La magistrada María Gabriela Ramos Sáenz fue tajante con Daniel Besay A. C., acusado de un delito de maltrato animal: «No acabo de llegar a este juzgado, llevo 17 años aquí y tengo mucha memoria. Para evitar una posible nulidad y aunque pienso que es una maniobra para dilatar el procedimiento, suspendo la vista, pero no se admitirán más renuncias». De esta forma resolvió la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de la capital grancanaria el juicio que se iba a celebrar este martes contra un vecino de Arucas que se enfrentaba a un año de prisión por maltratar a su perro Mimosín.
Este individuo se encuentra preso al acumular dos condenas, una por violencia de género y otra por quebrantamiento, y fue trasladado desde el centro penitenciario hasta sede judicial para enfrentarse a un procedimiento que nació en noviembre de 2021.
La sorpresa llegó cuando empezó la vista oral en la que, supuestamente, se iba a ratificar un acuerdo de conformidad alcanzado minutos antes entre su letrado, la fiscal delegada de Medio Ambiente, Clara Serrano y la abogada de la acusación particular, Mayte Bautista. Se trataba de un reconocimiento de hechos en el que aceptaba ocho meses de cárcel y el pago de los gastos veterinarios del perro. Antes de empezar, Daniel Besay A. C. manifestó a la magistrada «de forma sorpresiva e inopinada», como definió la autoridad judicial, que no confiaba en su abogado y que quería cambiarlo por otro.
María Gabriela Ramos Sáenz, visiblemente molesta con la actitud del acusado, le respondió que era una «casualidad» que alegara «tener medios para contratar otro abogado el mismo día del juicio y después de media hora de conversaciones entre su abogado y las acusaciones. Una postura que secundó la fiscal, quien dedujo que esa «designación extemporánea de nuevo letrado» solo tenía como objetivo «dilatar el procedimiento», una tesis a la que adhirió Maite Bautista. De forma paralela, el abogado de Daniel Besay A. C., abochornado por estos hechos, anunció que renunciaba a su defensa, lo que obligó a la autoridad a suspender la vista, pero advirtiendo que la misma se celebrará la próxima semana, sin más demora.
Los hechos objeto de acusación se produjeron en la calle Guayre, en el barrio de Cardones, durante los años 2021 y 2022. En esa vivienda, el encausado mantenía a un perro mestizo, macho, de unos seis kilos, de color marrón atigrado, al que llamaba Mimoso, sin censar ni vacunar.
El 19 de noviembre de 2021 una vecina denunció al Ayuntamiento de Arucas la situación en la que se encontraba el can, que vivía en la azotea de la vivienda en condiciones deplorables, sin acceso a alimentos ni agua y rodeado de heces sin limpiar, de las cuales se alimentaba. La veterinaria municipal confirmó estos datos, aunque no se inició ningún expediente administrativo en ese momento.
El 2 de febrero de 2022, la misma vecina alertó al 112 tras presenciar y grabar un vídeo donde se observaba a una persona agrediendo a este animal en la azotea, oyéndose al perro llorar y quejarse. Ante la falta de respuesta inmediata de la policía, la mujer contactó con la Asociación 7 días por 7 vidas que notificó los hechos a las autoridades.
La entidad de protección animal presentó el vídeo grabado ante la Guardia Civil de Arucas y en el mismo se veía al acusado, presuntamente agrediendo al perro. Aunque en su declaración negó haber maltratado al animal, se reconoció como la persona del vídeo.
El 4 de febrero de 2022, una veterinaria acompañada por el Seprona inspeccionó la vivienda y encontraron a Mimoso asustado y esquivo, aullando por miedo al intento de acariciarlo. Al día siguiente, el perro fue llevado a la clínica veterinaria 'Vidanimal', donde se diagnosticaron múltiples lesiones graves. Mimoso -ahora renombrado Mimosín- fue evaluado por una perito que determinó que las lesiones y el trauma que padecía eran resultado de un maltrato continuado, describiendo la situación como una amenaza para la vida del animal.
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