El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Granadilla de Abona investiga a una persona por la presunta comisión de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud público y concurriendo notoria importancia. Este individuo fue rescatado en alta mar flotando en el agua después de que se averiara la lancha en la que navegaba y quedaran en la superficie las decenas de fardos de cocaína que transportaba.
Los hechos ocurrieron el 4 de marzo de 2025, cuando Salvamento Marítimo rescató a Y. H. H. y a otro individuo llamado C. G., ambos agarrados a una lancha que estaba a punto de hundirse a cinco millas de la costa del Porís de Abona, en Tenerife. Muy cerca del lugar del rescate, los servicios de emergencia encontraron 88 fardos de cocaína flotando en el mar, con un peso total aproximado de 2.000 kilos y un valor en el mercado ilícito estimado en más de 62 millones de euros.
Durante su declaración ante la autoridad judicial, Y. H. H. explicó que había pilotado la lancha desde Fuerteventura hasta Tenerife por encargo de un hombre que respondía a las siglas D. R. Este último supuestamente le prometió un pago de 300 euros por entregar la embarcación a una persona identificada como L., quien debía subir a bordo en alta mar cerca de la costa tinerfeña.
Aunque Y. H. H. afirmó inicialmente que la lancha estaba vacía, la magistrada consideró que hay indicios suficientes para sospechar que la droga había sido transportada en esa embarcación. La investigación indica que la lancha se hundió debido al exceso de peso provocado por los fardos de coca.
Además, ambos detenidos admitieron tener conocimiento de rumores sobre que D. R. estaba vinculado al tráfico de drogas. A pesar de ello, aceptaron realizar el encargo, posicionándose en coordenadas específicas cerca de la costa de Tenerife en espera del contacto con L., lo que sugiere una participación consciente en una operación organizada de tráfico de drogas.
La magistrada María Medina Pérez dictó la prisión provisional comunicada y sin fianza para Y. H. H. argumentando el alto riesgo de fuga debido a la gravedad del delito, que podría conllevar penas superiores a los nueve años de prisión. Además, destacó la posibilidad de destrucción u ocultación de pruebas.
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