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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está tratando de salvar el servicio público de préstamo de patinetas eléctricas, bautizado como Sítyneta, afectado por una sentencia que anuló su creación por parte de la Concejalía de Movilidad ya que se trata de una competencia exclusiva del Pleno de Las Palmas de Gran Canaria. Para garantizar el mantenimiento del servicio y dar cumplimiento a la sentencia, el grupo de gobierno ha propuesto elevar al Pleno la propuesta anulada «al objeto de que subsane la falta de competencia y, en consecuencia, apruebe el encargo a Sagulpa (Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria) para que asuma la gestión directa de los patinetes eléctricos de alquiler en Las Palmas de Gran Canaria».
La decisión trata de poner fin a la situación de inseguridad jurídica en que se ha movido el servicio desde que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de Las Palmas de Gran Canaria anuló el encargo a Sagulpa ya que Sítyneta no ha dejado de funcionar en ningún momento, a pesar de que su creación fue anulada.
134.678 euros es la pérdida contable del servicio público de préstamo de patinetas de Las Palmas de Gran Canaria, Sítyneta, durante el año 2024, tal y como reflejan las cuentas de Sagulpa.
El servicio de Sítyneta fue atribuido, de manera provisional, a Sagulpa por parte del concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, en septiembre de 2021.
Aquel encargo fue recurrido por la que entonces era portavoz del grupo municipal del PP, Pepa Luzardo, quien denunció que la resolución no contaba con la declaración de servicio público previa y, además, no se acompañaba de ningún informe jurídico que aconsejara la adjudicación directa a una empresa municipal, «sin justificar los enormes costes que ello supondría».
Su recurso de reposición fue rechazado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, lo que hizo que Luzardo interpusiera un recurso contencioso-administrativo contra esa decisión, ya a fines de enero de 2022.
El procedimiento judicial sufrió varios retrasos por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la hora de entregar el expediente administrativo. Así, en marzo de 2022 se requiere por segunda vez que traslade toda la información, con la advertencia de que en caso de no efectuar sus alegaciones, se impondría al responsable una multa coercitiva de 300 a 1.200 euros cada veinte días.
Tras entregar la documentación, el 30 de noviembre de 2022 el Juzgado emite una sentencia que da la razón a Pepa Luzardo. El magistrado entendió que la resolución de atribución del servicio público de patinetas a Sagulpa incurría en un vicio de nulidad radical debido a que se atribuyó una prerrogativa sobre la que no era competente. «La incompetencia del concejal para la creación del servicio público de patinetes eléctricos de alquiler de Las palmas de Gran canaria es manifiesta, determinando la nulidad de la resolución», indicaba el magistrado a fines de 2023, «poco importa que la Corporación municipal defienda que se trata de un proyecto de servicio público cuya consolidación final está a expensas de los datos que recabe Sagulpa durante la duración de aquél».
La sentencia devino firme en enero de 2024 pero nunca tuvo mayores repercusiones y la prestación del servicio se siguió realizándose, vinculándola a la Sítycleta. Por eso, Luzardo solicitó la ejecución forzosa de la sentencia en febrero de 2025, a lo que respondió el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el procedimiento que este viernes aprueba en la comisión antes de su remisión al pleno de fin de mes.
El Ayuntamiento entiende que al residenciar en el Pleno el encargo a Sagulpa de la gestión directa del servicio de préstamo de patineta pública no solo se da cumplimiento a la sentencia de 2023, sino que también se dota de respaldo jurídico al servicio, que seguirá prestándose en la ciudad desde la gestión pública.
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