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Acaba el pleno extraordinario de Las Palmas de Gran Canaria
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La que sí salió adelante fue la primera ordenanza reguladora del servicio de saneamiento y vertidos al alcantarillado, que fija el cobro de una tarifa proporcional al volumen de la actividad contaminante. Hasta ahora, este servicio se venía prestando de forma indirecta por parte de Emalsa y se repercutía a los abonados con la misma cantidad, sin importar si el usuario es un vecino o una empresa.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó esta nueva norma después de que en el pleno de marzo se dejara sobre la mesa ante la incertidumbre que había provocado la redacción de la ordenanza. En concreto, había dudas de si la obligación de que los edificios tengan una red separativa de pluviales y residuales solo afectaba a las nuevas edificaciones o a todos los inmuebles.
Lo que decía la norma era que los edificios dispusieran de esta separación «con el propósito de proteger los recursos hidráulicos, preservar el medio ambiente, velar por la salud de los ciudadanos y de los trabajadores de los servicios correspondientes, así como asegurar la mejor conservación de las infraestructuras de saneamiento». Y daba dos años para hacerlo.
Como consecuencia de estas dudas, la Unidad Técnica de Aguas ha emitido un informe aclaratorio que indica que «únicamente existe obligatoriedad en la modificación de las conexiones ya existentes a red en el caso de que se vaya a proceder a la ejecución de obras, bien sean de nueva construcción, reforma o modificación relacionada directamente con las redes de evacuación de aguas, entendiéndose como tal la ejecución y construcción de nuevas edificaciones de cualquier tipo y destino, la modificación y reforma de las ya existentes y a las nuevas solicitudes de conexión al alcantarillado que procedan, debiéndose ajustar a los artículos de esta ordenanza».
Las industrias además deberán contar con una tercera tubería para evacuar las aguas que se utilizan en sus procesos fabriles.
En Las Palmas de Gran Canaria el 80% de las redes es unitaria (pluviales y residuales).
La concejala de Aguas, Inmaculada Medina, indicó que el propósito de la propuesta es velar por el medio ambiente y asegurar la mejor conservación de las infraestructuras de saneamiento.
La revisión técnica del texto fue considerada la prueba de buena voluntad del gobierno local. La edila aseguró que no es necesario cambiar el texto y defendió la gesitón del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de cara a conseguir la renovación de la red de saneamiento. «Estuvimos parados por la gestión del PP» con Emalsa «y no actualizar las tarifas».
Insistió en que se trabaja en la eliminación del centenar de puntos de negros de vertido que hay en Las Palmas de Gran Canaria.
La edila María Más (PP) reclamó que el informe aclaratorio se incluyera como modificado del texto original con el fin de evitar confusiones y reclamaciones jurídicas. «El Ayuntamiento exige al ciudadano una separativa, pero la red de alcantarillado de la ciudad no está preparada todavía, esto no parece justo», criticó la concejala, «no se puede exigir al ciudadano cuando el Ayuntamiento no ha hecho sus deberes».
Desde Vox no se opusieron a las correcciones introducidas para despejar dudas sobre el alcance de las obligaciones de la norma.
Inmaculada Medina cerró el debate recordando la judicialización de las relaciones con Emalsa en la época de Juan José Cardona como alcalde. «Todos los pleitos se perdieron y es lo que estamos pagando», sentenció.
La alcaldesa, Carolina Darias, expuso que se trae el informe técnico aclaratorio «y nada es suficiente» para la oposición. Considera que se puede discrepar, pero persistir en una actitud «con orejeras» en contra del informe técnico, no tiene sentido.
10:57
Importante
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acordó este viernes dejar sobre la mesa la propuesta de aprobación de las nuevas tarifas del agua como consecuencia de una modificación sustancial de la ordenanza acometida en la fase de exposición pública, que obliga a someter la norma a un nuevo periodo de alegaciones por un periodo de 30 días.
Esto significa que hasta mayo, como pronto, no se podrá empezar a cobrar los nuevos precios, que este año supondrán un ahorro respecto al recibo actual de unos 1,12 euros entre abril y diciembre, y un incremento de 4,68 euros en todo 2026; de 4,8 euros en 2027; de 18,84 euros en 2028; y de 32,52 euros en 2029. Estas cifras están calculadas para un consumo de 12metros cúbicos bimensuales, algo inferior a la media capitalina, que es de 14,5 metros cúbicos bimensuales.
La decisión de suspender la aprobación de la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias del Servicio del Ciclo Integral del Agua en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria se adoptó después de que en el periodo de alegaciones se incluyera un nuevo concepto –alojamiento extrahotelero- como sujeto tarifario en sustitución del de viviendas vacacionales.
Esto hace que al ampliar el concepto, haya que dar trámite de audiencia a otras realidades turísticas, como los apartamentos, las villas, las casas emblemáticas y las casas rurales.
La oferta turística de estos alojamientos, en los que están también las viviendas vacacionales, se enfrenta a un incremento de la factura que se sitúa entre el 102% y el 138% de aquí a 2029. En cinco años, los dueños de estos alojamientos pagarán alrededor de 400 euros más al año por el agua de lo que están pagando en estos momentos.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, detalló que los precios están autorizados por el Gobierno de Canarias antes de hacer un repaso por las alegaciones presentadas contra la ordenanza. El edil aseguró que la exclusión de varios establecimientos extrahoteleros fue un cambio sustancial.
Para el Partido Popular, las tarifas son un «sablazo» que resulta «injusto, discriminatorio e injustificado porque nos sacan el cuero a los ciudadanos para enriquecer un fondo de inversión sueco». Considera positivo que se haya rechazado, al menos un mes, la aprobación del cuadro tarifario y pidió que se reflexionara en este tiempo para retirar la propuesta.
«Un usuario normal va a pagar un 69% en 2029 y el sector extrahotelero un 134% más», explicó, «sube la tarifa de depuración porque el Ayuntamiento deja de subvencionarlo y crean una cuota fija sin contraprestación».
E insistió en que el nuevo listado de precios no contempla mecanismos de asistencia social, pese a que las tarifas tendrán un bono social del agua. «En ningún momento, Emalsa ha demostrado que necesite subir la tarifa del agua porque tiene superávit y, además, no ofrece contrapartidas porque no se compromete a mejorar la red», expuso, «Emalsa no va a poner un chavo». Para evitar el derroche, dijo, «tienen que obligar a Emalsa a modernizar las redes».
Por su parte, el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, apoyó dejar sobre la mesa la propuesta en virtud de la estimación de la alegación de Ascav. En todo caso, se mostró en contra de incardinar el acceso al agua potable y la contaminación para justificar la actualización de los precios. Volvió a criticar la gestión en situación de monopolio por parte de un fondo de inversión sueco. «Se está trabajando en beneficio de consolidar esta injusta situación», señaló.
Estas críticas fueron respondidas por el edil de Hacienda, quien recriminó el lenguaje empleado por la oposición. «Este lenguaje lo utilizan aquellos que cuando están en el gobierno recortan derechos», les espetó, «dejen de estar asustando a la gente».
Insistió en que el 80% de los vecinos que consuman menos de 20 metros cúbicos no van a tener ninguna subida. «Ustedes quieren mantener la situación preexistente en la ciudad, con las tarifas de 2009, que no se pague alcantarillado como sí se hace en todas las ciudades de España porque es un deber contribuir al sostenimiento de los servicios públicos», argumentó.
Reconoció que se sube mucho en hoteles y viviendas vacacionales, que han tenido pingües beneficios y han pagado cantidades irrisorias, soportando el resto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Y también defendió la bonificación que se aplicará «en beneficio de los que menos tienen». En contraposición, acusó al PP de defender solo a los empresarios, sin que deban contribuir de manera equitativa.
Defendió el papel de Emalsa. «También es el Ayuntamiento porque tiene el 34% de las acciones», expuso, «con esta reforma, Emalsa no recibe más recursos, solo que ahora se redistribuye lo que antes ponía el Ayuntamiento».
Esta intervención promovió la participación del portavoz de CC, David Suárez, quien recordó todo lo que la ciudad ha pagado a Emalsa. «Esta ordenanza demoniza al sector empresarial, que también es parte de la ciudad», expuso antes de criticar la falta de consenso de la propuesta.
Vox, en cambio, insistió en que «este gobierno ha trabajado duramente en favor de los intereses de Emalsa y el fondo de inversor sueco». Cree que se podría haber usado la negociación de las tarifas para cambiar el peso del sector público en el accionariado de la compañía.
Luego intervino Jimena Delgado-Taramona, quien no ve mal que el Ayuntamiento evite el pago de las nuevas tarifas mediante su aportación directa. Echa en falta un análisis que no beneficie a los socios privados de Emalsa (66%).
El debate lo cerró Hernández Spínola advirtiendo que la expropiación de las acciones de Emalsa que propone Vox no está justificada desde el punto de visto legal. Criticó al PP por no aportar datos y justificó las nuevas tarifas para mejorar el servicio.
Antes de la votación, la alcaldesa Carolina Darias rebatió que hubiera familias que se quedaran sin ayuda social tras haberla pedida en el Ayuntamiento, así como que Emalsa vaya a percibir más. «Lo que destinamos a subvencionar a las empresas lo destinaremos a inversiones», señaló, «esta actualización de las tarifas se hace pensando en las familias».
Recordó que otras ciudades tienen también gestión mixta. «Y el Ayuntamiento va a velar siempre por el interés general», insistió la regidora socialista, quien pidió a la oposición que no falte a la verdad.
10:25
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tomado conocimiento de varias sentencias judiciales que anulan la modificación del Plan General de Ordenación en Tamaraceite Sur por la cual se generaron dos parcelas que hoy ocupan el centro comercial Alisios y el supermercado Lidl.
El concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, detalló que la segregación de parcelas se efectuó en 2014 y que las sentencias señalan que no se debía haber cambiado las edificabilidades. Por eso, hay que revertir la situación al planeamiento anterior.
Desde el PP, Gustavo Sánchez explicó que Geursa hizo la segregación, luego se enajenó y una empresa la adquirió, produciéndose transferencias de edificabilidad entre las dos parcelas, que están colindantes. «El Gobierno de Canarias ya alertó de esta circunstancia en 2016», recordó, «hay que volver a las determinaciones de 2012 pero ahora tenemos una realidad física que no tiene cobertura». Advirtió en que puede derivar en reclamaciones que cuesten dinero a los contribuyentes. «La modificación en sí misma no tenía nada malo porque iba a traer empleo, pero el problema ha sido la tramitación», explicó.
El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez Almeida, inquirió si se han tomado medidas para evitar que esto vuelva a suceder. Preguntó qué importe va a suponer la condena en costas para el erario público.
Desde CC, David Suárez pidió que se aclarara si esto va a suponer que haya que pagar indemnizaciones por parte de Las Palmas de Gran Canaria.
En su segundo turno de palabra, Mauricio Roque detalló que las costas son 15.352 euros de los tres procedimientos. Dijo que en 2014 se hizo la segregación y subasta, esto es, en mandatos del PP, y que en 2015 se inició la modificación del planeamiento. «Fue una realidad que crearon ustedes y no estaba justificada la creación de las dos parcelas», señaló el responsable municipal de Urbanismo.
De momento no ha habido reclamaciones contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por estas tres sentencias.
10:05
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes la plantilla de 2025, en la que destaca el gran número de plazas vacantes que tienen los cuerpos de seguridad: tanto en el Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) como en la Policía Local hay 190 vacantes.
Lógicamente, al tener menos plazas, el servicio de Bomberos nota más estas plazas sin cubrir. El SEIS tiene en el presupuesto una plantilla de 319 plazas, pero solo 129 están ocupadas por sus respectivos titulares. Esto supone que un 59,6% de la plantilla está sin cubrir.
Aquí las mayores carencias son las de bomberos especialistas, que está dotada con 108 plazas sin cubrir ni una. En cuanto a los agentes, de las 135 plazas previstas, están ocupadas 103.
En el caso de la Policía Local, de una plantilla prevista para 677 profesionales, están ocupadas 487 plazas, lo que supone un porcentaje de plazas sin cubrir del 28%. En el caso de los agentes que patrullan las calles, de los 578 con que se dota el cuerpo, hay 438 en activo, mientras que 140 huecos están pendientes de asignar.
Por último, los agentes de movilidad cuentan con 32 efectivos de las 41 plazas que tiene este servicio. Aquí lo que pasa es que todos están como interinos. Ahora están pendientes de que puedan ingresar en el cuerpo de la Policía Local y desaparezca el cuerpo de agentes de movilidad.
Las carencias de agentes, que reducen todos estos números con libranzas, bajas y pases a labores administrativas, son una de las causas principales de que el Ayuntamiento tenga que recurrir a horas extraordinarias para conseguir cubrir todos los actos que requieren de su presencia en la ciudad. Esto no siempre se logra, máxime ahora en una situación de conflicto laboral abierto, lo que hace que el gobierno recurra a operativos con refuerzos de seguridad privada para la asistencia al Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Canaria y la propia Policía Local.
En el caso de bomberos, se traduce en el cierre frecuente de diferentes parques zonales.
10:04
Importante
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha evitado este viernes que la nueva tasa de residuos se tenga que someter a una nueva fase de exposición pública de 30 días, lo que impediría cumplir con la obligación de tenerla aprobada el 10 de abril, tal y como fijó la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular en el año 2022.
La Secretaría General del Pleno había advertido, en la tarde del jueves, de la necesidad de que el centro gestor se pronunciase sobre si había que exponer la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos a una nueva fase de alegaciones después de que el Ayuntamiento aceptase una alegación, en la tramitación pública anterior, que imponía un cambio en las bonificaciones a las familias numerosas. Este cambio consistía en restringir los descuentos previstos para todas las familias numerosas a solo aquéllas que residieran en domicilios cuyo valor catastral sea inferior a los 75.000 euros.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aceptó la propuesta de cambio hecha por una vecina porque la vinculación al valor catastral del domicilio habitual evita« situaciones paradójicas, como la que se describe, donde una familia numerosa en una vivienda lujosa pagaría menos que hogares pequeños en inmuebles modestos. Al escalar la bonificación según el valor catastral, se prioriza el alivio fiscal para quienes realmente lo necesitan».
Lo que había que determinar es el alcance de este cambio es sustancial o no. El Tribunal Supremo, en el año 2020, determinó que «con carácter general , el hecho de que a lo largo de la tramitación del procedimiento de elaboración de una norma se produzcan cambios con respecto a la propuesta originaria es algo connatural al procedimiento administrativo. Cuestión distinta es la referida a la necesidad de repetir el trámite de audiencia cuando las modificaciones introducidas sean tan sustanciales que modifiquen de forma muy relevante el contenido de la norma», como advirtió la vicesecretaria del Pleno.
Un informe del jefe de servicio de Tributos, emitido una hora antes del inicio del pleno, concluía que la modificación «forma parte de los ajustes connaturales al procedimiento normativo y no constituye una modificación sustancial, en cuanto no desvirtúa la propuesta inicial». A esto se agarró el grupo de gobierno para continuar con la tramitación de la ordenanza y aprobarla dentro de los plazos.
Aprobada la tasa, las familias de Las Palmas de Gran Canaria empezarán a pagar, a partir de 2026, un tributo que está cuantificado en 149,3 euros. Se trata del quinto más caro de España, según los análisis hecho por la Organización de Consumidores y Usuarios, solo por detrás de Donosti (202,05 euros), Girona (170,8 euros), Barcelona(156,65 euros), Granada (153,72 euros) y Pamplona (145,58 euros).
La ordenanza, no obstante, fija las siguientes bonificaciones:
Viviendas vacías: 108,45 euros.
Personas en exclusión social: en función de las circunstancias personales, pueden evitar el pago o llegar a pagar 134,4 euros al año.
Recibos domiciliados: los contribuyentes que opten por esta modalidad acabarán pagando 141,86 euros.
Familias numerosas: entre 68 y 95,11 euros, pero solo aquéllas cuya vivienda no tenga un valor catastral por encima de los 75.000 euros.
Los que usen el contenedor marrón: entre 147,29 y 148,31 euros.
Los negocios de alimentación que entreguen sus excedentes a entidades de economía social: los supermercados tendrán recibos que oscilarán entre los 250,22 euros y los 523,81 euros; los restaurantes, entre 911,33 euros y 462,67 euros; y las cafeterías, entre 282,14 y 185,08 euros.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, detalló las razones que motivaron la desestimación de las alegaciones y recordó que ninguna tuvo en cuenta la necesidad de mejorar el servicio y de orientarlo hacia el principio de que quien contamina, paga.
Defendió la rigurosidad del estudio de costes en que se basa la fijación de la cuantía de la tasa, así como la existencia de bonificaciones para atender a las personas más vulnerables. Y recordó que existe la obligación de tener la tasa por mandato europeo antes del 10 de abril.
En su segundo turno de palabra, Spínola recordó que los impuestos y las tasas «ni son un robo, ni son un castigo, sino una forma de contribuir al estado del bienestar». El edil de Hacienda recordó que Las Palmas de Gran Canaria siempre fue una excepción porque nunca se había pagado la tasa de basura.
El concejal Diego López-Galán propuso dejar la tasa sobre la mesa (PP) porque se han producido modificaciones sustanciales que hacen necesario un nuevo trámite de exposición pública. Se refiere al artículo de las familias numerosas, que ha pasado de estar bonificado de manera generalizado, ahora se topa con el valor catastral de la vivienda. Esto puede haber impedido a potenciales beneficiarios de las bonificaciones presentar sus alegaciones. «¿Cómo no va a ser un cambio sustantivo?», se preguntó.
El edil desmintió que la tasa sea una obligación. «Sí hay que pagar los costes, pero no tiene que ser mediante la imposición de una tasa», expuso, «ustedes no exploraron otros medios porque a ustedes les gusta poner impuestos». López-Galán cree que la tasa no debe imponer todo el coste a los ciudadanos.
Para Vox, esta tasa es «un atraco con la excusa del reciclaje». Alberto Rodríguez aseguró que se trata de un «sablazo» que dan «unos burócratas en Bruselas» con el apoyo de «la alianza del PP y del PSOE». En su opinión, la solución pasa por «dar libertad» en vez de «castigar a las familias con más impuestos porque esto no es un incentivo, es recaudación pura y dura».
En su opinión, se pagará «dos veces por lo mismo» y considera que la rebaja del IBI será «irrisoria» respecto a los 150 euros. Comparó este coste con el de Santa Cruz de Tenerife, que fijó en 77 euros, y lamentó que se ponga una tasa cuando la gestión de Limpieza es «tan desastrosa».
Rodríguez Almeida considera «una chapuza» que se restrinja la bonificación de las familias numerosas con un mismo valor catastral. «Les da igual que en una casa vivan cinco personas o siete personas, no tiene sentido», expuso, «deberían pensar en el número de personas que forman cada familia».
El portavoz de CC, David Suárez, considera que la tasa de basura «es injusta» porque «todos van a pagar lo mismo, reciclen o no». En su opinión, los 150 euros se fijan de acuerdo con un servicio que es costoso por una mala gestión y pese a que «la ciudad sigue estando sucia».
Al final, el edil Hernández Spínola rechazó dejar sobre la mesa la ordenanza y le recriminó al PP no haber bajado el IGIC. Además, defendió que «la ciudad está más limpia y lo va a estar todavía más» con los nuevos contratos. «Queremos buenos servicios y para eso, hay que contribuir de fora moderada, apoyando siempre a los más vulnerables, y eso lo hace el PSOE», sentenció.
La petición del PP de apartar el asunto fue rechazada por el gobierno. Y la creación de la tasa obtuvo el mismo resultado: 15 sí y 13 no.
09:36
Importante
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado de manera definitiva el presupuesto para este 2025. Tras su publicación oficial, la ciudad podrá disponer de la totalidad de los 520 millones de euros que conforman su previsión de gasto.
Esta será la distribución final por áreas:
Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Parques y Sector Primario pasa de gestionar 28,2 millones a 29,92 millones (+6,1%) para aumentar las zonas verdes de la ciudad con 10.000 metros cuadrados nuevos de parques urbanos, 30.000 de zonas ajardinadas y 10.000 en espacios verdes varios, así como licitar el nuevo contrato de mantenimiento.
Seguridad, Convivencia y Cultura tendrá 57,63 millones de euros, un 1,7% más que en 2024. Esta cantidad se distribuye entre Cultura (19,45 millones), Policía Local (28,27 millones), Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (9,57 millones), Protección Civil (120.000 euros) y Seguridad (220.000 euros).Se quiere mejorar los medios de seguridad e impulsar la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a la capitalidad cultural europea de 2031.
Desarrollo Local, Empleo, Solidaridad, Turismo, Movilidad y Ciudad de Mar pierde peso al pasar de 55,98 millones a 52,8 millones (-5,7%). Aunque de esta cantidad, unos 19,3 millones de euros van para Guaguas, la compañía recibirá 4 millones de euros menos que en 2024. Otros proyectos importantes son el nuevo potrero de Jinámar (casi 6 millones) o el aparcamiento intermodal del Centro (unos 3 millones). Además, se destinarán casi 3,7 millones de euro al nuevo contrato de mantenimiento y limpieza de playas.
Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas sube un 15% al pasar de 23,63 millones a 27,19 millones. Aquí el gran esfuerzo será en materia hidráulica (16,4 millones de euros) ya que Carnaval y Fiestas se mantienen invariables con 6,5 millones de euros.
Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Limpieza, Vías y Obras y Alumbrado tendrá que gestionar 176,34 millones de euros, casi un 11% más. De ese dinero unos 5 millones se emplearán en el asfaltado de las calles de la ciudad y algo más de 13 millones son para los macrocontratos de Limpieza.
Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud pasa a tener 48,4 millones frente a los 47 de que disponía en 2024. Aquí suben las partidas para las organizaciones no gubernamentales dentro de un presupuesto social de casi 44 millones de euros.
Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos aumenta casi un 6% para alcanzar una cifra que ronda los 62 millones de euros. Aquí se incluyen 3 millones de euros para la subida salarial del personal municipal , el gasto en recursos humanos o los nuevos servicios de atención telefónica (600.000 euros) y de comunciaciones postales (casi un millón).
Educación, Deportes y Juventud también crece (+6,2%) hasta alcanzar casi los 42 millones de euros. La única partida que crece de las tres es la de Educación (hasta los 23,2 millones de euros) para el nuevo contrato de limpieza de los centros educativos, que va a permitir la apertura de los 63 colegios de la ciudad por la tarde.
El presupuesto general municipal recibió cinco reclamaciones en su contra, de las cuales dos no fueron admitidas a trámite porque exigían la inclusión de una partida propia para el proyecto 'Gran Vía de Las Palmas de Gran Canaria'. Se trata de una propuesta para crear una senda peatonal desde la Alameda de Colón hasta el parque Santa Catalina, que fue aceptada pero recortada por el Ayuntamiento en 2021 al tramo entre Ciudad Jardín y Arenales. Pese a ello, se considera que la actuación no es una exigencia ineludible y, por tanto, se concluye que «no hay omisión indebida del crédito necesario al efecto».
Estas dos alegaciones incluyen también reclamaciones contra la zona de bajas emisiones de Alcaravaneras y por invertir dinero público en la MetroGuagua y la patineta pública. En este caso fueron desechadas porque se trata de meras opiniones disconformes de estos proyectos y, por tanto, no entran dentro de los supuestos que la ley permite para entablar reclamaciones al presupuesto: que la elaboración y aprobación no se ajuste a los trámites legales; que omita créditos necesarios para afrontar las obligaciones del Ayuntamiento; o que se infradoten los presupuestos para los gastos previstos.
Otras tres reclamaciones fueron desestimadas. Una fue presentada por una vecina que consideraba que el presupuesto no contemplaba más que 2,81 millones de euros en infraestructuras hidráulicas cuando el Plan del Ciclo Integral del Agua de Las Palmas de Gran Canaria preveía una inversión de 857 millones de euros entre 2024 y 2034. Al respecto, el jefe de la Unidad Técnica de Aguas le responde que «el total de la inversión a todas luces excede la capacidad de financiación íntegra por parte de este municipio, llevando implícito que el conjunto de actuaciones requerirán un paquete de financiación en múltiples vías: Insular, Autonómica, Estatal, Europea, etc». Por eso, aunque no se detalla una partida específica para el plan, los 2,81 millones de euros irán destinados a cubrir parte de sus previsiones, «en tanto se trabaja en la búsqueda de financiación necesaria para su completo desarrollo».
Otra de las reclamaciones desestimadas fue la presentada por la asociación de vecinos Batán-San Roque. Su presidente, Ramón Montesinos, considera que el presupuesto incumple la obligación de destinar el 2% de su gasto a los distritos. En su opinión, los 3,58 millones de euros previstos quedan por debajo de la exigencia del 2%, que en este caso debería alcanzar los 10,41 millones de euros. Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le responde que el presupuesto destina a los distritos 21,48 millones de euros. A esta cifra llega tras sumar 4,16 millones de los importes a la Seguridad Social del personal de los distritos más el servicio de ayuda a domicilio, que es de 17,3 millones de euros. Por tanto, a entender del grupo de gobierno, se supera la dotación mínima exigible.
La última petición rechazada fue la de otro vecino que denunció la falta de partidas para dar continuidad a los presupuestos participativos, una iniciativa que permite a la ciudadanía escoger los proyectos a acometer en sus barrios. Este sistema se inició en 2018 y todavía quedan algunos proyectos de aquel año sin ejecutar. Al respecto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desestimó su petición porque entiende que « aunque no existe una aplicación presupuestaria específica creada ad hoc para la ejecución de los presupuestos participativos, el crédito necesario para los proyectos aprobados en dichos procesos está integrado en las dotaciones presupuestarias de las áreas competentes. Será responsabilidad de los servicios de cada área ejecutar estos proyectos con los recursos presupuestados para el presente ejercicio, conforme a la convocatoria de los Presupuestos Participativos 2023-2025».
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, detalló las causas del rechazo de todas las reclamaciones y defendió la aprobación del presupuesto, que tiene «un incremento moderado» respecto a 2024, «atendiendo a la situación económica del país y a los presupuestos estatales y autonómicos», así como la aplicación de la regla de gasto. Las cuentas consagran 521 millones de euros de ingresos y 520 de gastos.
El edil socialista aseguró que la propuesta de la gran vía ha sido desechada por Urbanismo y garantizó que los presupuestos participativos están incluidos en las cuentas. Defendió que se está ejecutando el presupuesto de 2025 con el gasto que está realizando el Ayuntamiento en función de la prórroga de las cuentas de 2024.
Spínola puso de manifiesto la importancia de la aprobación del presupuesto para la ciudad. «Es justo y orientado a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria», señaló, «incluye un marco tributario ecuánime», como la reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Para la portavoz del PP, Jimena Delgado-Taramona, «este pleno demuestra que han perdido el norte porque de los dos expedientes más importantes, el tarifazo del agua y el basurazo, uno se tiene que posponer y el otro se debía quedar sobre la mesa». Estos presupuestos «se aprueban tarde y mal», de ahí que dudara de que se pueda ejecutar las cuentas tras perder un trimestre.
«Se sacan la foto con los presupuestos más altos de la historia, pero no son los que necesita la ciudad», indicó la concejala. «Está tan mal presupuestado que ni el proyecto Guiniguada tiene la dotación suficiente, que baja la inversión en seguridad, que dejan 2,9 millones de euros a la MetroGuagua», expuso, «están vacilando a la ciudadanía».
Advirtió que la prórroga del presupuesto estatal pone en peligro las transferencias a cuenta de los fondos comunitarios. «Para tener una ciudad segura, limpia, sin ratas no podemos contar con ustedes y con este presupuesto», sentenció.
Desde Vox, Alberto Rodríguez reiteró el informe de la Intervención General en cuanto al aumento de la participación de los tributos del Estado, que son meras estimaciones «que no tienen sustento legal alguno» porque los presupuestos estatales están prorrogados. Planteó sus dudas en que se pueda mantener el equilibrio presupuestario en caso de que no se materialicen las previsiones de ingresos, que podrían suponer un desvío del 37% en materia de ingresos. «Son los presupuestos más grandes porque menguan el bolsillo de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria», criticó.
En su opinión, los presupuestos están desconectados de las necesidades de los vecinos, algo que ejemplificó en la reducción de las asignaciones a los distritos. «Y seguimos financiando el disparate de la MetroGuagua», añadió.
El concejal de CC, David Suárez, centró sus críticas en la falta de inversiones en política hidráulica y la falta de dinero para los presupuestos participativos. El edil nacionalista también apuntó que hay «un grave problema con los presupuestos del Estado» y advirtió del «hartazgo» vecinal por que no se les hace caso cuando presentan alegaciones o reclamaciones.
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