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El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido una sentencia a favor de una vecina de la ciudad, condenando a una entidad bancaria a reembolsarle 4.902 euros más intereses tras haber sido víctima de una ciberestafa de tipo 'phishing', según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Tal y como ha detallado el TSJC, la clienta perdió todo su dinero tras seguir instrucciones que, simulando un aviso de seguridad de su banco, la llevaron a realizar una transferencia a la cuenta de los delincuentes.
La estafa se llevó a cabo mediante mensajes SMS que la dirigieron a una web idéntica a la oficial de la entidad bancaria. En esta página, la afectada ingresó sus datos de acceso, y poco después fue contactada por un individuo que se hizo pasar por un empleado del banco. Este supuesto trabajador, con información detallada de las últimas transacciones de la clienta, le indicó que debía transferir sus fondos a una «cuenta segura» para evitar un supuesto riesgo de seguridad.
El banco se opuso a la reclamación, argumentando que la clienta debía asumir la responsabilidad por haber caído en la trampa. Sin embargo, el juez determinó que la entidad financiera tiene una responsabilidad patrimonial por no haber implementado medidas de seguridad adecuadas que previnieran este tipo de estafa.
En la sentencia se señala que el banco debe garantizar que sus servicios de pago en un entorno digital, «cada vez más vulnerable a ataques», cuenten con barreras de seguridad efectivas, y no solo con campañas informativas.
«La clienta no tenía razones para dudar de la legitimidad de los mensajes ni del supuesto empleado, quien incluso tenía acceso a información personal sobre ella y sus movimientos bancarios«, recoge la sentencia. Se indica además que la afectada no actuó de manera imprudente, pues fue víctima de un esquema de engaño sofisticado que aprovechó su confianza en la entidad financiera.
La sentencia, que puede ser apelada ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, ha sido recibida como un importante precedente judicial, según indica el TSJC, ya que podría motivar a otras personas que han sido víctimas de ciberestafas a reclamar a las entidades bancarias la devolución de fondos sustraídos en circunstancias similares.
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