Le piden 25 años de internamiento por dar una paliza a su padre y asesinar a su abuela en Jinámar

La Audiencia de Las Palmas juzgará la próxima semana a un hombre que se enfrenta a una condena de 25 años de internamiento para su atención sanitaria por supuestamente dar una paliza a su padre y asesinar a puñaladas a su abuela en la casa en la que vivían, en Jinamar en 2022.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el acusado, E.J.R.C., «sufrió una psicosis tóxica que alteró su percepción de la realidad, anulando sus capacidades cognitivas y volitivas«, motivo por el que tiene en cuenta en su acusación la eximente completa de enajenación mental.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del 19 de abril de 2022, cuando el procesado empleó un objeto contundente para propinar a su padre «varios golpes en el rostro» para, a continuación, dirigirse a otra dependencia de la vivienda, donde se encontraba su abuela, y asestarle varias puñaladas con un cuchillo y una tijera y propinarle a su vez varios golpes hasta causarle la muerte, indica el escrito de la acusación pública.

La Fiscalía interesa que se considere la circunstancia agravante mixta de parentesco para el acusado, que cuenta con antecedentes penales por delitos de hurto, robo y de maltrato familiar, con sentencias dictadas por hasta cuatro juzgados del archipiélago.

En su escrito, el Ministerio Público pide que se imponga al acusado una condena de cinco años de internamiento para tratamiento médico o de educación especial en establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración física que presenta por un delito de lesiones, así como la prohibición de acercarse y comunicarse con su padre por tiempo de diez años.

Además, otros veinte años de internamiento para tratamiento médico o de educación especial por el delito de asesinato de su abuela.

Igualmente, el fiscal de la causa solicita una indemnización al padre del acusado por valor de 1.054 euros por las lesiones que sufrió en el ataque y de otros 6.800 euros por las secuelas, mientras que a los herederos de la difunta tendrá que abonar en concepto de responsabilidad civil la cantidad de 100.000 euros por su fallecimiento.

El acusado se encuentra privado de libertad por estos hechos desde el 19 de abril de 2022, anota la Fiscalía.

El juicio por estos hechos, ante el tribunal del Jurado, se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

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