El próximo 23 de julio, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará un juicio contra cinco individuos acusados de pertenecer a una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilegal de personas. Los acusados, identificados como Z.K., H.J., Y.B.G., Y.G.G., y M.K., se enfrentan importantes acusaciones formuladas por la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que solicita penas de hasta ocho años de prisión para algunos de ellos, todo ello por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Provincial, los acusados, de nacionalidades españolas y marroquíes, están presuntamente implicados en una red que facilitaba la entrada y permanencia irregular de inmigrantes en España, utilizando Canarias como base de sus presuntas operaciones.
Las investigaciones, llevadas a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, junto con la Brigada de Investigación de Redes Grupo XIII, apuuntaron que esta organización operaba principalmente en la isla de Lanzarote.
La Fiscalía alega que Z.K., natural de Marruecos, actuaba como jefe del grupo, coordinando sus actividades con la ayuda de Y.G.G., que era la encargada de alojar a los migrantes en el domicilio que ambos compartían. M.K. supuestamente se ocupaba de transportar a los migrantes hasta el aeropuerto César Manrique, en Lanzarote, desde donde eran enviados a diferentes destinos de la península entre octubre y noviembre del año 2020, utilizando conexiones de las aerolíneas Vueling y Ryanair.
Por otro lado, H.J., también natural de Marruecos, es acusado de liderar otra facción de la organización, con la colaboración de Y.B.G., de nacionalidad española. Ambos supuestamente facilitaban el alojamiento de los migrantes en su domicilio y organizaban su traslado al mismo aeropuerto. Esta operación habría tenido lugar entre septiembre de 2019 y noviembre de 2020, siguiendo un patrón similar de pagos y traslados.
Entre las actividades descritas por el Ministerio Público, se alega que los acusados Z.K. y Y.G.G. recibían pagos de los familiares de los migrantes, que eran transferidos a sus cuentas a través de la compañía Western Union. Estos abonos habrían sido utilizados para alojar a los migrantes en su residencia hasta que se completaran los trámites necesarios para su traslado a la península. Los acusados, conscientes de que estos migrantes quedarían en situación irregular en España, procedían con los traslados en varias ocasiones durante el período mencionado.
Por su parte, H.J. y Y.B.G. presuntamente llevaban a cabo operaciones similares, alojando a los migrantes en su domicilio y organizando su traslado a la península.
Los familiares de los migrantes también habrían realizado pagos a través de Western Union para cubrir los costos de estos servicios. La acusación indica que estos pagos fueron ingresados en cuentas de los propios acusados.
El Ministerio Fiscal imputa a los acusados dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los delitos incluyen la promoción de la inmigración ilegal y la permanencia irregular de personas en territorio español.
Para Z.K. y H.J., esta parte interesa penas de 8 años de prisión por el primer delito, y un año adicional por el segundo, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono de las costas procesales. En el caso de Y.G.G., Y.B.G. y M.K., se solicitan penas de 5 años de prisión por el primer delito y 9 meses más por el segundo, junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas.
La acusación también ha solicitado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto a K.K. y M.B..
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