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El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de la capital grancanaria ha ordenado la suspensión cautelar de la orden del Ayuntamiento que restringía al 50% el servicio del taxi en la ciudad, de forma que las licencias pares trabajen solo los días pares, y las otras, los impares.
El auto accede a la petición de la Asociación pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac) y contra él puede interponerse un recurso de apelación.
El Ayuntamiento determinó en agosto, a través de un decreto de Alcaldía, que cada día solo trabajara la mitad de la flota, al amparo de la situación de alarma sanitaria que provocó el covid-19.
Sin embargo, la jueza considera que esta decisión carece de fundamento. «No se justifica en qué medida, no existiendo ya en el municipio restricciones a la movilidad de los ciudadanos, la limitación acordada es necesaria para proteger la salud pública», detalla el auto.
«No pueden esgrimirse intereses generales de índole sanitario como interés prevalente a proteger, cuando el propio acto impugnado no concreta en qué medida la restricción acordada es necesaria para garantizar la salud pública», se añade.
La jueza justifica esta decisión en que la misma resolución que mantuvo la restricción sobre el servicio del taxi, autorizaba a Guaguas Municipales a aumentar su oferta de servicio en plenas condiciones. «El transporte público colectivo (guaguas) actualmente se encuentra funcionando al cien por cien, suponiendo este último un mayor riesgo de transmisión de la enfermedad», concreta la magistrada María del Carmen Monte Blanco.
El auto también apunta los «graves perjuicios económicos que la restricción acordada supone para el sector del taxi, sin que quepa acoger la argumentación del Ayuntamiento de que dichos perjuicios serían susceptibles de resarcimiento en caso de estimarse el recurso, pues, de ser así, ello supondría una importante merma para las arcas municipales».
El Ayuntamiento había restringido el servicio del taxi desde el inicio de la pandemia. A fines de marzo solo se permitió operar al 20% de la flota cada día; en mayo se posibilitó que un tercio de los taxistas estuvieran operativos por jornada; y a principios de junio se amplió al 50%, que es el que se ha mantenido vigente hasta estos momentos.
El portavoz de Asprotac, Gorky Bethencourt, celebró este viernes el «varapalo judicial dado al Ayuntamiento» y aseguró que se va a reclamar al Consistorio el lucro cesante sufrido por el sector del taxi durante las restricciones. Aunque por el momento no se ha calculado el importe de las reclamaciones, considera que «por lo bajo, podría suponer más de tres millones de euros», sobre la base de unas pérdidas de 2.000 euros por cada licencia municipal.
«La responsabilidad del daño tiene sus nombres: el alcalde, Augusto Hidalgo, como persona que está al frente de la Corporación, y José Eduardo Ramírez, como impulsor de la política de movilidad», añadió.
En su opinión, las restricciones del Ayuntamiento solo responden a la idea de reducir la flota. Y aporta, como prueba, el hecho de que se levantaran las restricciones a la zona azul y verde, a Guaguas y a la Sitycleta, mientras que se mantuvieron al taxi. «El Ayuntamiento nos prohibió trabajar», denunció, «¿cómo es posible que a una actividad económica no le dejen abrir sus puertas solo porque no hay demanda?».
«Hemos pagado impuestos a razón de un mes y solo nos han permitido trabajar quince días».
El portavoz de la Asociación pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac), dijo que la restricción del 50% impuesta al taxi fue «un ordeno y mando» del Ayuntamiento sin justificación. Animó a todos a salir y dijo que las multas que se pongan a partir de ahora se archivarán en razón del auto.
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