«Que pague lo que nos hizo a nosotros y que no se lo haga a nadie más»

La familia de Jerez de La Frontera que vive en un barco en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria después de que fuera objeto de una presunta estafa con la vivienda que querían alquilar se personó este jueves en los tribunales para ratificar la denuncia presentada contra la persona que les alquiló el techo bajo el que nunca llegaron a cobijarse. Fue el mismo individuo que los derivó al barco semirruinoso en el que han vivido desde la madrugada del 12 de junio. La pareja, los cuatro hijos y el perro pasaron del aeropuerto al pantalán pese a que habían pagado por una casa.

«Esperamos que esa persona pague y que lo que nos ha hecho a nosotros, no se lo haga a nadie más», decía la afectada, Shirley Correia. «Ahora tenemos que confiar en la justicia», añadió.

Aparte de ratificar su demanda, los afectados también decidieron este jueves ampliar su denuncia y extenderla a la dueña del barco en el que estuvieron un tiempo recluidos, desde el momento en el que les anularon las tarjetas que dan acceso al pantalán. El abogado de la familia, Jesús Alexis Bethencourt Rosillo, detalló, a la entrada del juzgado, que iba a interesar la práctica de pruebas complementarias porque «entendemos que pudiera haber más personas implicadas».

En concreto, y «siempre respetando la presunción de inocencia, creemos que la propietaria del barco tiene algo que ver en todo esto, fue la persona que al día siguiente que dejamos de pagar a aquel que dice que no estaba autorizado para alquilar, la propietaria aparece con los guardias civiles, bloquea las tarjetas de acceso al pantalán y los encierran en una cárcel flotante, sabiendo que estaban dos adultos y cuatro menores».

Las dificultades que tuvieron para entrar y salir del pantalán a consecuencia de este bloqueo impidieron que el padre de la familia supuestamente estafada, José Francisco Fernández, pudiera cumplir con su horario de trabajo y fuera finalmente despedido del empleo que motivó la mudanza de la familia a Gran Canaria.

«Y eso es responsabilidad exclusiva de la propietaria, que además nos produce una pérdida de los puestos de trabajo, del sufrimiento que ha sido todo este mes que estamos viviendo de la caridad, porque no hemos podido buscar un trabajo en condiciones», abunda el letrado.

De la carcel flotante del pantalán ya han escapado. Después de que el barco fuera trasladado a otro punto del muelle deportivo para dejar espacio de atraque libre a la regata ARC, la Autoridad Portuaria ha proporcionado a la familia tarjetas de acceso que les permite ya moverse sin problemas.

En cuanto al laberinto burocrático en que están inmersos para poder empadronarse y acceder a ayudas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también parece que empiezan a ver la salida. Los trabajadores sociales acaban de informar a la familia de que ya no hace falta tramitar un certificado con la Policía Local, que se iba a demorar más de dos semanas, sino que la policía portuaria podría tramitar este documento de forma más ágil, con lo que se acortarían los plazos de empadronamiento.

«La situación va poco a poco», explicó la madre, Shirley Correia, «pero ahora estamos más tranquilos porque tenemos los niños ya escolarizados, ya están en sus colegios».

También han empezado a recibir la ayuda de Cáritas. Las bolsas de comida que les ofrecen vuelan en un barco con seis tripulantes se estiran para llenar los estómagos de tres o cuatro días, pero ella solo tiene palabras de agradecimiento. «Para quienes no tienen nada, poco es mucho».

Mientras tanto, siguen dependiendo de la ayuda externa. Les sigue faltando el material escolar a los niños, pero ya han empezado a buscar trabajo. «Mi marido sale todos los días y en cuanto acabemos de mover los papeles, yo me pondré a buscar también».

• Temas
• Cáritas
• Jerez de la Frontera
• Las Palmas de Gran Canaria
• Alcaravaneras
• Timos y estafas
• Juzgados
• Tribunales