El magistrado Francisco Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, ha decretado el archivo provisional de la causa abierta en relación a la denominada Operación Galenos Canarias. Una investigación desarrollada por la Guardia Civil, que detuvo inicialmente a la propietaria del Centro Médico La Isleta, dos médicos (padre e hijo) y un psicólogo, acusados de haber participado en la presunta falsificación de la firma en 1.149 certificados médicos necesarios para obtener o renovar el permiso de conducción.
En concreto, la investigación se centró especialmente en la figura del presunto médico investigado, el hijo del titular, quien según las diligencias practicadas, habría realizado funciones propias de facultativo en el referido centro médico, sustituyendo la identidad de su padre. Dicha sustitución habría sido realizada con el consentimiento del padre y estuvo motivada, según la tesis de la defensa ejercida por el letrado Miguel Ángel Pérez Diepa y que fue corroborada por la autoridad judicial, por la prolongada demora en la homologación de su título de Medicina obtenido en la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, Cuba.
El auto de archivo detalla que el investigado solicitó la homologación de su título extranjero el 24 de mayo de 2021 y finalmente obtuvo dicha homologación el 31 de octubre de 2024 -mientras se tramitaba la causa-, acumulando una demora administrativa que excedió notablemente el plazo máximo de seis meses estipulado por el Real Decreto que regula este tipo de actuaciones.
Investigación
Hay que recordar que esta Operación Galenos Canarias se inició policialmente después de que el Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Las Palmas realizara unas gestiones orientadas a la posible constatación que, en el período de tiempo comprendido entre los meses de diciembre de 2023 a marzo de 2024, los investigados habían firmado un total de 1.149 certificaciones de aptitud para la obtención o renovación del permiso de conducción por parte del médico; comprobándose que en esas fechas y horarios el mismo, se encontraba -supuestamente- ejerciendo sus servicios médico-profesionales en otro establecimiento.
De las investigaciones realizadas los agentes entendieron que fue el hijo del médico titular, la persona que examinaba a los usuarios, sin contar supuestamente con la titulación ni colegiación exigida. Hay que destacar que esta práctica médica realizada por el investigado no consistía en que determinada si el cliente era o no apto para optar al permiso de conducción, sino solo realizaba las pruebas y el sistema informático de la Dirección General de Tráfico, en base a los resultados, decidía el resultado.
Tras analizar los hechos y las declaraciones de los investigados, el juez Francisco Javier García García-Sotoca fundamenta su decisión señalando que, aunque formalmente hubo una discreta irregularidad al haber firmado los documentos usando la identidad del padre, este hecho no implica una responsabilidad penal por dos razones fundamentales establecidas en el auto. Primero, porque el retraso en la homologación del título extranjero no supone la inexistencia del mismo, un requisito indispensable para que exista el delito de intrusismo profesional según la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo que fue aportada por el letrado Pérez Diepa.
Segundo, porque aunque formalmente la actuación podría considerarse falsaria, no se produjo un perjuicio real para la seguridad vial ni una incorrecta ejecución de la actividad médica, ya que el investigado contaba con la formación médica necesaria y suficiente para realizar los reconocimientos médicos con garantías plenas. Además, no actuó de espaldas a su padre ni con ánimo de engañar ni falsear nada, sino por una cuestión meramente operativa del centro médico.
En consecuencia, el magistrado concluye en su resolución que no concurren indicios suficientes de delito, procediendo al archivo de la causa.
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