La revuelta de los locales sociales

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 11 de junio 2023, 02:00

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Una de las herencias envenenadas con las que tendrá que lidiar el nuevo tripartito será la rebelión de algunos colectivos vecinales contra el reglamento de los usos y actividades de los centros cívicos y locales comunitarios que impulsa el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Al tiempo que siguen las negociaciones para construir un pacto de gobierno entre PSOE, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos, en La Isleta se está larvando una nueva confluencia, la de una decena de colectivos vecinales que han decidido forjar su propio pacto, una alianza ciudadana abierta que trata de defender el trabajo vecinal y superar el alejamiento que, a su juicio, les ha impuesto la administración local a partir de la crisis del coronavirus.

La asociación de vecinos Los Rodeos, en La Isleta, fue la activó el altavoz. «Antes de que se constituya la administración público debemos reunirnos para establecer objetivos comunes», rezaba el cartel de la convocatoria, «ha llegado el momento de unirnos el movimiento local y el tejido asociativo en lucha».

A esta primera llamada acudieron una decena de asociaciones de vecinos y de mayores. Fue en la tarde noche del pasado miércoles cuando representantes de La Isleta, Las Coloradas, Guanarteme, Schamann, Hoya de La Plata y Arenales se dieron la mano para empezar a diseñar una estrategia que les permita ser escuchados y que se les tenga en cuenta cuando se diseñan las políticas municipales, más allá de los cauces de participación diseñados desde las instituciones.

«Son muchos los temas pendientes en los barrios, lo que sumado al cierre de los lugares de trabajo, imposibilitando la relación vecinal, las trabas en la comunicación con la administración al imponer la sede electrónica como única forma de relación con las asociaciones, etcétera, han contribuido a aumentar el descontento y al alejamiento social de las instituciones», expone la representante de la asociación de vecinos Ciudad Alta (Avecalta), María de los Ángeles Sánchez, quien apunta la necesidad de que la ciudadanía haga aportaciones a la ordenanza de movilidad y las zonas de bajas emisiones debido a las «lagunas que hay en la normativa».

El listado de quejas es grande, pero hay ya un elemento común que canaliza todo su malestar, el borrador de reglamento de los usos y actividades de los centros cívicos y locales comunitarios que ha redactado el Consistorio y que se encuentra en fase de aceptación de propuestas.

«Se necesita un reglamento respetuoso con el trabajo vecinal, que anime a la convivencia ciudadana y facilite la relación con la Administración», expone María de los Ángeles Sánchez.

La asociación de vecinos que ella representa ha presentado alegaciones el borrador de un reglamento que entiende como «limitante de la libertad de las asociaciones para decidir cómo organizar sus actividades». Y lo define, en el escrito de alegaciones, como «un reglamento intervencionista, burocrático, desilusionante, que conforma la percepción que tienen los colectivos desde hace años de que al Ayuntamiento no le interesa la existencia de un movimiento vecinal organizado, fuerte, independiente, lo quieren sometido a su criterio político».

Como ejemplo de lo que denuncia, expone su caso personal: «Después de la pandemia, Avecalta todavía no ha podido reabrir el espacio en el que trabajábamos en el centro cívico de Escaleritas», denuncia.

El Consistorio, en el preámbulo de su reglamento, señala la existencia de «malas praxis» en muchos espacios de titularidad pública como «instalación de cantinas sin autorización municipal, alquiler de espacios para celebraciones, juegos con premios en dinero, problemas de convivencia entre las asociaciones cesionarias de un mismo local, etcétera». Por eso, cree que es necesario ordenar la actividades que se desarrollan en estos centros y regular su cesión.

Sin embargo, para los colectivos vecinales este argumento es solo una justificación para debilitar al movimiento asociativo. «Quieren despojar a los colectivos de los locales sociales», asegura José Antonio Martín Mesa, de la asociación de vecinos Los Rodeos.

En la misma línea se manifiesta el escrito de alegaciones de Avecalta, que señala que si se ha producido algunos de los hechos denunciados en el preámbulo del reglamento de uso es responsabilidad de administración por no especificar que esas actuaciones eran ilegales; por no actuar de forma inmediata para eliminarlas, «sino que las consintió durante años»; y por no atender las peticiones de apoyo económico de las asociaciones.

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En estos momentos, en Las Palmas de Gran Canaria están en uso 15 centros cívicos, 43 locales sociales, 6 centros culturales y otras dos pequeñas dependencias de titularidad municipal.