«Salgo con miedo porque tengo que ir por la carretera»

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de marzo 2025, 23:21 | Actualizado 23:48h.

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A veces no basta con tener una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida señalizada en la calzada. Tampoco es suficiente que no esté ocupada por un vehículo que no acredita esta condición. En muchas ocasiones, la barrera está en la misma zona que se reserva para ellos porque cuando la persona que necesita la silla de ruedas para desplazarse se baja del coche, se encuentra con una acera que es un muro. Y a estos ciudadanos no les queda más remedio que ir por la carretera hasta el paso de peatones accesible más cercano para poder subir a la acera. «El 95% de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida incumple la normativa», se queja Alexis Bethencourt, de la Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias. En estos casos, la persona que va en silla de ruedas baja del coche, comparte la carretera con otros vehículos y luego accede a la acera por donde puede.

¿Qué dice la norma? El artículo 35 de la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, determina que las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida deberán garantizar «el acceso desde la zona de transferencia -el espacio que se deja junto a la plaza de aparcamiento para que la silla de ruedas pueda maniobrar sin dificultades- hasta el itinerario peatonal accesible, de forma autónoma, exenta de obstáculos y segura».

Esto no pasa casi nunca en Las Palmas de Gran Canaria, según la plataforma y la comisión de movilidad del Foro por La Isleta, porque las aceras junto a esas plazas de aparcamiento no tienen rebaje.

«Tengo que ir por la carretera, voy con miedo», explica Yadey Bethencourt, un joven que lleva toda la vida luchando, junto a su padre, por concienciar a las instituciones de que el camino se allana con determinación. La sensibilidad es la distancia entre la ley de accesibilidad y su cumplimiento.

Alexis Bethencourt reclama una aplicación más pensada de la norma. La orden ministerial establece que en los principales centros de actividad de las ciudades debe haber una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida por cada cuarenta plazas destinadas a residencia o lugares de trabajo. «Pues hay sitios en los que ponen las dos plazas reservadas juntas, en vez de pensar poner una en un lado y otra en el otro, de modo que se facilite el desplazamiento en función del destino al que se dirija», expuso.

Pero Yadey no solo encuentra obstáculos en los estacionamientos. La ciudad impone tantas limitaciones a sus ruedas, que termina por enclaustrarlo. «A veces quiero salir con mis amigos y no puedo porque no hay rebajes en las aceras», explica, «como no hay muchos sitios adaptados donde ir, te aísla bastante a la hora de hacer vida social».

A Vicente Eduardo Díaz le pasa lo mismo. Desde que sale de su casa, en el barrio de Casablanca III, tiene que circular por la carretera hasta la zona del centro comercial La Ballena para poder coger la guagua. «Hicimos un estudio de la situación en Schamann y es imposible moverse por allí», expone, «no hay rebajes por ningún lado, te encuentras con socavones, mobiliario urbano y coches aparcados encima de la acera».

Asegura que este diagnóstico es aplicable a otros barrios como La Isleta, el Paseo de San José o Arenales. «Y lo de Tomás Morales hacia arriba es criminal», resume. Asegura que se ha llegado a encontrar con pasos de peatones en los que solo se ha rebajado la acera en uno de los dos lados, de manera que cuando se cruza te vuelves a encontrar de cara con el obstáculo.

Vicente reconoce que las obras de la MetroGuagua han facilitado la movilidad de las personas que necesitan desplazarse en sillas de ruedas al extender plataformas únicas, pero advierte de que hay zonas, como en la parada del Mercado Central, en las que se dificulta el acceso a la guagua, ya que «la rampa se queda en el aire».

Y eso por no hablar de las obras que se ejecutan en los espacios públicos ya que, en muchas ocasiones, no se garantizan las condiciones generales de accesibilidad en los itinerarios peatonales. Vicente es un veterano de la lucha contra las obras que no le permiten desplazarse en condiciones seguras. «Paré dos obras porque las vallas no me dejaban pasar y casi me multan», recuerda.

En los últimos tres años, Alexis Bethencourt ha presentado 103 denuncias verbales por barreras físicas a la movilidad. «Si lo veo yo, lo ve todo el mundo, pero si no te duele, no te quejas», lamenta.

Asegura que se ha sentado a hablar con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, con el Foro por La Isleta, «pero nos dijo que hiciéramos un proyecto nosotros».

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Por si fuera poco, los colectivos ciudadanos se quejan de que desde hace ocho meses no se convoca la Mesa Sectorial de Accesibilidad. «Parece que ya no quedan puertas donde ir a tocar», se queja el portavoz de la plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias.