La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará, a partir del 12 de mayo de 2025, el juicio contra 19 acusados por su implicación en la gestión y operación del mayor laboratorio de cocaína desmantelado en toda Europa. La Fiscalía sitúa a Gran Canaria como uno de los puntos neurálgicos de esta red internacional de narcotráfico, señalando que desde la isla se dirigían aspectos clave de la logística y la coordinación operativa, según los investigadores de la llamada Operación Caeli. En el epicentro de estas actividades estarían dos grancanarios, Juan Antonio Cabrera Gómez y Cristóbal Jesús Pérez Arenas, considerados por la acusación como los líderes de una organización que conectaba directamente con importantes cárteles sudamericanos.
El caso, descrito como uno de los mayores golpes al narcotráfico en Europa, se centra en el laboratorio clandestino ubicado en Cerdedo-Cotobade, Pontevedra, con capacidad para producir hasta 200 kilogramos de cocaína diarios. Según los investigadores, la droga llegaba desde Sudamérica en forma de pasta base y, tras ser procesada en Galicia, se distribuía en Europa. Sin embargo, el éxito de esta operación no habría sido posible sin la infraestructura estratégica que se desarrolló en Gran Canaria, punto de entrada para los cargamentos y centro de planificación de las rutas.
Base en Gran Canaria
El escrito de acusación de la Fiscalía detalla cómo Cabrera Gómez y Pérez Arenas utilizaban Gran Canaria como base de operaciones. Ambos, residentes en la isla, habrían supervisado personalmente la entrada de cargamentos de pasta base de cocaína en el Puerto de Las Palmas. Estos cargamentos, camuflados en mercancías legales como café o frutas tropicales, eran trasladados a almacenes temporales en la isla antes de ser enviados al laboratorio gallego. La conexión entre el puerto y la organización resultó ser clave para mantener el flujo constante de materia prima.
Droga incautada.
C7
El uso de Gran Canaria no solo estaba relacionado con el transporte. En la isla se celebraban reuniones entre miembros de la red para planificar las rutas y negociar con los proveedores sudamericanos. Según consta en las escuchas telefónicas y documentos incautados, los cabecillas locales tenían contacto directo con los cárteles de Colombia y México, actuando como intermediarios clave para garantizar la llegada de los cargamentos.
Durante los registros realizados en Gran Canaria, las fuerzas de seguridad hallaron pruebas documentales que vinculan directamente a los acusados con las operaciones en Galicia, además de incautar vehículos preparados con compartimentos ocultos diseñados para el transporte terrestre de droga. También se localizaron grandes sumas de dinero en efectivo y evidencias de un entramado financiero utilizado para el blanqueo de capitales.
El laboratorio desmantelado en abril de 2023 en una finca rural de Pontevedra era el destino final de los cargamentos de pasta base que salían desde Gran Canaria. En el lugar trabajaban técnicos especializados, conocidos como «cocineros», que transformaban la materia prima en cocaína de alta pureza lista para su distribución. Según la investigación, este laboratorio clandestino operaba las 24 horas del día, con turnos de trabajo continuos para maximizar la producción.
Durante el operativo, las autoridades incautaron 1.300 kilos de pasta base, 151 de cocaína lista para su distribución y más de 23.000 litros de productos químicos precursores, elementos que evidencian la magnitud de la actividad delictiva.
La Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional también destaca que Gran Canaria no solo fue utilizada como punto logístico, sino que jugó un presunto papel clave en el blanqueo de las ganancias generadas por la red. Empresas pantalla ubicadas en la isla sirvieron para justificar la adquisición de productos químicos y el movimiento de dinero relacionado con el tráfico de drogas.
Estas empresas, registradas bajo nombres legales y operativas a nivel local, ofrecían una apariencia de legitimidad a los movimientos financieros de la organización.
Los registros realizados en Gran Canaria permitieron a los investigadores seguir la pista de transferencias bancarias que conectaban a los cabecillas locales con cuentas en el extranjero, utilizadas para lavar las ganancias obtenidas por el tráfico de cocaína.
En este juicio, que se celebrará ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Ministerio Público acusa a los 19 encausados de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Para Cabrera Gómez y Pérez Arenas, la Fiscalía solicita penas de hasta 18 años de prisión, además de multas que triplican el valor de la droga incautada, estimado en más de 35 millones de euros.
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