La acusada, junto a su letrado Rafael Jiménez de Oliva.F. J. F.
Pena de nueve meses al no acusar por trata de seres humanos
Tribunales ·
La fiscal retiró la acusación sobre una encausada y rebajó la de otra. Favoreció a dos mujeres su llegada y estancia ilegal en la isla para ejercer la prostitución
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó de conformidad a una venezolana a nueve meses de cárcel por la comisión de un delito de inmigración ilegal por favorecer la llegada a Gran Canaria de dos compatriotas suyas. La Fiscalía le pedía cinco años de prisión ya que la acusaba también por un delito de trata de seres humanos, aunque finalmente retiró los cargos y acordó con su letrado Rafael Jiménez de Oliva una importante reducción de la pena.
Otra mujer también había sido acusada en este procedimiento, pero la fiscal Teseida García renunció a ejercer acción penal en su contra tras la declaración de las dos testigos protegidas que depusieron en la vista oral.
Estas mujeres manifestaron que habían contactado con la ahora condenada para venir a Gran Canaria para ejercer la prostitución en un inmueble conocido como La mansión azul, ubicado en la calle Pío Coronado del barrio de Schamann. Todo lo gestionó la condenada en marzo de 2019 y «movida por el ánimo de lucro», destacó la representante del Ministerio Público.
Añadió esta parte que la encausada contactó mediante WhatsApp con las referidas testigos protegidas que se encontraban en República Dominicana y facilitó la entrada de las mismas en España «a sabiendas de que incumplían las normas sobre entrada en el territorio nacional y que, una vez en el mismo, quedarían en situación irregular en España». Para posibilitar la llegada de las víctimas a la isla, la acusada compró los billetes de avión, seguro y un alojamiento turístico «creando la apariencia de que las víctimas entraban en el país con la condición de turistas».
La mujer condenada consiguió el consentimiento de las víctimas para ser trasladadas a España «aprovechándose su falta de recursos económicos», pues ambas procedían de Venezuela, un «país en el que existe una actual situación crítica que obliga a sus nacionales a emigrar a otros países con la finalidad de conseguir ingresos para subsistir y ayudar a sus familiares a cubrir sus necesidades más básicas, como alimentación y medicinas», destacó Teseida García.
Una de las víctimas mantenía económicamente a su padre, su madre, su hermana y su sobrina, ya que con los ingresos que estos generaban en Venezuela no les alcanzaba para vivir. Mientras, la otra era el sustento económico de su madre y su abuela enferma, lo que la llevó a emigrar para garantizar su propia subsistencia y la de su familia mediante el envío de dinero suficiente para cubrir sus gastos medicinales».
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