Así fue el directo del pleno de Las Palmas de Gran Canaria

Análisis sobre la fiscalización a Sagulpa del Tribunal de Cuentas

El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez Almeida, puso sobre la mesa que el Tribunal de Cuentas realizó un informe con supuestas irregularidades en la gestión de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (Sagulpa) en el año 2019, lo que fue desmentido por el concejal Pedro Quevedo.

«Hay irregularidades que se han encontrado en el informe de fiscalización», indicó el edil ultraconservador, quien preguntó si se habían solventado, para lo que no obtuvo respuesta.

El informe apuntó que las tarifas se calcularon sin tomar como referencia el valor de mercado y sin los informes necesarios; que coexisten dos regulaciones diferentes (la fiscal y la de tráfico) de modo que el estacionamiento irregular puede ser sancionado con una tasa o con una multa; la contabilización de los ingresos de las autoliquidaciones las regularizaciones voluntarias como parte del volumen de negocio de Sagulpa sin imputarlos al presupuesto del Ayuntamiento; o diferencias entre los derechos pendientes de cobro y los importes contabilizados.

El Ayuntamiento asegura que no se ha producido un quebranto contable. En su escrito de alegaciones, se especificó que sí se hicieron estudios para fijar la tasa. Y defendió la existencia de la doble regulación, al tiempo que justificó que la diferencia entre los derechos generados y los importes contabilizados fue por falta de integración de los diferentes aplicativos.

En una línea similar se manifestó también Sagulpa.

La reclamación de la doble vía en La Isleta sigue viva en el pleno

Vecinos de La Isleta acudieron al pleno municipal para recordar que siguen a la espera del informe sobre la viabilidad de recuperar la doble vía en la calle José Guerra Navarro, donde están los centros de salud y de mayores del barrio. Los vecinos recuerdan que llevan desde julio esperando por una respuesta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Debate sobre la seguridad del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El concejal del PP Ignacio García Marina criticó la falta de agentes de la Policía Local durante la celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Recogió las denuncias sindicales de que en los primeros actos no se tomaron medidas antiterroristas como requiere el nivel de alerta actual; inquirió sobre los momentos de tensión vividos en la gala infanti; y se hizo eco de la denuncia a una carroza, de la organización de un pasacalles sin presencia policial o de la presencia de un coche circulando en una zona que estaba cerrada al tráfico y por la que estaban las mascaritas.

La respuesta vino del concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, quien recordó que la petición de comparecencia se realizó a principios de la fiesta. «El PP deseaba que hubiera incidentes», aseguró, antes de achacarle la «maledicencia» contra el carnaval. «Mienten y no se sonrojan porque la realidad es que el carnaval es seguro», señaló.

Recordó que hubo 200 incidentes en una fiesta que congregó a 800.000 personas y atribuyó al PP un interés por enfangar el carnaval. «El carnaval ha sido un rotundo éxito», sentenció, «a pesar de algunos».

Pero García Marina desmintió que el PP tenga interés en que la fiesta salga mal. «Solo hemos pedido información sobre hechos concretos y usted no ha respondido ninguno», expuso, «el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha tenido policías locales».

Para finalizar, Josué Íñiguez insistió en que el PP solo tiene como estrategia dar la imagen de que a la ciudad le va mal. «El objetivo es sembrar dudas con la sospecha injustificada sobre el carnaval, pero la realidad no se deja manipular tan fácilmente», señaló, «es más probable que acierte el código pin de su teléfono que sufrir un incidente en el carnaval».

Luego intervino la alcaldesa, Carolina Darias, quien rechazó la afirmación de que el gobierno era un peligro público. Defendió que los planes de seguridad contemplaron todas las medidas. «Es posible que les guste el carnaval, pero no les gusta que al carnaval les vaya bien», concluyó.

¿Cuánto costó el carnaval? «Poco para lo que reporta a Las Palmas de Gran Canaria»

«¿Cuánto ha costado realmente el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2025?». Esta fue la pregunta que la portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona, realizó este viernes en el pleno en la comparecencia de la concejala del Carnaval, Inmaculada Medina. El punto de partida de la intervención plenaria fue la diferencia de precio entre lo que reconoció Medina (7,3 millones) y lo que calcula Delgado-Taramona (más de 9 millones de euros).

La responsable de la fiesta detalló que el «carnaval es más que números». Defendió que los procedimientos de contratación se acogieron a la más estricta legalidad. «¿Cuánto ha costado? Poco para lo que supone el carnaval para Las Palmas de Gran Canaria», le dijo.

Medina hilvanó su intervención defendiendo la participación ciudadana y el aumento del patrocinio privado, que cubre lo que pasa del presupeusto de 5,5 millones de euros. Insistió, dando ahora sí importancia a los números, en que fue un carnaval de récord con más de 5.000 participantes, más de 800.000 asistentes y más patrocinadores.

Luego defendió los valores inmateriales de la fiesta y pidió al PP que «no obstaculice el día a día de la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria» solicitando datos que son de acceso público.

Para Jimena Delgado-Taramona esta primera intervención no sirvió para despejar ninguna duda. Solicitó los convenios de patrocinio. «Me gustaría creer el dato de 7,3 millones de euros, pero en 2023 dijo usted que costaba 4,8 millones y cuando conseguimos los datos, el importe eran 5,4 millones», denunció, «y los de 2024 todavía no los ha dado».

Pidió explicaciones por el hecho de que se haya licitado más de 8 millones de euros cuando se habla de 7,3 millones. «Reconozca que hay un sobrecoste», le espetó.

En su segunda internvención, Inmaculada Medina le respondió que cuando se tengan las cuentas cerradas, se van a dar. «De mi mala gestión ha surgido un carnaval que ha crecido con más de 800.000 personas y una fiesta con las máximas garantías de seguridad y sin incidencias relevantes», añadió.

Delgado-Taramona aclaró que «en ningún caso estamos atacando el carnaval, que defendemos por encima de todo, y lo que criticamos es su gestión y las decisiones que ha tomado como máxima responable».

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, reconoció que hubo dificultades que fueron superadas y defendió que el carnaval fue de «récord».

El voto de calidad de la alcaldesa tumba dos mociones del PP y una de CC

El voto de calidad de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha servido para romper el empate a 14 votos en la votación de dos mociones del PP.

Cuando se produce un empate, se procede a realizar una segunda votación. Y si se mantiene el resultado, el llamado voto de calidad de la alcaldesa dirime el resultado.

El nuevo reglamento de abastecimiento de aguas contempla multas de más de 6.000 euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado el nuevo reglamento de abastecimiento de agua, una norma que actualiza al actual, por el que se rige el servicio desde 1981, antes incluso de que naciera Emalsa.

El nuevo documento establece tres tipos de infracciones: las leves, que tienen aparejadas multas de hasta 600 euros; las graves, hasta 6.000 euros; y las muy graves, con sanciones por encima de esa cantidad.

¿Qué actuaciones se entienden como infracciones de uno u otro tipo? La norma establece que son leves realizar obras sin autorización que afecten a la red, no adoptar medidas para evitar pérdidas de agua o no permitir la entrada del personal autorizado para realizar las lecturas de los contadores.

Por graves se considera la reiteración de tres faltas leves, los daños en la red de abastecimiento valorados entre 601 y 6.000 euros o no permitir el cambio de un contador en mal estado, entre otros.

Por último, las infracciones muy graves serían, entre otras, la reiteración de tres faltas graves o el daño de las instalaciones municipales.

Además de las multas, se pueden adoptar medidas complementarias como la reparación de daños causados, la interrupción del suministro de agua, y la prohibición de suscribir nuevos contratos.

El reglamento determina las relaciones entre Emalsa y sus abonados, y se incorpora a las determinaciones que impone la Directiva Marco del Agua, en vigor desde finales del año 2000. Otro de sus principales valores es que establecerá una relación proporcional entre la cuantía del recibo y el consumo.

La nueva norma va en paralelo a la nueva estructura tarifaria que está pendiente de aprobación por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Del anterior reglamento mantiene el modo en que se determina el consumo: se fija por la diferencia entre las lecturas del contador entre un periodo de facturación y el siguiente. Si no fuera posible determinarlo, «la facturación del consumo se efectuará con arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma época del año anterior. De no existir o no ser representativo, se liquidarán las facturaciones con arreglo a la media aritmética de los dos últimos periodos facturados».

El plazo para pagar la factura es de quince días. De no hacerlo, se puede ejecutar una interrupción del servicio.

Además, se habilitará una tarifa especial, bautizada como tarifa de fuga fortuita, para los casos en los que el consumo sea más del doble de lo habitual como consecuencia de fugas o averías en la red que no sean responsabilidad del cliente. Para reclamarla, la lectura debe exceder de 80 metros cúbicos en el trimestre, cuando la media en la capital es de 14,5 metros cúbicos.

La concejala de Aguas, Inmaculada Medina, defendió la necesidad de llevar adelante el cambio de reglamento para asegurar la prestación del servicio en el presente y de cara al futuro. «Una vez que la norma esté en vigor, se podrá optimizar los recursos », argumentó.

«Lo que hemos hecho es regular, controlar y supervisar para que todo funcione mejor», prosiguió la edila. «Los tiempos no los marca Emalsa, los marcamos nosotros», apostilló la responsable del servicio de Aguas.

El PP votó en contra del nuevo reglamento porque «favorece a la empresa y no al usuario, al que impone todas las obligaciones». La edila María Más considera «sorprendente» que se haga recaer la responsabilidad del daño de los contadores al usuario y los ciudadanos quedan desprotegidos. «Favorece íntegramente a la empresa privada, que no mira por el interés de los ciudadanos», dijo, «la empresa ha mirado hacia otro lado ante las necesidades de la ciudad».

Vox también entiende que el reglamento favorece a la empresa suministradora y desprotege al titular del suministro, como reseñó Alberto Rodríguez. «No podemos apoyar un reglamento que genera este desequilibrio con una empresa cuyo capital mayoritario es privado», indicó. El edil entiende que es «una humillación» para los ciudadanos.

«Con esta aprobación definitiva, porque no se presentaron estrictamente a este reglamento alegaciones, y esta corrección material de algunos errores, damos un impulso importante en materia de abastecimiento a la ciudad, en seguir modernizando y en dar un impulso normativo», expuso la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias.

La regidora dice que es un impulso en la dirección que completa el cambio de estatutos ya impulsado para definir el papel del Ayuntamiento y de la parte privada en el seno de Emalsa.

Las Palmas de Gran Canaria delega en el Gobierno canario las oposiciones para la Policía Local

El Ayuntamiento de Las Palmas ha aprobado sumarse al al convenio de cooperación entre la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la delegación de competencias en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de Policía Local.

La propuesta trata de agilizar la incorporación de policías al cuerpo de la capital. Hay que tener en cuenta que el último proceso selectivo tardó casi cuatro años en incorporar a 45 agentes, algo que se materializó en febrero pasado.

Con ellos, el número de policías que tiene Las Palmas de Gran Canaria es de 550. Aun quedan vacantes un 20% de las plazas.

Sin embargo, este año se jubilan 25 policías locales y hay unos 50 que realizan labores administrativas.

La concejala de Recursos Humanos, Esther Lidia Martín, indicó que la próxima oferta de empleo público, que rondará los 45 agentes, se podrá acoger a este nuevo sistema.

Ignacio García Marina (PP) considera que la situación en recursos humanos es «para llorar» y habló de «caos» y «nefasta gestión». El edil recordó la imposibilidad de sacar adelante los procesos selectivos y lo contrastó con la celeridad de este expediente «cuando son lentos con los procesos de estabilización de los empleados públicos».

«¿Sus problemas tienen que ver con que les deben dinero a los miembros de los tribunales de las oposiciones?», preguntó, algo que fue negado por la edila de Recursos Humanos. Ignacio García cree que con el convenio se reconoce la incapacidad del gobierno local para sacar adelante procesos selectivos. «Lo que es bochornoso es que una ciudad como ésta tenga que acogerse a este convenio», expuso, «Las Palmas de Gran Canaria debe tener capacidad para sacar adelante los procesos selectivos de la Policía Local porque este convenio está pensado para municipios más pequeños».

Opinó que el cese de la directora general de Recursos Humanos supone que «ustedes se enmiendan la plana a sí mismos» y pidió cubrir el 100% de las plazas de la Policía Local.

El portavoz de CC, David Suárez, hizo hincapié en que el acuerdo se firmó hace meses y preguntó por qué se ha tardado tanto en traerlo a pleno. Aprovechó para referirse al cese de la directora general de Recursos Humanos como un ejemplo de la mala gestión del área.

La edila Martín defendió que la firma de la adenda con la Comunidad Autónoma es por eficacia y eficiencia, «tal y como han hecho más de medio centenar de municipios de Canarias», además de que supondrá un ahorro para las arcas municipales. En su intervención final, la responsable de Recursos Humanos recordó que Santa Cruz de Tenerife firmó el mismo acuerdo hace diez días y adelantó que se podrá sacar las convocatorias en el menor tiempo posible, lo que permitirá concentrar los esfuerzos del Ayuntamiento en otros asuntos.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, considera que la suscripción del acuerdo «nos permitirá avanzar» y dijo no entender que se hable de ayuntamientos grandes y pequeños. «Hay un mecanismo que nos permite liberar recursos para otros asuntos», expuso.

La propuesta fue apoyada por el gobierno y contó con la abstención de la oposición.

El cobro de la plusvalía origina la mayor parte de las reclamaciones económicas de los vecinos

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tomado conocimiento de la memoria del Tribunal Económico Administrativo. El órgano que tiene como fin la resolución de reclamaciones económico-administrativas relacionadas con impuestos, así como revisar los proyectos de ordenanzas fiscales, registró 160 reclamaciones en 2024, la mayoría relacionadas con la plusvalía y los embargos de cuentas.

El pasado año, el TEAM resolvió 168 reclamaciones (algunas de años anteriores), lo que supone ocho más que en 2023.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, indicó que el tribunal ha estimado el 55% de las reclamaciones, sobre todos las relacionadas con el impuesto de plusvalía.

El portavoz de CC, David Suárez, expuso que «todavía quedan muchos asuntos pendientes de resolver», mientras que el edil Alberto Rodríguez Almeida (Vox) entiende que ha habido mala gestión para dotar las plazas para que el tribunal pueda ejercer su labor en condiciones. Y lamentó que no se hubiera actuado de oficio después de la sentencia que declaró inconstitucional su método de cálculo.

Para Ignacio Guerra, del PP, el alto número de reclamaciones estimadas demuestra que «algo está fallando en la administración» .

Darias zanja la guerra abierta Vox-PP por los sueldos y la representatividad

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha zanjado la guerra abierta por Vox contra el PP en materia de representatividad y, por tanto, del número de concejales de cada partido que tiene derecho a acceder al régimen retributivo en dedicación parcial, que está dotado con 50.490 euros anuales. Los votos a favor de PSOE y Vox han terminado por quitar esta consideración a María Más (PP) y entregársela a Carmen Rosa Expósito (Vox) tras rechazar el recurso del Partido Popular.

Este enfrentamiento se remonta al acuerdo plenario de junio de 2023, cuando se decidió que los concejales con dedicación exclusiva fueran los 15 de los tres partidos del gobierno, uno del PP (Ignacio Guerra), uno de Vox (Rafael de Juan Miñón) y otro de Coalición Canaria (David Suárez). En cuanto a la dedicación parcial, se decidió que fueran cuatro, todos del Partido Popular.

Aquel pleno fue recurrido por Vox, organización a la que los tribunales dieron la razón en septiembre de 2024 al declarar nula la convocatoria de la sesión plenaria.

En octubre, el Ayuntamiento acató la sentencia al anular la convocatoria urgente, pero no modificó ninguno de sus acuerdos porque entendía que la anulación solo alcanzaba a la convocatoria.

Vox insistía en exigir una representación más acorde a sus resultados electorales (4 concejales), de ahí que finalmente el gobierno municipal, en un momento en que las relaciones con el PP se habían enturbiado por la denuncia ante la Fiscalía de la gestión de la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, encargara un informe a la Secretaría General del Pleno. El dictamen fue que las condiciones presupuestarias no permitían aumentar el número de concejales con dedicación parcial -pese a que sí existe la posibilidad de aumentar en dos los de dedicación exclusiva, que cobran más- y que no existía justificación para que los cuatro con dedicación parcial estuvieran todos en las filas del PP.

En base al posicionamiento de la Secretaría, el Ayuntamiento ha desechado este viernes el recurso del PP por entender que «el acuerdo adoptado no incurre en ninguna infracción del ordenamiento jurídico determinante de nulidad de pleno o»

anulabilidad«. La consecuencia de ello es que se quita una dedicación parcial al PP -se queda con tres- y se le reconoce una a Vox.»

Esto provocó un recurso del PP, que considera que la decisión constituye una «ilegalidad» que se ha tomado como una «represalia» para mermar su capacidad de fiscalización del grupo de gobierno, algo que la Secretaría General del Pleno ha rechazado en un nuevo informe.

La propuesta fue sometida a votación y rechazada por el gobierno local y Vox.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, discrepó de la valoración de nulidad que hizo el PP. El edil detalló que el rechazo al recurso tiene su fundamentación en el informe jurídico de la Secretaría, del que dijo que era «sólido».

«No se acredita que haya perjuicios de imposible reparación», expuso Spínola, «lamento y rechazo el contenido ofensivo y ultrajante del recurso contra la secretaria del pleno, atacando su imparcialidad». Pidió al PP que se disculpara en pleno.

Desde Vox, Alberto Rodríguez Almeida negó que se hubiera pactado nada con el PSOE. Y defendió su decisión de denunciar por «la injusticia» que representaba el reparto de las dedicaciones parciales de acuerdo con su representatividad. «El PP y el gobierno cometieron una grave injusticia contra Vox durante casi dos años y ahora el PP reclama una solución urgente», les echó en cara, «no vamos a tolerar que los concejales del PP insulten a los votantes de Vox, con mentiras y faltas de respeto no iremos a ningún lado».

Esto provocó la respuesta de la portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona, quien manifestó que se reserva el derecho a acudir a los tribunales. «Esa decisión es meramente política porque castiga al partido que ejerece la oposición y beneficia al que le apoye», expuso, «si es una represalia, los ciudadanos deben saberlo, es una estrategia planificada por el gobierno».

En esa estrategia del «voraz apetito destructor de la oposición» sitúa también el cambio de reglamento de las comisiones. «Nos vemos obligados a acudir a la justicia para defender los derechos de nuestros concejales», advirtió.

En su segundo turno de intervención, Spínola pidió al PP «una oposición constructiva» y le acusó de «despreciar la democracia por no respetar los acuerdos de la mayoría». Aseguró que el PP solo acude a los tribunales para «enfangar la política municipal».

Luego Rodríguez Almeida arremetió contra Jimena Delgado-Taramona. «El que pacta con el PSOE es el PP y se atreve a decir que ustedes son la oposición», dijo, «ha perdido la oportunidad de rectificar sus patentes mentiras y las descalificaciones a funcionarios». Y advirtió que «en estas circunstancias, no cuenten con nosotros».

La portavoz del PP defendió sus denuncias ante la Fiscalía mientras que Spínola le acusó de querer victimizarse. «Tienen medios para realizar la labor de oposición, es la realidad, otra cosa es su discurso, solo están aquí para provocar alboroto».

El debate lo cerró la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, defendiendo la legalidad de todos los acuerdos plenarios. Entendió que era una decisión sensible y la posibilidad de la discrepancia, «pero no podemos seguir permitiendo las faltas de consideración y respeto a los empleados públicos». El trato del PP a la secretaría en su recurso «es inadmisible y se les ha ido la mano».

«Este gobierno, con un informe jurídico riguroso, ha actuado en consecuencia», prosiguió, «siendo una decisión que no es agradable».

CC se abstuvo y el recurso de reposición fue desestimado con los votos de PSOE, Nueva Canarias, Unidas Sí Podemos y Vox.