Solo una decena de afectados de San Cristóbal tramita la ayuda estatal

Rebeca Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 17 de mayo 2024, 23:10

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Una decena de afectados por las inundaciones causadas por dos inusuales pleamares registradas el pasado 10 de abril en el barrio de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, han formalizado la solicitud para acceder a las ayudas estatales recogidas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo para atender situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

La cifra, confirmada por fuentes autorizadas de la Delegación de Gobierno en Canarias, supone el 24% -en concreto el 23,80%- de las 42 residencias de este enclave marinero en las que, como constata el Ayuntamiento capitalino, se registraron daños de diversa consideración y pérdidas de enseres por la acción del mar.

Las personas que aspiran a unas ayudas que prevé el Gobierno de España, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, tenían de plazo hasta el pasado sábado, 11 de mayo, para registrar su solicitud.

Se trata de aportaciones económicas a las unidades familiares o de convivencia para paliar los daños materiales causados por las inundaciones en sus residencias y que, según las circunstancias, prevén cuantías de entre 2.580 y 10.320 euros.

Estas subvenciones, que ha de resolver el Ministerio del Interior, establecen una serie de condiciones, entre las que se encuentran ser titular de la vivienda, la pérdida de enseres de primera necesidad o el nivel de renta.

Unos requerimientos que no han podido acreditar muchos de los afectados, de ahí que las demandas de estas ayudas estatales no hayan llegado ni al 25% de los perjudicados, según se reconoce desde la Asociación de Vecinos Virgen del Buen Viaje, que representa a los residentes en el barrio capitalino.

«Es mucha burocracia a nivel ministerial», expone Juan Jesús Santana, presidente de la organización vecinal.

Añade que parte de los vecinos han desistido de reclamar las ayudas estatales porque «no cumplen todos los requisitos» que se les demandaba. Se refiere en concreto a los casos de quienes no han podido acreditar la titularidad de unas viviendas en las que sin embargo «llevan mucho tiempo residiendo» y en las que «están empadronados», y a aquellos que «superan la cantidad de renta» establecida.

«Al final ha sido una criba porque saben que pocos se iban a acoger a esas ayudas», sostiene Santana al tiempo que dice que los perjudicados esperaban «más colaboración».

Además, recuerda la dificultad que han afrontado las personas afectadas para acreditar la pérdida de enseres como frigoríficos, lavadoras o televisores pues no disponían de facturas y también porque muchas de esas pertenencias fueron retiradas por los servicios municipales tras las inundaciones.

«Los ciudadanos esperaban una ayuda más ágil», apunta el portavoz vecinal haciéndose eco de la queja de unos perjudicados que reivindicaban «que el Ayuntamiento, como administración más cercana, tenía que haber dado esa primera ayuda».

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Ahora, tal y como recoge el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, «el ministro del Interior, a la vista de la propuesta definitiva formulada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, resolverá las solicitudes de forma motivada en el plazo de seis meses desde la fecha en que aquellas hayan tenido entrada en el registro de la Delegación o Subdelegación del Gobierno».