Secciones
Servicios
Destacamos
Fue una denuncia ciudadana la que permitió eliminar el que hasta ahora es el mayor vertido de escombros detectado en la ciudad. En un descampado de Pedro Hidalgo, al que se accede por una carretera de tierra en cuya cabecera hay plantado un cartel que pide que no se ensucie el barranco, dos individuos de 25 y 27 años depositaron más de 250 sacos de escombros. En total, habían acumulado unas 8,5 toneladas de residuos sobre suelo rústico de protección paisajística.
La identificación de los autores fue el fruto del trabajo continuado de los cuatro agentes de la Unidad de Mediación y Convivencia de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria (UMEC) que se han especializado en vertidos incontrolados.
Los policías conminaron a los autores del vertido a que limpiaran la zona. Así, se librarían de que el servicio municipal de Limpieza les pasara la factura de esta operación. Lo que no van a esquivar es la multa que los agentes le impusieron por tirar escombros. La propuesta de sanción para los dos jóvenes es por una infracción grave, que está sancionada con multas que oscilan entre los 2.000 y los 100.000 euros.
La UMEC, que está formada por 18 policías, está mostrando ya su valía como policía medioambiental. En estos seis meses de vida, los agentes adscritos a este grupo, que se encarga también de mediar en problemas de convivencia vecinal o en la retirada de vehículos abandonados, han propuesto ya para sanción a un total de 82 personas como autores de vertidos incontrolados.
La Policía Local empezó a trabajar de manera tímida como cuerpo medioambiental cuando se articuló la unidad de Participación Ciudadana. Pero era más reactiva que ahora. Los agentes que en estos momentos siguen el rastro de los vertidos incontrolados tienen un grado de relación mayor con los vecinos y unas vías de comunicación inmediatas, lo que les permite ofrecer una respuesta más efectiva frente a la acumulación de trastos en callejones, barrancos y zonas rústicas, principalmente.
La actividad de los agentes se inicia a partir de las denuncias que hacen los ciudadanos o de los puntos que el servicio de Limpieza advierte como lugares en los que se suelen repetir los depósitos de trastos.
Se inicia entonces una vigilancia discreta y se hacen pesquisas hasta dar con los autores de los vertidos incontrolados.
En el caso de las denuncias ciudadanas, la UMEC tiene activos una cuenta de WhatsApp (en el número 650 609 397) y un correo electrónico (medioambiente.policia@laspalmasgc.es) para que los vecinos indiquen los lugares en los que se han generado vertidos y, si es posible, aporten fotos que permitan identificar a los autores de los hechos o localizar, en su caso, matrículas de vehículos.
El oficial de la UMEC, Alejandro Díaz, aseguró que los datos de los denunciantes son siempre tratados de manera anónima y no se incorporan a la instrucción.
La concienciación y colaboración ciudadana resulta esencial para el trabajo de la UMEC. Gracias a ello, se ha conseguido destapar un modus operandi bastante común que consiste en que los gestores de los residuos pagan a una persona para que efectúe el depósito, normalmente en el propio barrio.
Las investigaciones suelen tardar de tres días hasta un mes, como ocurrió con un caso en Lomo Blanco, donde se pudo hallar documentos personales de una empresa, pero lo habitual es que requiera una semana para hallar a los autores de las infracciones. En estos momentos, hay cinco casos bajo investigación, pero el número de denuncias crece cada día.
Lo habitual es encontrarse con escombros de obras, trastos y muebles, pero también es bastante común encontrarse con elementos de amianto en la vía pública. El lunes pasado, un vecino de la calle Anzofé denunció el depósito de planchas de uralita junto a un contenedor y los policías pudieron confirmar que procedían de una obra cercana.
La gravedad de los hechos determina la aplicación de una norma u otra: si se trata de vertidos pequeños, se activa la ordenanza de Limpieza, que fija multas de 350 euros por escombros y 150 euros, por podas o muebles.
En cambio, si la gravedad de los hechos es mayor, se activan las disposiciones de la Ley de Residuos, que fija multas de entre 2.001 y 100.000 euros, para las infracciones graves; y de entre 100.001 euros y tres millones de euros para las muy graves.
El expediente sancionador lo desarrolla el Ayuntamiento si el vertido se produce en suelo urbano; y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, si es en suelo rústico.
El distrito en el que más vertidos se detecta es el de Vegueta-Cono Sur-Tafira, en especial en barrios como Pedro Hidalgo o San José.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.