finca de Hernández—; Manuel Redondo, secretario técnico de COAG; Kathy Godoy, trabajadora social de Oportunidades de Vida; así como la propia asociación y la empresa Sociedad Agrícola de Transformación (SAT Agrocanarias).

Este testigo declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria que, en febrero de 2023, tras una reunión en la que Hernández anunció el despido de una decena de trabajadores, lo citó junto a otras dos personas para acudir a su oficina. Allí les esperaban la contable de la asociación y otra mujer, quienes les indicaron que debían «firmar un papel» que acreditaba que habían trabajado en el proyecto Vidaventura. Ese documento, fechado el 17 de febrero, ya estaba redactado previamente y en él se hacía constar que estas personas habían trabajado en dicho programa como monitores, con jornada completa y contrato indefinido, acudiendo a Tamaraceite, Las Remudas y Tafira con menores, dedicando 520 horas y cobrando un salario de 1.266,29 euros. «Todo era mentira», sostuvo el testigo, quien añadió que también firmaron un cuestionario sobre el programa que ya les habían rellenado, ya que no tenían conocimiento alguno del mismo. Según dijo, todo fue «para la revisión de la subvención Vidaventura» que les habían concedido.

«Nunca trabajamos ni llegamos a cobrar. Lo hice mal, pero quería seguir trabajando y no meterme en problemas», narró. También detalló que no conocía a «nadie» que hubiese trabajado en dicho proyecto y que, de haber alguien, «serían miembros de la iglesia de forma voluntaria».

El testigo, al ser cuestionado por la presunta utilización de menores migrantes por parte de Hernández para trabajar en su finca de papas, afirmó que era cierto y que él mismo los recogía. Desde su puesto como auxiliar educativo, contó que al principio pensó que los menores estaban recibiendo cursos de formación, pero se dio cuenta de que en realidad trabajaban cuando la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo acudieron a la finca, destapando el conocido caso COAG, publicado en exclusiva por este periódico.

Detalló que a los menores migrantes se les pagaba entre 20 y 25 euros por jornadas de trabajo que iban «de seis de la mañana a cuatro o cinco de la tarde». Además, afirmó que, tras destaparse el caso, la investigada Kathy Godoy presuntamente organizó una reunión con los menores en la que les advirtió que, si no firmaban un documento en el que constaba que estaban recibiendo cursos de formación, «tendrían problemas con la documentación». «Los chantajearon», sostuvo el testigo.

Preguntado por el número de menores migrantes a cargo de la asociación de Hernández que trabajaron en la finca, indicó que, en muchas ocasiones, él mismo los recogía y que solían ser «unos siete u ocho al día, entre 12 o 13 en total durante la semana». Todo ello de forma reiterada entre mayo y junio, aunque «en marzo y abril iban más esporádicamente».

En este procedimiento, que continúa en fase de instrucción, también declararon el denunciante del caso, su esposa y una traductora.

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