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La nueva tasa de basura que tendrán que pagar los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria será de 149,3 euros. Se trata de la cantidad máxima y puede ir disminuyendo si se reducen los residuos mezclados. Así consta en el texto de la ordenanza que acaba de aprobar la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria antes de su remisión a pleno.
La nueva tasa, que se empezará a cobrar en 2026, situará a Las Palmas de Gran Canaria como la quinta capital de provincia española más cara, solo superada por Donosti (202,05 euros), Girona (170,8 euros), Barcelona(156,65 euros), Granada (153,72 euros) y Pamplona (145,58 euros), de acuerdo a un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
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La activación del nuevo tributo es una obligación que impone el Gobierno de España a partir de la trasposición de una directiva europea al marco jurídico español. Esta ley, que establece medidas para la gestión de los residuos sólidos urbanos, impone la obligación de establecer una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributario «específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía».
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Se aplica el principio de que «quien contamina, paga», como explicó este jueves la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria en la presentación de la nueva ordenanza y su tasa correspondiente.
En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el cálculo de la cuota tributaria se compone de una cuota básica (que pagan todas las familias por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos) y otra que se aplica por la generación, que cobra a los usuarios de acuerdo con la cantidad de residuos que generan y cómo los gestionan.
En Las Palmas de Gran Canaria la cuota básica será de 108,45 euros, mientras que la recogida y el transporte se fija en 7,85 euros; y el tratamiento, en 33,03 euros.
La propuesta contempla bonificaciones para pesonas en situación de exclusión social, familias numerosas, por participación en recogidas separadas, así como por domiciliación y anticipo del pago. También se crea una bonificación por reducción del residuo alimentario para las empresas de distribución alimentaria y de restauración que establezcan sistemas específicos para ello en colaboración con entidades de economía social.
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