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Ni radares móviles, ni fijos. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria denuncia que no puede realizar controles de velocidad en la ciudad debido a que como no han pasado la inspección obligatoria, no pueden ser utilizados. «Desde finales del mes de septiembre, los tres radares móviles se encuentran inoperativos al no haber pasado la inspección obligatoria y, desde finales del año 2023, todos los radares ubicados en los pórticos de la Avenida Marítima se encuentran fuera de servicio, bien por no pasar la inspección obligatoria o por estar averiados y no haber sido reparados», expone la plataforma policial que ha declarado el conflicto laboral por la falta de respuesta a sus requerimientos.
Las Palmas de Gran Canaria registra cada año una cifra algo superior a los 1.900 accidentes de tráfico (unos cinco al día) y la Policía Local impone alrededor de 30.000 sanciones por comportamientos improcedentes en las vías de titularidad municipal.
De ellas, una parte tiene su origen en la conducción a velocidad excesiva. Pero ahora no se podrá realizar controles porque los cinemómetros no han pasado la verificación obligatoria que impone la orden que regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida. Esta norma fija periodos distintos de revisión para cada tipo de antena y establece que «transcurrido el plazo para que un instrumento de medida tenga que ser objeto de verificación periódica, este no podrá ser utilizado (...) hasta que no la supere».
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Javier Darriba
En estos momentos, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene nueve radares de control de tráfico: seis fijos en la autovía y tres móviles.
Los seis de la autovía han ido 'apagándose' poco a poco: primero fue el ubicado en el kilómetro 2 Sur-Norte, vencida su operatividad desde 2018; le siguieron los de los puntos kilométricos 1,3 y 3, Norte-Sur, sin verificación desde 2021; luego le tocó a otro del turno al del kilómetro 2, Sur-Norte, invalidado desde 2023; y, por último, los instalados en los puntos kilométricos 6,6, Norte-Sur, y 5,5, Sur-Norte-, que dejaron de vigilar en marzo y enero de 2024, respectivamente, según la información que aporta la Policía Local.
«La instalación de los radares en la Avenida Marítima data del año 2000 y vino a atender la necesidad urgente de reducir el número de accidentes graves en dicha vía, en las que las estadísticas de mortalidad eran muy elevadas», recuerdan los policías, «por tanto, a día de hoy, la situación vuelve a ser la misma que hace más de 20 años, lo cual, unido a la ausencia de radares móviles operativos, repercute directamente en la seguridad del tráfico de toda la ciudad y no hace más que evidenciar una vez más la ineficaz gestión del área de Seguridad y Emergencias».
La plataforma policial en conflicto, integrada por la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CC OO), Unión General de Trabajadores (UGT) Y el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB), recuerda que «los radares tienen una función preventiva, coartan a los conductores de superar los límites, pero es que con ellos también se persiguen delitos contra la seguridad vial por exceso de velocidad».
El mantenimiento de estos radares fijos corresponde a la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Fuentes del área indicaron que se está trabajando en la licitación del servicio, aunque las carencias de personal dificultan su tramitación.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria intentó depositar en la empresa pública Sagulpa la responsabilidad de realizar las revisiones de las antenas, pero finalmente la atribución nunca se llegó a formalizar.
En cuanto a los cinemómetros móviles, la revisión de uno venció en noviembre de 2023, mientras que pasó lo mismo en los otros dos entre agosto y octubre de 2024, informa la Policía Local.
El mes pasado, por tanto, fue cuando se produjo el apagón total, salvo en el caso de la circunvalación, donde los radares desplegados, que dependen de la Dirección General de Tráfico (DGT), sí están operativos.
Desde el área de Seguridad, no obstante, se asegura que uno de ellos está operativo y que «el resto se va a ir incorporando en los próximos días una vez sean calibrados ya que a final de año siempre se hace este proceso». También se informa de que está en licitación un contrato para la reparación y mantenimiento de los radares por 72.281 euros y un plazo de 4 años. El plazo para presentar las ofertas finaliza el próximo viernes.
Los agentes consideran «incomprensible» que la dirección de Seguridad y Emergencias, ubicada en Miller Bajo a escasos metros de la unidad del Radar, «no haya hecho una previsión del estado en el que se encuentran estos dispositivos».
Además, indican que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha solicitado el radar móvil de la DGT, «por lo que parece que está en otro municipio».
Para la plataforma sindical, esto se suma a otras carencias «derivadas de una gestión negligente» que tiene su ejemplo en la problemática de los sprays de autodefensa. Los policías denunciaron que estaban caducados, pero desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se respondió que no caducaban. «Es totalmente falso y es una muestra más del desinterés y la irresponsabilidad que emanan de la Administración», responden ahora, «los sindicatos demandan un giro de 180 grados en la Policía Local, para que los agentes puedan trabajar con medios adecuados a la octava ciudad más grande de España».
«No se puede presumir de que han bajado los hechos delictivos cuando la plantilla no tienen medios adecuados para perseguir los delitos», sentencian.
A petición del PP, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, destacó el esfuerzo del grupo de gobierno por «intentar mejorar el trabajo que ellos realizan y el servicio que se presta a la ciudadanía», si bien no entró en la polémica.
Por su lado, el concejal popular Ignacio García Marina denunció también los problemas que hay con los retrasos en el pago de las horas extraordinarias -que están limitadas por ley- y con las prácticas de tiro obligatorias que tienen que pasar los policías.
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