Ana Isabel de Vega Serrano, magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, ha decretado la apertura de juicio oral contra los seis acusados por el caso Kokorev y fija unas cuantiosas fianzas que suman la cifra de 881 millones de euros. En este procedimiento, el fiscal Anticorrupción acusó a los investigados por blanqueo de capitales e interesó unas penas de ocho años de cárcel y 240 millones de euros de multa para el empresario ruso nacionalizado español Vladimir Kokorev, cinco años y 150 tanto para su esposa Julia Maleeva como para su hijo Igor Kokorev; cinco años y medio para el abogado que supuestamente colaboró en el blanqueo, Juan José Arencibia y cinco años y un mes para dos hermanas de este –Margarita y María Luisa–. Estos tres últimos deberían afrontar multas de 100, 10 y siete millones de euros, según estima el Ministerio Público.
Ahora, la autoridad judicial dicta el auto de apertura de juicio oral en este procedimiento –el mayor iniciado en España por un delito de blanqueo de capitales en el comercio corrupto del material militar de defensa y doble uso– tras doce años de instrucción que se vio impulsada de forma decidida en los últimos meses de la mano del fiscal Javier Ródenas.
Esta parte cuantificó la cantidad presuntamente blanqueada por los investigados en 109 millones de euros, un dinero logrado gracias a la supuesta contratación clandestina y corrupta con sobrecoste y sobrefacturación de armamento con el Gobierno de Guinea Ecuatorial liderado por el dictador Teodoro Obiang.
El montante
109
millones de euros fue la cantidad presuntamente blanqueada por los Kokorev y Arencibia en esta trama internacional que hacía negocios con el Gobierno de Guinea Ecuatorial, según Anticorrupción.
El fiscal sostiene que los Kokorev y Arencibia cometieron un presunto delito de blanqueo de capitales ya que convertían en legal el montante que obtenían de forma ilícita con la ejecución de contratos corruptos con sobrecoste y sobrefacturación girados a los fondos del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial mediante el comercio ilegal de armamento: helicópteros de combate, blindados, patrulleras, corbetas, fragatas, aviones caza y bombarderos, cohetes Igla y bombas de fragmentación.
Esta trama la ejecutaban presuntamente utilizando las empresas Kalunga Company SA durante el periodo comprendido entre 1999 a 2005, Intracoastal Trading Services SA y SJ Marine Company LTD desde 2005 a 2011 y Volgen Trading de 2009 a 2011.
Unas conclusiones que nacieron de la instrucción policial llevada a cabo por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Judicial, que incautó en los registros practicados a la familia Kokorev, abundante material informático donde se hallaban presuntamente todas las negociaciones clandestinas llevadas por Vladimir y sus testaferros con los generales y mandatarios de Guinea Ecuatorial.
A raíz de esas pesquisas, la autoridad judicial de Dinamarca respondió a una comisión rogatoria internacional impulsada por la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía Anticorrupción y entregó la operativa bancaria de la entidad Nordea Bank, que era donde las empresas Intracoastal Trading Services SA y SJ Marine Company LTD tenían abiertas las cuentas indicadas en los contratos que celebraban con los generales de Guinea Ecuatorial. Las transferencias se realizaban al entramado societario con operativa bancaria en la entidad danesa Nordea Bank y partían de las empresas radicadas en paraísos fiscales SJ Marine Company LTD (Seychelles) e Intracoastal Trading Services SA (Panamá).
El importe transferido por el Tesoro Público de Malabo al clan Kokorev ascendió a una cantidad no inferior de 450 millones, según Anticorrupción. Esta familia rusa acumuló un patrimonio inmobiliario, entre 1999 a 2015, cuyo valor asciende a los 70 millones de euros.
En este caso, el empresario Vladimir Kokorev negó a los medios en un comunicado que ni él, ni su esposa Yulia Maleeva, ni su hijo Igor Kokorev hubiesen sobornado o pagado comisiones a parientes y asesores del presidente de Guinea Ecuatorial para la venta de armas a ese país.
Ahora, la instructora remitirá las actuaciones a la Audiencia Provincial que juzgará el caso.
El fiscal Javier Ródenas.
C7
Se mantienen los embargos y no podrán disponer de sus bienes
En el auto de apertura de juicio oral, la magistrada instructora ratificó los «embargos y prohibiciones de enajenar dictados» impuestos a los investigados a fin de «garantizar las responsabilidades pecuniarias y el decomiso autónomo de los bienes de procedencia delictiva en los que se han transformado procedentes de los presuntos blanqueos de capitales».
De la misma forma, interesó que se mantuviese el embargo y prohibición de disponer de los bienes que figuran a nombre de la entidad Sands Beach Rersort SL, propiedad de los Kokorev, y que figura en el procedimiento en calidad de tercero afectado.
Por último, la autoridad judicial emplaza a los acusados a que presten las siguientes fianzas:321 millones Vladimir Kokorev, 200 Yulia Maleeva e Igor Kokorev cada uno, 135 el abogado grancanario Juan José Arencibia, 15 su hermana Margarita y 10 la otra hermana María Luisa «para asegurar las responsabilidades de tal naturaleza que pudieran serle impuestas», con la advertencia de que si no satisfacen estas cantidades, procederán al embargo de sus bienes.
A pesar de que Anticorrupción determina que Vladimir Kokorev era el presunto cabecilla de esta trama, asistido por su esposa y su hijo, también señala en el organigrama al abogado y asesor financiero Juan Arencibia, que fue contratado por el empresario hispanoruso en 2004 y que creó el presunto entramado de empresas pantalla para así camuflar el rastro del supuesto dinero ilícito conseguido en las de venta de armas. A los cinco años y medio de cárcel que le pide el fiscal Ródenas, hay que sumarle la inhabilitación para ejercer tres años como asesor fiscal y cinco como intermediario del sector financiero y una multa de 100 millones de euros.
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