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Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria obliga al Ayuntamiento capitalino a pagar casi 300 euros a cada policía local y a cada agente de movilidad de la ciudad por la actualización de un complemento salarial que no fue abonado entre enero y abril de 2023, como había aprobado la propia Junta de Gobierno de la Ciudad -el máximo órgano político municipal- con fecha de 20 de octubre de 2022.
El fallo, contra el que cabe la interposición de un recurso de apelación, estima el recurso que presentó, en su momento, la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB) y condena en costas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El sindicato pretendía que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pagara al cuerpo policial y a los agentes de movilidad el incremento de los complementos retributivos acordados por la Junta de Gobierno.
Este acuerdo suponía aumentar el complemento específico de los dos cuerpos de seguridad y tráfico para el año 2023. De hecho, en el presupuesto general del Ayuntamiento para 2023 se reservaba una cantidad de 1,22 millones de euros para abonar el complemento específico de la Policía Local por la anualidad completa.
Sin embargo, como el presupuesto municipal se aprobó con retraso, el pago de este complemento específico comenzó a pagarse en mayo.
Esto hizo que la USPB exigiera al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el abono de los cuatro meses que se habían dejado de pagar.
El rechazo del Consistorio a esta pretensión hizo que USPB judicializara el asunto, lo que ha derivado en un proceso cuya sentencia deja claro que «el incremente acordado lo es para la totalidad de la anualidad del 2023, por lo que no se entiende por qué se inicia su abono en mayo de dicho año, cuando debió iniciarse con efectos desde el 1/1/2023, ya que es solo así como se ajusta a una anualidad, que es lo acordado».
El secretario general de USPB, Víctor García, asegura que cada policía y cada agente de movilidad deberá ingresar alrededor de 288 euros, mientras que los oficiales percibirán unos 200 euros.
En total, y teniendo en cuenta que la plantilla no está al completo, el representante sindical estima que la cuantía que el Ayuntamiento debe abonar ahora es de unos 140.000 euros.
«Nos obligan a judicializar todo», se quejó Víctor García del actual gobierno municipal.
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